Las medidas que demuestran la influencia de Vox en los gobiernos del PP

A fuego lento se ha cocinado la entrada de la extrema derecha en las instituciones españolas y ¿el mejor chef?, el Partido Popular, que lejos de avergonzarse de sus coqueteos y 'affaires' con los de Vox (algo más común en Ciudadanos) les han regalado los oídos a viva voz, pero también la vista con propuestas confeccionadas a medida.

No es un mito que Casado y los suyos hayan sido los principales artífices de normalizar, activar y extender las políticas extremistas de este partido. Es un hecho o, más bien, unos cuantos los que demuestran cómo el Partido Popular ha sido el artífice de introducir a la extrema derecha o sus políticas en gobiernos autonómicos, municipales y ahora parece que en la misma Mesa del Congreso de los Diputados.

“Entonces Vox ¿qué puede ofrecer? Puede ofrecer no haber gestionado nada en su vida, ni una concejalía de pueblo, y probablemente unas ideas bastante radicales que no conducirían a nada bueno, como sugerir que vayan armados en vez de confiar en las excelentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado”, esas fueron las palabras que el líder del PP, Pablo Casado, concedió en abril al partido que él mismo calificaría de “extrema derecha” a finales de ese mismo mes, tras las elecciones del 28-A.

Pero este ataque no fue lo único que concedió Casado al partido de Abascal, ya que también les otorgó concejalías, incorporó sus medidas presupuestarias y sociales en gobiernos autonómicos, e incluso llegó a ofrecerles formar una coalición con el nombre de 'España Suma', a la vez que pasaba por alto aquellas ideas “bastante radicales” que no conducirían a “nada bueno” de un partido de “extrema derecha”.

Las recetas de Vox en Andalucía

Todo empezó en Andalucía. donde los populares firmaron 37 medidas al gusto de Vox para introducir en el Gobierno autonómico, conformado por PP y Ciudadanos oficialmente, pero también en el parlamento por la extrema derecha, la encargada de sujetar la pluma que trazaría los pasos a seguir de este Ejecutivo.

Para lograr el apoyo de los de Abascal, el PP cedió en áreas como economía, educación, “familia”, cultura y memoria histórica. Y, en esta última, con la promesa de derogar la ley de memoria histórica para incorporar la “ley de concordia”. También crearon a petición de la ultraderecha una consejería de familia, y prometieron garantizar la educación segregada por sexos. 

Algunas de ellas simplemente se retocaron, pero Vox también logró que se mencionaran como compromisos de manera expresa, es el caso de la petición de esta formación para que se deportase “a 52.000 inmigrantes ilegales” en Andalucía, que pasó a figurar en el pacto como la promesa de poner “todos los medios” para “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”.

No son las únicas demandas que consiguió introducir el partido ultraderechista, pero muchas de esas 37 ya se veían con buenos ojos desde el PP y C's, por lo que esta formación no tuvo que luchar demasiado para poderlas ver sobre el papel. Ejemplo de ello es la defensa del tauromaquia, de la caza, las rebajas fiscales, o la extensión de la concertada al Bachillerato.

Las 155 medidas en Madrid con guiños verdes

En la Comunidad Madrid, el PP con Isabel Díaz Ayuso al frente, e Ignacio Aguado dirigiendo este Ciudadanos regional, lograron formar Gobierno también gracias a una serie de concesiones a Vox, que se dejaron ver en las 155 medidas pactadas entre los dos equipos.

Para empezar, que el pacto se componga por 155 puntos tampoco fue casualidad, según la propia Ayuso, que explicó en su momento que era “un guiño” a la “unidad de España”, sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

De forma más explícita se ve la mano de Vox en ese acuerdo, en el punto en el que PP y C's se comprometen a evitar “el turismo sanitario”, potenciando los mecanismos de facturación y cobro entre país por los ciudadanos comunitarios y no comunitarios atendidos y también a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado accedan a “la información” que tenga la Administración madrileña “relativa a los extranjeros en situación irregular”.

Asimismo, sobre la medida estrella del 'pin parental' del partido ultraderechista para que los padres controlen los contenidos educativos de sus hijos en función a sus propias convicciones, este documento matiza un poco y se compromete en su punto número 17 a “garantizar la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales”, junto con una propuesta de reforma de la ley LGTBI que, aunque no está contemplada en el papel, sí en las palabras de Ayuso.

En relación a la petición de Vox de suprimir las subvenciones de los apodados “chiringuitos políticos” de “carácter ideológico”, uno de los puntos firmados por Ayuso y Aguado contempla la revisión de esas subvenciones de la Comunidad para favorecer “la eficacia y eficiencia” y la eliminación de organismos que “no respondan a criterios de interés general”.

