Una legislatura para suavizar las tres crisis españolas: social, institucional y territorial

España entra en una legislatura que basculará entre la esperanza y las tensiones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre una nueva página política sin saber si tendrá tinta suficiente para escribirla entera. El ejecutivo de coalición no goza de la comodidad de la mayoría absoluta y tendrá que negociar las grandes reformas con un Congreso fragmentado, con demandas territoriales y con la ultraderecha como tercera fuerza. Las habilidades del socialista para dialogar permanente con una cámara plural tendrá por delante el reto de suavizar las crisis que han azotado España en la década que se ha cerrado: la territorial, la social y la institucional.

Ironías electorales, el Gobierno tendrá solo 155 escaños de 350, que son los que suman los 120 socialistas y los 35 de Unidas Podemos. Además, es previsible que la oposición sea bronca, ya que el PP tendrá un competidor en su espectro con la ultraderecha de Vox. Aún así, 2020 empieza con una hoja de ruta clara trazada por el acuerdo entre socialistas y morados, titulada Un nuevo acuerdo para España. El 4 y el 5 se convocará el pleno de investidura, cuya segunda votación tendrá lugar el 7 de enero.

La crisis territorial

España enfrenta un nuevo ciclo político intentando dejar atrás un lustro de inestabilidad, que comenzó con la ruptura de la hegemonía bipartidista en 2014 y ha alternado periodos de parálisis política (como el gobierno en funciones de Rajoy de 2016 o el de Sánchez en 2019) con etapas de aceleración, como la moción de censura que desalojó del gobierno al PP en 2018 o el ciclo electoral de 2019. Mientras tanto, las grandes reformas se han quedado en un cajón y España ha asistido al nudo del problema catalán, que ha tenido todo tipo de repercusiones tanto en la comunidad autónoma como en el resto del Estado.En el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se dedica un apartado específico a la "actualización del Estado Autonómico".

En la nueva legislatura, para sacar adelante sus propuestas más ambiciosas, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá que conversar con un crisol de partidos minoritarios con diferentes intereses, desde ERC, con la que tendrá que negociar los Presupuestos Generales del Estado, hasta el PNV, Junts per Catalunya, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria o el Bloque Nacionalista Galego (BNG), por citar algunos. Esto requerirá un alto grado de negociación conjugando intereses de formaciones que en algunas ocasiones se repelen. Puede ser un calvario para el nuevo gobierno o una oportunidad histórica para tejer un proyecto para España. En todo caso, será un reto.

Por el momento, el acuerdo entre PNV y PSOE, publicado el pasado lunes, compromete a los socialistas a impulsar “las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”, con “las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia". Con los 'jetzales' también se ha pactado la negociación y traspaso de competencias en 2020 de su estatuto y traspasar tráfico a la Comunidad Foral de Navarra en seis meses, entre otros puntos.

En los últimos días también ha trascendido algún dato sobre el acuerdo con ERC. Según adelantó el diario ARA, las conclusiones de la mesa de negociación sobre el conflicto catalán tendrán que ser refrendadas por la ciudadanía, aunque aún no se conoce la fórmula exacta. Por el momento, en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos también se comprometen a "impulsar la vía política" para superar la situación actual.

Sánchez también tendrá que negociar con el resto de territorios, con sus propias necesidades. El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos dedicaba un apartado entero a Revertir la despoblación, en el que se incluye el fomento de "una política de infraestructuras mallar y no radial" para mejorar la conexión interterritorial, la "creación de oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales" o el impulso de un Plan Nacional de Desarrollo Rural, entre otras muchas. Sin duda, son medidas de respuesta a esa España vaciada que ha sacado pecho en 2019.

Al menos, el nuevo gobierno tendrá que intentar abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva años postergándose y que algunos territorios, como Comunidad Valenciana, consideran urgente.

La crisis territorial sigue avanzando y ampliando sus manifestaciones políticas. León ha protagonizado la polémica navideña aprobando una moción en el Ayuntamiento en la que reivindican su derecho a la autonomía como Región Leonesa.

Crisis social

Aunque la crisis territorial haya protagonizado la legislatura, lo cierto es que España no ha logrado curar las heridas abierta por la crisis de 2008. El socialista Pedro Sánchez ni siquiera ha sido capaz de aprobar unos presupuestos propios, teniendo que gobernar con los diseñados por el exministro 'popular' Cristóbal Montoro. El nuevo acuerdo de gobierno contiene la reversión de algunas de las medidas más agresivas de la crisis, como la derogación de la reforma laboral de 2012 o la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la llamada "Ley Mordaza".

Mientras, en noviembre el paro registrado subió 20.525 personas, situándose en 3.198.194 desempleados. Tal y como denunció el sindicato CCOO, "el 90% de los contratos firmados en noviembre son temporales". Además de una cifra de paro alta, a la que los españoles ya se han acostumbrado, España sigue afianzando el modelo de temporalidad. El resultado sigue siendo la dificultad de muchos trabajadores de llegar a fin de mes. Uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza. 

En el acuerdo del gobierno de coalición, los firmantes se comprometen a subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional, revisar la contratación o impulsar la lucha contra el fraude laboral, entre otras muchas medidas.

Por tanto, aunque la economía haya crecido un año más, pese a la amenaza de desaceleración, la recuperación económica sigue sin llegar a muchos hogares españoles, en los que se ha cronificado la precariedad y la pobreza. Es uno de los retos que también tendrá que abordar el nuevo gobierno.

Crisis política

La crisis económica, acompañada de otros factores, abrió una grita institucional en la democracia española. El auge de la nueva política fue uno de los síntomas de la desafección política. Ahora, uno de los partidos que venían a impugnar el llamado "Régimen del 78", Podemos, gobernará con uno de sus principales pilares, el PSOE. A pesar de los augurios de la prensa conservadora, el gobierno de coalición confirma la asimilación del sistema por los morados.

La actividad de los políticos españoles está desprestigiada tal y como indica cada sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde los ciudadanos los identifican como como uno de los tres principales problemas del país, solo por detrás del paro.

Las parálisis políticas también afectan a otros pilares del Estado, como el órgano de gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva un año en funciones, después de que PP y PSOE no pudieran llegar a un acuerdo para su renovación.

El ente público de Radio Televisión Española (RTVE) también sufre una paralización del concurso público para elegir al Consejo de Administración y al presidente, un proceso que ha cosechado mucha críticas durante los últimos meses. En el acuerdo de gobierno, PSOE y Unidas Podemos también se comprometen a renovar el Consejo.