IU denuncia a Gallardón por presunta malversación en la gestión de la M30
Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y otras trece personas a los que acusa de presunta "malversación de caudales públicos" en la gestión de Madrid Calle 30, en su época de regidor de la capital.
Las diputadas de la Asamblea de Madrid Sol Sánchez y Vanessa Lillo, así como el Responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida y exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, han presentado en rueda de prensa la denuncia interpuesta a Alberto Ruiz Gallardón y 13 personas más por las obras de Madrid Calle 30. Consta, además de 76 páginas del escrito registrado, de casi 18.000 páginas en 19 anexos, en las que se detallan las gravísimas irregularidades que deben ser investigadas por Fiscalía Anticorrupción por los graves indicios de delito. En el texto, presentado en Anticorrupción el pasado 11 de julio, los denunciantes aseguran que no se realizó un estudio de la viabilidad económica de la explotación del servicio.
"No consta que se hayan examinado las alternativas de gestión ni se hace referencia a los estudios técnicos, jurídicos y económicos específicos realizados", incide el texto. Además, explica que en 2004 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó que se modificase la gestión del servicio, que había nacido ese mismo año, de directa a indirecta y en 2005 se adjudicó a la empresa Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A. (EMESA) hasta 2040.
Izquierda Unida entiende que la elección de este modelo ha sido "dañino para las arcas públicas" del Ayuntamiento de Madrid y han cifrado este perjuicio en más de 2.012 millones de euros.
Asímismo, en el texto apuntan que se han "abonado profusamente" partidas sin justificar y se ha eliminado partidas alcanzadas. "El importe facturado a partidas alcanzadas por la ejecución de las obras asciende al menos a 79 millones de euros. De ellos, en torno a 52 millones de euros correspondían a partidas alzadas", prosigue el texto, que añade que "no se ha encontrado justificación alguna" de este alzamiento. Sánchez Mato lo ha definido como uno de los "casos de corrupción más grandes".