En cuanto al Consistorio madrileño regentado por José Luis Martínez Almeida, la aprobación de los prepuestos municipales tiene que contar con el apoyo de Vox, y el partido ultraderechista, consciente de que el PP madrileño buscará antes su apoyo que el del PSOE, Más Madrid y Podemos, no ha dudado a la hora de hacer sus peticiones. El Gobierno bipartito habría pactado una bajada de impuestos regresiva con Vox, y también incorporar, por ejemplo y como guiño, la desaparición del 30 por ciento de las subvenciones nominativas, lo que implica un recorte de 15 millones de euros a esta partida, una de las principales exigencias de Vox, con el objetivo de eliminar las ayudas a asociaciones LGTBI, contra la violencia machista o vecinales. A este partido no le ha parecido suficiente y ha pedido que se eliminen concretamente las ayudas a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

También cabe destacar el aumento a las partidas destinadas a la Policía Municipal, que de los 2,93 millones pasan a los 11,66 millones de euros.

Socios municipales

El Partido Popular no solo negocia presupuestos con la ultraderecha, también comparte gobiernos municipales. De hecho, si por el PP fuese, Vox hubiese entrado en la Administración de municipios como Madrid o Zaragoza, lo que se demostró gracias a que el propio partido ultraderechista hizo público en junio un pacto firmado con el PP, que acordaba la entrada de su formación en gobiernos municipales donde sumase la derecha. Un pacto que Vox dio por roto el mismo día que lo hizo público, al entender que el PP había incumplido las condiciones, pese a que los populares insistieron en que lo llegarían a cumplir.

Aún así, sí consiguió entrar en otros consistorios gracias al PP. Es el caso de tres de los principales municipios de la provincia de Almería: El Ejido, Roquetas de Mar y Huércal de Almería, donde el partido de Santiago Abascal comparte la administración con los populares, asumiendo áreas fundamentales de gobierno e incluso primeras tenencias de Alcaldía.

En Huércal de Almería, el cabeza de lista de Vox en este municipio, Arturo Torres Escamill es teniente de alcalde. En el caso de Roquetas el partido tiene dos concejalías, Turismo, Comercio y Playas y Gestión Tributaria, Pymes y Mercadillos.

En cuanto al de El Ejido, el Consistorio está formado por nueve ediles del PP y siete de Vox, una administración que llegó a pedir a la Subdelegación del Gobierno de Almería salir del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén), aunque finalmente, y tras la oleada de críticas, el alcalde popular reculó.

En el municipio madrileño de Pozuelo, los populares han pactado los presupuestos con Vox, no con Ciudadanos, de hecho, la formación naranja ha reprochado este hecho a los de Casado, asegurando que este pacto abocará a la alcaldesa del municipio a “abandonar la moderación” dando prioridad en la agenda municipal a temas “que ya los ciudadanos han dejado en el pasado”.

En el municipio madrileño de Majadahonda, el partido de extrema derecha cuenta con la Concejalía de Familia y Juventud y con la de Nuevas Tecnologías. En las municipales, el PP fue el partido más votado en esta localidad, pero alcanzó un acuerdo con Vox para obtener la mayoría absoluta. Ya creó alguna polémica esta joven coalición, al paralizar una iniciativa para destinar ayudas a la instalación de ascensores o rampas en viviendas antiguas para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad.

También entraron en el gobierno del municipio de Arroyomolinos, donde cuentan con tres ediles llevando las áreas de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Transporte; la de Familia y Política Social; y la de Economía y Hacienda; además, alcanzaron un acuerdo para los próximos cuatro años en el que se recoge que “la mejor manera de prevenir la violencia 'intrafamiliar' es potenciando aquellas políticas necesarias que garanticen la igualdad y el apoyo a todos los miembros de la familia, en la que todas las partes se encuentren representadas, porque la violencia no tiene género y todas las víctimas preocupan”. Un texto que lleva la firma del Partido Popular.

'España Suma' y la Mesa del Congreso con la extrema derecha

La coalición 'España Suma', pensada por los de Casado de cara a las citas electorales que se han celebrado este año, contaba con Ciudadanos, pero también con Vox, puesto que los populares aseguraban que se trataba de un partido “constitucionalista”, por lo que estaban abiertos a que se incorporase. El objetivo del PP era sumar escaños con todas las fuerzas que para ellos formaban el “centro derecha”, pero Vox finalmente rechazó esta propuesta, al igual que Ciudadanos.

Asimismo, también a nivel nacional, Pablo Casado ya desestimó la propuesta del PSOE para hacer un cordón sanitario a Vox con el objetivo de que no entrase en la Mesa del Congreso, como ya se ha hecho en otros países europeos, como en  Alemania con el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Y ha asegurado que “el PP nunca participará de cordones sanitarios frente a partidos constitucionalistas”.

Esta negativa de los populares podría suponer que Vox entrase con uno o dos puestos en la Mesa de la Cámara Baja, un órgano parlamentario de mucha relevancia, ya que organiza el trabajo parlamentario además de activar o bloquear iniciativas.