La debilidad parlamentaria del Gobierno agota la paciencia de sindicatos, movimientos sociales y socios

No ha sido un buen comienzo de semana para el PSOE. Mientras en Andalucía desalojaban San Telmo tras la toma posesión del nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, en Madrid el Congreso tumbaba el real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, uno de los ocho que se votaban este martes. Pese a que Moncloa presume de haber aprobado el resto de propuestas, este primer traspié pone en evidencia el frágil equilibrio sobre el que caminan los socialistas. Sus socios les han dado el primer aviso: no tienen su 'sí' asegurado.

Tras casi siete meses en Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sufrió de esta manera su primera derrota en la cámara baja. Con una artimética adversa, solo tienen 84 diputados de 350, lleva meses poniendo en marcha a golpe de decreto ley algunas de sus medidas estrella, como la Subida del Salario Mínimo Interprofesional o la exhumación de Franco, aunque esta figura está pensada para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Aún así, Moncloa saca pecho y presume de que de los 25 decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros durante 2018, el Congreso ha convalidado 24.

Aunque el rechazo del Congreso suele ser excepcional- los grupos tienen que defender por qué se oponen una vez la medida está en marcha-, en marzo de 2017 Rajoy también sufrió un varapalo similar con el polémico decreto de la estiba que finalmente fue aprobado en una segunda vuelta. La Constitución, en su artículo 86, obliga al Ejecutivo a debatir estas iniciativas en las cortes en los treinta días siguientes de su promulgación y, por tanto, a tener que negociar con el resto de grupos, una habilidad que el Gobierno tiene que exhibir continuamente. De hecho, el trámite posterior como proyectos permite que los grupos introduzcan enmiendas.

La minoría del PSOE en las cámaras hace que los ministros siempre tengan que afinar mucho sus propuestas en las negociaciones. Por un lado, Ciudadanos y PP tienen cinco asientos de los nueve que componen la Mesa del Congreso, el órgano de Gobierno de esta cámara que puede, por ejemplo, admitir iniciativas. Por tanto, en muchas ocasiones ha supuesto la primera barrera para el PSOE.

El Senado es el gran bastión del PP y, por tanto, ya ha tumbado algunas de las propuestas clave de Sánchez como el techo de gasto presentado por la ministra María Jesús Montero el pasado diciembre, como paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Encaje de bolillos con sus socios

En este caso, una parte de los socios de la moción de censura han votado en contra. En el caso de Unidos Podemos por no incluir la regulación del precio del alquiler, mientras Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha vuelto a quejar de la falta de negociación que el Gobierno exhibe con su formación. Como reacción, el Ejecutivo ha insistido en su propósito de crear una Ley Estatal de la Vivienda, "de marcado carácter social", que incluya "la creación de una estadística oficial de alquiler más transparente", "instrumentos legales que eviten que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales" o "la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas".

La propia debilidad parlamentaria del Gobierno hace que para sacar adelante sus medidas tenga que conjugar intereses tan distintos como los del PDeCat o el PNV con los de Unidos Podemos o ERC. Esto le ha obligado a renunciar a reformas más ambiciosas como la derogación de las reformas laborales. Tras este varapalo, el Gobierno negociará ahora los Presupuestos Generales del Estado 2019, acordados con Unidos Podemos, con el resto de grupos.

Más de una vez el resto de fuerzas le han tenido que recordar al presidente su exigua mayoría y la necesidad del resto de partidos. De hecho, el rechazo al decreto de vivienda también tiene una lectura política secundaria: es un error dar por supuesto el apoyo de Unidos Podemos y ERC incluso en las medidas más sociales. 

