Documentos falsos y tumbas vacías: la trama de los bebés robados más allá de Inés Madrigal

Inés Madrigal, la primera mujer que consiguió llevar su caso de bebés robados a juicio, fue dada en adopción voluntariamente por su madre, según ella misma comunicó hace unos días. Gracias a un laboratorio americano había encontrado a su familia: cuatro hermanos biológicos con sus respectivos hijos. Sus hermanos le contaron que su madre, ya fallecida, se había quedado embarazada estando soltera y decidió darla en adopción.

El hecho de que Inés Madrigal, según el testimonio familiar, no haya sido “robada” ha provocado una serie de artículos periodísticos y reacciones en las redes sociales que ponen en duda la trama de los bebés robados. Sin embargo, existen cientos de testimonios a lo largo y ancho del Estado que describen un mismo modus operandi en maternidades públicas y privadas. Las madres han repetido la misma historia en puntos alejados de la geografía española: se les comunicaba la muerte repentina del bebé, que aparentaba buena salud y después se realizaba un súbito entierro. En otros casos, las madres recibían todo tipo de presiones o coacciones por religiosas para entregar al bebé en centros donde se ocultaba a las solteras embarazadas que carecían de apoyo familiar.

Según el último informe del Ministerio de Justicia, desde 2011 hasta julio de 2018 se iniciaron 2.104 diligencias de investigación, aunque solo se han judicializado 522. El resto se archivaron por falta de pruebas, muerte de los implicados o prescripción de los delitos. La mayoría de los casos registrados suceden en la Comunidad de Madrid (343), también en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Catalunya, País Vasco, Galicia y Aragón.

El caso de Madrigal llevó ante la la Audiencia Provincial de Madrid al doctor Eduardo Vela, quien falseó la documentación de su adopción. Para este doctor, director de la clínica madrileña San Ramón, trabajó como asistente social la monja sor María Gómez Valbuena, quien falleció en 2013 días después de declarar ante el juez por la detención ilegal y falsedad documental por el presunto robo de unas gemelas. La Audiencia Provincial de Madrid consideró a Vela culpable de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental, aunque le absolvió por la prescripción del delito en 1969. La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión.

Después de que Madrigal haya comunicado sus averiguaciones sobre su familia, la Fiscalía Provincial de Madrid ha excluido como hecho probado el robo del bebé y con ello “el delito de detención ilegal”, aunque mantiene la suposición de parto y la falsedad documental que pesan sobre el médico. “El doctor Vela no la entregó en adopción, firmó un parte de alumbramiento en el que decía que la madre no era quien la había entregado sino la madre falsa biológica, Inés Pérez (mujer estéril)”, explica el abogado Enrique Vila a cuartopoder.es. “La Fiscalía habla de 'adopción ilegal', pero no ha habido adopción ni regular, ni ilegal, ni delictiva porque simplemente no se siguieron los trámites necesarios”, añade.

En opinión de este abogado especializado en sustracción de menores, aunque el caso de Inés Madrigal fuera una adopción voluntaria, “se ninguneó” tanto el derecho de la madre, que no figura como biológica, como el de la afectada, quien no ha podido hasta ahora averiguar su verdadera identidad. “El hecho de coger a una niña y ocultarla de la autoridad se tendrá que tipificar. El Supremo tendrá que valorar también que este caso no es un caso de bebés robados, pero estos delitos no prescriben según la normativa internacional de Derechos Humanos”, argumenta Sol Luque, la presidenta de Todos los Niños Robados Son También Mis Niños.

La falsedad documental, delito por que Vela es declarado culpable, es una de las claves. ¿Para qué falsear documentación hasta suprimir a la madre biológica cuando había cauces legales para realizar adopciones? Miles de personas en todo el país han encontrado errores administrativos en sus partidas de nacimiento, en el registro, desde el periodo de la dictadura hasta los años 90.

María José Esteso, periodista que destapó decenas de casos de bebés robados en el periódico Diagonal, recuerda uno especialmente significativo. Purificación Betegón tuvo unas gemelas que desaparecieron en la maternidad de Santa Cristina (Madrid) la noche del 23F en 1981. En uno de los documentos de entrada a la maternidad, constaba la anotación “madre soltera” rodeada con un círculo. Y donde debería aparecer el nombre de la madre y el padre se había escrito “sor María”, recuerda Esteso.

Los casos tienen un precedente histórico. Durante la Guerra Civil el jefe de psiquiatría del Ejército, Antonio Vallejo-Nágera ideó la práctica separación de los bebés de las presas republicanas, portadoras de lo que llamó “gen rojo”, para liberar a la sociedad de “la terrible plaga” del marxismo. Esto que ya documentaron historiadores como Ricard Vinyes y Tomasa Cuevas fue corroborado por el juez Baltasar Garzón en 2008, quien definió como víctimas del franquismo a los más de 30.000 niños que fueron tutelados por el régimen franquista entre 1944 y 1954. La trama, que había tenido su origen en la represión política del enemigo, se convirtió con los años en un lucrativo negocio, según los testimonios de los afectados.

