Cristina Narbona: “Los indecisos pueden hacer que las encuestas no se parezcan a la realidad de las urnas”

Cristina Narbona (Madrid, 1951) ostenta hoy la presidencia del PSOE. Ha sido diputada durante cuatro legislaturas, ministra de Medio Ambiente con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y embajadora de España ante la OCDE, entre otros cargos. En las elecciones del próximo 10 de noviembre, es la número uno de la lista por Madrid al Senado.

Narbona, que logró que algunas organizaciones ecologistas la echasen de menos tras su salida del ministerio de Medio Ambiente, conoce bien el programa con el que el PSOE espera seducir a los indecisos el próximo domingo. En ella recayó la responsabilidad de coordinarlo. En el trayecto que va desde Cáceres a Palencia, la veterana política reserva un hueco para hablar con cuartopoder sobre lo más inmediato, pero también sobre cuestiones de futuro, como la necesaria transición energética. En las entrevistas de campaña, a veces lo urgente eclipsa a lo importante.

-Empecemos por lo más inmediato: el debate del pasado lunes. Con las encuestas en la mano y viendo los desacuerdos y la distancia entre los líderes, parece que el bloqueo fue el que ganó el debate, ¿cómo lo vio usted?

-Creo que Pedro Sánchez hizo una buena intervención. Planteó muchas de las medidas que habían sido aprobadas por su gobierno y que es bueno que se conozcan porque afectan positivamente a la vida de las personas, pero sobre todo, también planteó propuestas concretas de cara al futuro.

Me pareció una buena intervención, sabemos que hay muchos indecisos, millones, que pueden hacer que todas las encuestas que hemos visto hasta ahora no se parezcan a la realidad cuando se abran las urnas. Estos días se trata, sobre todo, de intentar convencer con argumentos a las personas que no tienen decidido su voto.

-¿Cómo van a hacerlo? ¿qué quieren escuchar estos indecisos para decantar su voto?

-Creo que hay indecisión, en primer lugar, en el ámbito de la izquierda por la dificultad e imposibilidad que hemos tenido de formar un gobierno con el apoyo de Unidas Podemos, que era desde el primer momento nuestro deseo, después de haber tenido diez meses de colaboración estrecha y de coincidencia amplia en muchísimas políticas. Nuestra primera opción,que yo personalmente sigo creyendo que era la mejor, era un modelo a la portuguesa o a la danesa, con el partido socialista gobernando y el apoyo desde el parlamento con UP en base a un programa con puntos en común. A mí me sorprendió en su momento que hubiera una valoración tan negativa por parte de UP de esa posibilidad. Nadie en la izquierda (portuguesa) se ha sentido humillado y desconsiderado como planteaba Iglesias respecto a esa posibilidad.  

"Me sorprendió el desprecio hacia las áreas de gobierno que se ofrecían a UP"

También es verdad que se llegó a ofrecer una participación de UP en el Gobierno y tengo que decir que me sorprendió que se hiciera una lectura de minusvaloración y desprecio hacia las áreas de gobierno que se ofrecían. Ahí se puso de manifiesto un cierto desconocimiento de cómo funciona un gobierno y de cómo se toman las decisiones de una forma coordinada entre ministerios. 

También hay una discrepancia de fondo que sigue existiendo, que es hasta dónde cabe un acercamiento a los partidos independentistas cuando defienden un supuesto derecho a la autodeterminación que no existe ni en nuestra Constitución ni en ninguna de los países occidentales. Sin embargo, Podemos tiene dentro defensores que tienen la interpretación de que Oriol Junqueras es un preso político. Hay discrepancias muy importantes, sobre todo, teniendo el cuenta el tiempo en el que nos toca vivir, donde hemos visto una radicalización de violencia en Catalunya que complica mucho la relación con las instituciones de la Generalitat. 

-Hablando de los partidos independentistas, en el debate se le preguntó a Sánchez si pactaría con los independentistas catalanes tras el 10N y el presidente del Gobierno eludió responder, ¿esto significa que hay una posibilidad abierta tras la noche electoral a pactos con estas fuerzas?¿se puede retomar el diálogo normal o es una posibilidad alejada?

-El diálogo hay que retomarlo en condiciones de respeto a la legalidad, que es lo que se ha venido planteando desde el principio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con los partidos independentistas y con la Generalitat de Catalunya. 