Los sindicatos preparan movilizaciones

Esa complicada aritmética contamina también la relación con otros agentes sociales, como los sindicatos mayoritarios. Así lo expresa CCOO, que es "consciente del cambio de paradigma", pero le pide una actitud más solvente al Gobierno y que se responsabilice de los textos cerrados que salen de las mesas del diálogo social tripartitas con la CEOE. En un encuentro con periodistas, el secretario general, Unai Sordo, se quejó de que en materia de trabajo, el Gobierno está desarrollando "dos negociaciones paralelas que pueden tener resultado distinto”, en referencia a las modificaciones que puedan introducirse en los acuerdos después del diálogo con el PDeCat, más conservador en materia laboral.

Al sindicato le preocupa que el Gobierno haga anuncios que después se descafeínan en el Congreso o ni siquiera llegan a materializarse. Como ejemplo, la modificación del artículo 42 del Estatuto de Trabajadores para igualar las condiciones de los trabajadores de las empresas subcontratadas a los de la empresa contratadora y que beneficiaría, por ejemplo, a las camareras de piso (Las Kellys). Otro ejemplo sería la reforma de las pensiones. El sindicato quiere que se vincule por ley al IPC, ya que ahora la subida es puntual y no obliga para el futuro. Por tanto, le ha pedido a Sánchez que pase de "la foto a los reales decretos ley".

Aunque el cambio de Gobierno supuso una esperanza para estas organizaciones, el escaso margen legislativo del Gobierno ha hecho que CCOO le apremie a la acción. De hecho, los sindicatos comenzarán durante estas semanas a organizar una serie de movilizaciones, que tendrán el 8 de febrero como uno de los días clave en las calles para exigir que se aceleren los cambios en materia laboral.

Los movimientos sociales no claudican

Cuando Rajoy salió de Moncloa tras casi dos legislaturas del PP, algunos movimientos sociales se mantuvieron expectantes hasta conocer si el PSOE mantendría las promesas que hacía en la oposición. Durante estos meses, los ministros sí han querido marcar la diferencia en materia de pensiones, vivienda o migración, pero las medidas no acaban de contentar a algunos colectivos.

Un ejemplo es el decreto sobre vivienda que tumbó este martes el Congreso y que tampoco contaba con la confianza de movimientos en favor de la vivienda digna como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Inquilinos, que fueron incluso a protestar a las sedes de los socialistas en ciudades como Madrid o Barcelona el lunes. Esta primera organización se mostraba decepcionada con algunas lagunas que, a su juicio, dejaba esta propuesta, como la falta de medidas para "forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas" o no permitir a los ayuntamientos "intervenir en las denominadas zonas tensionadas".

Los pensionistas tampoco se quedan en casa. "Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden" ha sido uno de los lemas de las marchas de los pensionistas durante el último año. Lo cantaban cuando gobernaba Rajoy y lo repiten cuando se movilizan contra Sánchez. Este mismo martes, el Ejecutivo también ha tenido que negociar con Unidos Podemos hasta el último momento el decreto en materia de pensiones, una propuesta que finalmente sí ha sido aprobada. Sin embargo, para los jubilados no es suficiente. El próximo 2 de febrero han convocado, de nuevo, manifestaciones en toda España.

‼️ El próximo 2 de Febrero, volvemos a las calles reivindicar ⬇️#GobierneQuienGobierne pic.twitter.com/PchTs1KHug

— Coordinadora Estatal Pensiones COESPE (@pensionazo_no) 21 de enero de 2019

Si uno de los primeros pasos del Gobierno de Sánchez fue autorizar en julio el desembarco del Aquarius en Barcelona, en estos momentos el buque Open Arms y el pesquero Aita Mari permanecen bloqueados sin poder zarpar a la espera de una autorización del Gobierno para poder rescatar a náufragos en el Mediterráneo.

Aunque algunas asociaciones llevan años pidiendo el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el Ministerio del Interior ha anunciado un plan de mejora de los centros d  Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, así como del centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa. Además,comenzará la construcción de un nuevo centro en Algeciras (Cádiz) con 500 plazas. En líneas generales, Sánchez ha tenido una política continuista que no ha supuesto, ni mucho menos, un revulsivo.