El Supremo impone 12.000 euros a IU y el PCE para ser acción popular contra Juan Carlos I
- En la querella se le imputan al rey emérito hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales
El Supremo aún no ha decidido si admite o no a trámite la querella contra el rey emérito, Juan Carlos I, en la que se le imputan hasta trece delitos. Izquierda Unida, el PCEy la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAI-RADE) han presentado su solicitud para el ejercicio de "la acción popular". La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado una fianza de 12.000 euros a los dos partidos y la asociación de abogados y abogadas para poder seguir adelante con la acción popular en la querella presentada el pasado 5 de diciembre.
La querella del PCE e Izquierda Unida va dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, a su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
Por el momento, según apuntan fuentes de ambos partidos, el Supremo no ha decidido aún la admisión o no a trámite de esta querella, aunque ha abierto la Causa Especial 21092/2018 y sí ha acordado la “competencia para el conocimiento” de la misma de la Sala Segunda.
En el texto se imputan hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Desde Izquierda Unida recuerdan que la decisión a tomar por el Tribunal Supremo sobre esta querella abierta contra el rey emérito coincidirá en el tiempo con otras causas abiertas contra Juan Carlos I, "entre ellas la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de supuestas comisiones multimillonarias en Arabia Saudí por las obras de construcción del trazado del AVE a La Meca".
En Septiembre del 2009 la Casa de S.M. el Rey anunciaba que Iñaki Urdangarin,
fijaba su residencia en Washington por motivos laborales. Sin embargo, la razón
era otra. Era, por orden de la reina Sofia, sacar de España la extraordinaria
colección de obras de arte de la familia real, colección que procede del robo
de la herencia del Duque de Hernani con cuadros de Tiziano, Rembrandt, Veronés,
Carabaggio, Rubens, Rafael, Goya, Cotán, etc. y valorada en mas de 2000
millones de euros. La imposibilidad de ocultar por mas tiempo la colección en
España habría sido el móvil para que la reina y su yerno sacasen los cuadros al
extranjero haciendo el mayor daño que jamás se ha hecho al Patrimonio Histórico
Español. La herencia del Duque de Hernani fué robada en el año 1979 a su muerte
y los principales autores fueron, el rey que es inimputable y Sabino Fernandez
Campo, Jefe de la Casa Real. El plan era muy simple. El Rey dictó un Real
Decreto colocando a su hermana Margarita como sucesora al titulo del Duque de
Hernani, como si fuera familiar del finado y después Sabino Fernandez Campo
falsificó un testamento del Duque, adecuándolo al Real Decreto. La Familia Real
vendió despues algunos cuadros a museos extranjeros a través de la empresa
de subastas de arte Sotheby’s en donde la infanta Pilar desempeñaba un papel
directivo y a través del anticuario de Madrid, Manuel Gonzalez. Los compradores
fueron el Meadows Museum de Texas, el Metropolitano de New York, el Museo de
Chicago y el Museo de Arte Antiguo de Brasil, ademas de algunas colecciones
particulares en Inglaterra. Para ocultar la ilegalidad de estas exportaciones,
toda vez que se trataba de bienes de Interes Cultural, Alfonso Perez Sanchez,
por entonces director del Museo del Prado adulteró los inventarios del Museo,
borrando la localización de las obras en España, y con el mismo fin, Felipe
Garin Llompart, director del Instituto del Patrimonio Histórico, sustrajo los
expedientes de la Coleccion Hernani. De lo dicho se desprende que el Jefe de
la Casa Real, Sabino Fernandez Campo, resulta ser la persona fundamental del
robo, sin el cual este nunca se podría haber realizado. Su muerte, en diciembre
de 2010, marca un antes y un despues en la familia real, tanto en lo que se
refiere en sus relaciones con la prensa como con los tribunales, al punto de
que la reina Sofia e Iñaki Urdangarín, en cuanto conocen su enfermedad deciden
sacar las obras de España antes de que sea demasiado tarde. El caso Noos, es en
el fondo un alivio para la reina y para él, ya que les aparta de la salida de
los cuadros y justifica su residencia en Washington, sabiendo que el estado
español no puede reclamar los cuadros, porque no es el propietario.
Si me pegan, me divorcio. Som Republica !!*!!