Las tumbas vacías

Quienes niegan la existencia de la trama de bebés robados señalan como clave un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) en 2017 publicado en El País. Se examinaron 120 sepulturas que habían ordenado abrir los jueces porque había indicios de sustracción. En 117 de los 120 enterramientos exhumados se recuperaron restos óseos y en 81 de estos casos (el 90%) los científicos pudieron identificar a los bebés como hijos de los padres que los buscaban. Esto llevó a expertos con prestigio como el forense Francisco Etxebarria a afirmar que había habido “una psicosis colectiva” y que “los neonatólogos en este país habían salvado vidas, no robado bebés”.

El informe y las declaraciones del experto cayeron como una losa sobre las decenas de asociaciones de víctimas de bebés robados en todo el Estado. Entre otras cosas, las víctimas critican que la investigación no ha tenido en cuenta las sepulturas donde no han hallado restos y tampoco aquellos restos cuyo ADN no es coincidente, un 10% según dicha investigación.

Por otro lado, existen varios ejemplos de exhumaciones donde no se han encontrado los restos de los bebés, y precisamente por este motivo, el caso ha sido archivado. Es el caso de Laura Perales, una madre alicantina que buscaba a un bebé nacido el 20 de noviembre de 1980 en el Hospital General de Alicante, y cuya causa se archivó después de que no se encontraran restos coincidentes en una exhumación realizada en 2012.

En el mismo cementerio municipal se produjo meses antes otra exhumación, la primera de este tipo en la Comunidad Valenciana, en búsqueda de la hermana de María José Picó, quien ha mostrado a cuartopoder.es la documentación sobre el caso. Su hermana melliza, que fue dada por muerta 30 horas después de nacer en el Hospital de Alicante, fue enterrada en una fosa común en el año 1962. María José cuenta a este diario las irregularidades administrativas con las que se topó. No había constancia en el centro de que su madre, Francisca Robles, hubiera dado a luz allí y en el registro no constaba el nacimiento de su hermana.

Su padre siempre tuvo sospechas sobre la muerte de la melliza porque nunca vio a la niña “ni viva ni muerta”. Le entregaron una cajita sellada para enterrarla de manera “urgente” en el cementerio de Alicante, aunque la familia era de la localidad Elche. En la exhumación, donde el padre pudo corroborar la ubicación del enterramiento, se encontró la esquina de una caja. Más abajo aparecieron unos restos de bebé. “Al cabo de 11 meses llegó el resultado del ADN y los restos no correspondían”, explica María José. Se realizó una segunda exhumación en un terreno contiguo, pero tampoco hubo resultados. “Se había demostrado que mi hermana no estaba allí”, narra María José. Sin embargo,la causa se archivó porque, según el escrito del juez, no se había podido acreditar la existencia de indicios de la comisión de infracción penal" y, por tanto, no se podía continuar "en la búsqueda de verdad material”.

Hay otros casos similares en otros puntos de la geografía. En Cádiz se han abierto unas 40 sepulturas de bebés que, se sospecha, fueron robados entre los años 70 y 80. Las exhumaciones se vienen haciendo en el Cementerio de San José desde el año 2017 gracias a una orden extrajudicial del Ayuntamiento. “Hemos encontrado cuatro sepulturas donde la caja estaba vacía”, indica a este medio Chari Herrera, de SOS Bebés Robados Cádiz. En su caso aparecieron los restos de un bebé que podría ser su hermana, nacida en 1975. Tanto ella como las demás familias gaditanas esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar el parentesco con los restos humanos que han sido hallados en las exhumaciones. Las conclusiones serán reveladoras para el enigma de los bebés robados.

Los reencuentros

También se han producido varios reencuentros entre familias afectadas por los casos de bebés robados. Por ejemplo, el de María Luisa Torres, quien llevaba décadas denunciando que una monja de la maternidad de Santa Cristina de Madrid la había engañado para quitarle a su hija y cuyo caso había sido archivado. 29 años después, esta madre pudo encontrar a su hija Pilar debido a que el padre adoptivo decidió ayudarla a buscar a su madre biológica. “Fuimos a Madrid, A Coruña, Lugo, a Zaragoza... No había niños. Hasta que contactamos con sor María. Ella nos comentó que era muy difícil. Pero una semana después nos llamó porque había una chiquita que quería dejar a su hija en adopción”, narró para El País.

Hay otros casos conocidos como el de Benedicta García, que mediante detectives privados logró encontrar a su hija 46 años después. Madre soltera y sin apoyo familiar, dejó a su bebé al cuidado de las monjas de la casa cuna de Bilbao mientras trabajaba, con la promesa de que podría volver a verla, pero un día le dijeron que se la habían entregado a otra familia. En total, las asociaciones de bebés robados han recopilado una veintena de encuentros de víctimas, según puede consultarse en esta web.

Las víctimas continúan pidiendo al Estado que se tome medidas que favorezcan la investigación y amparen a las familias, quienes se ven obligadas a realizar las búsquedas por otros cauces distintos a los de la Justicia. “El caso de Inés no es un caso de bebés robados. Ella ha encontrado a su familia y esa es una de las posibilidades. Lo que pedimos es que se siga indagando con el resto de miles de denuncias que no se han investigado. Esa es la mejor manera de averiguar si esos bebés murieron o no”, apunta Luque.