Tampoco puede obviarse que el presidente de la Generalitat incluso llegó a alentar reacciones más viscerales por parte de los CDR y que ha tardado mucho en hacer algo parecido a un rechazo de la violencia, cuestionando incluso más las actuaciones de las fuerzas de seguridad que la de los manifestantes más radicales. El momento actual es muy complicado por la posición del president Torra, que tiene la obligación de garantizar la convivencia entre todos los catalanes.Lo que se le pide desde el Gobierno y desde el PSOE es que esté dispuesto a dialogar con quienes representan a la otra mitad de Catalunya, los partidos que no son independentistas. Creo que es una condición que todo el mundo puede entender. Cuando el president Torra habla de Catalunya, en realidad habla solo de una parte, muy importante, pero que es la mitad. 

Son condicionantes que no deben impedir que haya diálogo. Creo que hay que buscar una solución de carácter político dentro del marco constitucional y el respeto a las leyes. Una cosa es la cuestión de orden público y otra cosa que haya dos millones de personas en Catalunya que no quieren seguir formando parte de España. Eso es un problema político. Tenemos la obligación de ofrecer un proyecto de país que pueda resultar atractivo también para esos dos millones de independentistas que quieren dejar España.

-Una de las propuestas que lanzó Sánchez en el debate es tipificar como delito los referéndums ilegales. Es cierto que se realizó uno en 2017, pero ha habido un juicio y sus responsables han sido castigados con penas de cárcel, ¿qué sentido tiene entonces introducirlo en el Código Penal?

- Es un planteamiento que responde mucho al contexto actual, en el que escuchamos decir al president Torra “lo volveremos a hacer”. Ha sido un mensaje muy insistente después de la sentencia del Procés. Por eso, ante una insistencia tan notable respecto de la utilización de un referéndum ilegal también cabe hacer esa modificación legal para que quede lo suficientemente claro que no deben de ir por esa vía. 

-Se prevén movilizaciones el fin de semana, en plena jornada de reflexión, ¿el PSOE teme que afecte de alguna manera a la jornada electoral?, ¿teme que haya gente que no vaya a votar?

-El presidente  y yo misma reiteramos la exigencia al president de la Generalitat como máximo responsable de Catalunya de mantener la seguridad y la convivencia y que llame a la contención en cuanto a las manifestaciones. Si son pacíficas, forman parte del sistema democrático. Lo que no puede ser es que haya manifestaciones que impidan, por ejemplo, el derecho al voto y esto va a requerir, por desgracia, que haya muchos efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defiendan el derecho de los catalanes a ir a votar ese día. Así que, una vez más, urgimos a las autoridades de la Generalitat a que favorezcan la participación. Además, creo que en el caso de Catalunya también es una participación para los partidos independentistas, que parece que son los únicos que le importan al señor Torra. 

Que todo el mundo se exprese y deje constancia de cuál es su preferencia en estas elecciones, que son de carácter general y significan escaños en el Congreso y Senado para todos los partidos que se presentan en Catalunya. 

-Antes me hablaba de los indecisos que decidirán su voto esta semana. Muchos, según nos dice el CIS, votaron a Ciudadanos en las anteriores elecciones. El lunes el presidente del Gobierno anunció que daría la vicepresidenta económica a la ministra Nadia Calviño, ¿es un guiño que le puede gustar a estos indecisos?

-Creo que es el reconocimiento del presidente en funciones de la capacidad que la ministra de Economía ha tenido en cuanto a relacionarse con la Comisión Europea desde un Gobierno que quiere sanear las cuentas públicas pero no a cuenta de recortes sociales, como fue en la etapa del gobierno del PP. Calviño, en los distintos documentos que ha mandado a Bruselas, ha mantenido el compromiso de reducción del déficit y de la deuda pública, pero con incrementos en políticas que para los socialistas son vitales, como todas las medidas que ha adoptado el Gobierno de Sánchez, desde la subida del SMI a la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años o las recuperación de las cotizaciones para las personas que cuidan de dependientes. Todo esto, naturalmente, no cae del cielo. Somos conscientes de que para que haya más justicia social es imprescindible que haya justicia fiscal. Para llevar a cabo modificaciones en el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones que hoy en día apenas tributan con mecanismos que pueden ser legales, creo que es importante tener a una persona respetada en las instituciones europeas como es Nadia Calviño. 

-Ahora vayamos al programa electoral. Este último recoge la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Es una promesa que ha aparecido en otros programas del PSOE, como el que de Rubalcaba, pero que no se ha llegado a realizar, ¿por qué nunca se ha hecho?

