La España plurinacional y “posmo” pone a prueba el pacto del abrazo entre PSOE y UP

“¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición?”. Esta es la pregunta a la que tendrán que contestar los militantes del PSOE el próximo sábado. Pero no serán los únicos: también tendrá que responder el Congreso el próximo diciembre, cuando se celebre la sesión de investidura del aspirante a presidente. Un gobierno con 155 diputados de 350 debe leer un nuevo escenario, con una Cámara Baja más territorial, "posmoderna" y plagada de veto players. A pesar de que el líder socialista, Pedro Sánchez, pidió en campaña una mayoría amplia para no depender de los independentistas las urnas son tozudas.

Mientras PSOE y Unidas Podemos negocian, esta vez sí, su acuerdo con discreción, el voluble escenario político sigue moviéndose, pero siempre pasando por Catalunya. Los socialistas esperan, al menos, la abstención de ERC, pero la esquerra catalana ya anunció en julio que su apoyo en septiembre sería más difícil. El primer síntoma de encarecimiento ha llegado en forma de consulta. Les preguntarán a sus militantes si deben rechazar la investidura si no hay un acuerdo para “abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación”. La respuesta podría configurar la primera exigencia.

Los canales de comunicación entre PSOE y ERC siguen abiertos y los socialistas siguen muy atentos los pasos de los catalanes. Confían en que el esfuerzo por evitar unas terceras elecciones reme a su favor, después de que ERC se dejase dos escaños en noviembre, y lanzan guiños públicos. La portavoz socialista Adriana Lastra recordó este jueves que UP y el PSOE son los únicos que apuestan por el diálogo, mientras Iglesias ha asegurado que el nuevo gobierno afrontará la “plurinacionalidad”. 

Por tanto, los tres partidos podrían tener un interés común en desescalar la tensión. El PSOE ejerce como partido estatal con una amplia representación territorial, también en zonas como Catalunya o País Vasco, donde el PP sacó dos y un escaños respectivamente en noviembre. ERC es la fuerza independentista que apuesta por ampliar la base social en contraste con Junts per Catalunya, mientras Unidas Podemos siempre se ha mostrado a favor del derecho a decidir. El punto intermedio podría estar en Pedralbes.

Pero los catalanes no serán los únicos con los que tendrá que dialogar la portavoz Adriana Lastra durante estas semanas. Los socialistas tendrán que abordar también las reivindicaciones específicas de Galicia, Canarias, País Vasco, Cantabria o Teruel para seducir a los partidos que les representan.

Un Congreso ‘posmo’

Aunque se anunciaban por los analistas como el preludio de la restauración bipartidista, las elecciones del pasado 10 de noviembre arrojaron un Congreso fragmentado y con la aparición de partidos con intereses territoriales. Teruel Existe, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) o la CUP catalana entraban con representación. En las elecciones de abril lo había hecho el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). “En mi opinión, constata el fracaso del sistema representativo español. Deberían estar representados en el Senado, pero el votante sabe que no funciona como cámara de representación territorial”, explica Ernesto Pascual, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El experto encuentra dos lecturas sobre la “atomización del voto”. La primera, el Congreso como un símbolo más de la “posmodernidad” de la actual sociedad, en la que la población busca comunidades más pequeñas con las que se identifican, y un cambio en el concepto del voto útil. Los apoyos de muchos electores ya no recaen en los partidos con capacidad de gobernar, sino a aquellos que con su voto tienen “posibilidad de influir con un solo representante o dos”.

Es una legislatura de veto players, tal y como la describe el profesor, que cree que los españoles han aprendido los efectos de su voto en un nuevo escenario antes que los políticos. En el nuevo parlamento, los votos de esos partidos con pocos diputados serán importantes y durante la legislatura tendrán también capacidad para modular algunas de las leyes que requieran más apoyos. 

En busca de la gobernabilidad perdida en la “España plurinacional”

Tal y como recuerda Gemma Ubasart, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de Girona, siempre han existido partidos políticos en el Congreso con vocación territorial, desde la Chunta Aragonesista hasta Coalición Canaria. De hecho, formaciones como el PNV o la antigua Convergència i Unió han trazado distintos acuerdos con PP y PSOE. Para la experta, los resultados del 10-N arrojan una conclusión clara, de la que reniegan algunos líderes: “España es un país plurinacional”. 

La negociación con partidos nacionalistas ha sido una constante en parlamentos sin mayorías absolutas, pero ahora escandaliza a oposición y buena parte de la prensa, que augura el desastre de ese gobierno en formación. ¿Qué ha ocurrido? La deriva del Procés es el primer factor evidente, pero la profesora ve también una consecuencia poselectoral: “Hasta 2011 tanto derecha como izquierda pactaban. Ahora, Vox cambia el escenario. Al situarse en el bloque de la derecha imposibilita la capacidad de coalición con otras fuerzas. El bloque de izquierda, PSOE y Podemos pueden transitar por la negociación y el pacto”.  

Tras la aparición y declive del recentralista Ciudadanos y el empuje de Vox en las elecciones de noviembre, el PP encabeza un bloque con partidos que repelen al nacionalismo con el que han pactado los populares en otras etapas. Por tanto, el único encaje posible se establece en el bloque progresista: “De alguna manera, en España la izquierda está ligada a la pluralidad y la plurinacionalidad. Es distinta de la historia política de otros países como Francia”, explica la profesora. 

En cualquier caso, Ernesto Pascual contradice los peores augurios: "La pluralidad no trae necesariamente inestabilidad. [Los partidos implicados] suelen trabajar para mantener las coaliciones y no ser los culpables del fracaso del gobierno".