He trabajado en muchos programas electorales y los he coordinado. Es un tema que ha aparecido y desaparecido. No estaba en el programa que presentamos en el 28 abril, que tenía más de 300 páginas. [Para noviembre], se me pidió una especie de extracto más condensado que tuviera también en cuenta las reuniones que el presidente había tenido en verano con colectivos muy distintos y de ahí ha salido una nueva versión, donde efectivamente, aparece de nuevo algo que llegó a estar en el programa de Rubalcaba. 

“La dificultad de separar religión y Estado se ha manifestado en la exhumación de Franco”

Creo que el que ahora insistamos en la necesidad de un Estado laico también es el resultado de la evidencia de la dificultad de nuestro país de separar la religión del Estado que se ha puesto de manifiesto con la exhumación de los restos del dictador. Aquello de darle al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios es un poco complicado con la Iglesia católica en nuestro país. Hay un avance dentro de nuestro partido muy evidente de las plataformas y los movimientos laicos.

Finalmente, ha reaparecido, y francamente, confío en que, esta vez sí, la denuncia del concordato se lleve a cabo. Esto va vinculado a otras medidas, como hacer un inventario de los bienes inmatriculados de manera ilegal o alegal por parte de la Iglesia y de revisar la fiscalidad, como el hecho de que no se pague el Impuesto de Bienes e Inmuebles en el caso de edificios de la Iglesia católica, que incluso están inmatriculados de manera legal, pero que no se dedican al culto. Si un edificio no está dedicado a un culto o a una actividad sin ánimo de lucro, debe pagar su correspondiente IBI. 

En el programa también se identifica que apostamos por una educación pública que sea laica. Tenemos que ir generando estructuras públicas donde se respeten todas las religiones pero donde la Iglesia católica no tenga los privilegios que ha tenido hasta ahora. 

-En el programa también se habla de un 74% de electricidad renovable para 2030, un objetivo que a los ecologistas siempre les parece poco, ¿pero es posible conseguirlo en estos diez años?¿cómo se haría?

-Para llegar a ese porcentaje lo fundamental es que reformemos la regulación del mercado eléctrico y el sistema de subastas de manera que se garantice la penetración de las energías renovables, que ha empezado a aumentar después de que se derogó ese insólito impuesto al sol que existía solo en nuestro país. También el gobierno ha trazado una hoja de ruta que invita a los inversores nacionales e internacionales a apostar por el aumento en las energías renovables. 

Eso requiere que haya una modificación en la regulación del mercado eléctrico que permita que la reducción que se está dando ya en el coste de producción de energía renovable, en concreto de la energía fotovoltaica, se traduzca en una reducción de precio a los usuarios de esa electricidad. Eso ahora mismo no es posible por el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico, que responde a un sistema regulatorio construido en los años donde prácticamente no existía nada más que energías fósiles. A medida que el coste se va reduciendo tiene que traducirse en una energía más barata. 

En sectores como la automoción para que se pueda llegar a lo que dice el programa, a partir de 2040 no debe haber ningún vehículo nuevo que emita CO2. Para eso somos conscientes de que hay que apoyar y mucho la innovación, de manera que las empresas ubicadas en España puedan competir con empresas en otros países, como China, donde nos llevan bastante delantera en la producción de vehículos eléctricos. Es uno de los sectores en los que el Gobierno de España tiene que apoyar decididamente la innovación tecnológica para que haya fábricas de baterías en España, que sostengan ese número de trabajadores. 

-Llevan ya más de un año en el gobierno, ¿se han encontrado resistencias con las grandes empresas eléctricas?

-Han empezado a comprender que el futuro es sí o sí renovable. De hecho, a pesar de las resistencias iniciales, si uno ve ahora cuáles son los planes de las grandes empresas es evidente que hay un incremento bastante considerable de su inversión de energía renovables. El futuro se acerca y las energías renovables van a ser cada vez más baratas. Si están en ese segmento de mercado van a poder tener también su propio nicho de negocio. Eso es positivo, otra cosa es que exista más resistencia a abandonar la producción de energía nuclear, cosa que está en los planes del gobierno, y a ir abandonando las centrales térmicas. Las propias empresas ya son conscientes de que mantener este tipo de centrales les obligaría a una inversión altísima para cumplir con los estándar de seguridad que exige la Unión Europea.