Un balance de la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Hace ya casi un año y tres meses que se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En Unidos Podemos se abstuvieron en este acuerdo que consideraron insuficiente, al igual que gran parte de las organizaciones feministas, pero que logró generar un consenso de mínimos. Sin embargo, más del 80 por ciento de las 214 medidas no han sido implantadas todavía. A día de hoy, según las cifras del Ministerio de Sanidad Servicios e Igualdad, la violencia machista ha asesinado en lo que va de año 47 mujeres y tres menores. La cifra es bastante similar a la de 2017, que por estas alturas había registrado 48 mujeres y seis menores asesinados.

Las medidas que se han puesto en marcha

El Gobierno puso en marcha el pasado 6 de agosto un paquete de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que consideraba “más urgentes”. Lo propuso como un Real Decreto que finalmente tramitó como un Proyecto de Ley. Este paquete de medidas incluyó en el Código Civil que los menores cuyas madres son víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia psicológica únicamente con el consentimiento materno.

Otra de las novedades es que de ahora en adelante un informe de los servicios sociales basta para que las mujeres sean reconocidas como víctimas de la violencia machista. Es lo que se conoce como “título habilitante”. Según explica a Cuartopoder.es la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, este es "un punto crucial” porque “el 70% las mujeres que sufren violencia de género” no denuncian y, de esta manera, podrán acceder a las ayudas que se les otorgan.

Asimismo, se incluyen mejoras de cara a la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Mientras tanto, se aprobó que la víctima pudiera personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

Por otro lado, se devolvieron las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía, y se modificó la Ley de Violencia de Género de 2004 para que las ayudas estatales que reciben las víctimas sean compatibles con las autonómicas o las locales.

Aparte de este paquete de medidas que se puso en marcha en agosto, esta semana el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la primera reforma legislativa en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de género, relacionada con la formación de los magistrados. Esta modificación declara la violencia machista como una especialidad jurídica en la carrera profesional, tal y como ya ocurre con Mercantil, Menores o Penal en la carrera profesional.

En la Asociación de Mujeres Juristas Themis hay escepticismo con que esta medida vaya a producir los resultados deseados en los tribunales. “Por desgracia, la formación no garantiza que un juez no tenga sesgos cognitivos machistas. Sería más efectivo imponer sanciones disciplinarias”, explica su presidenta, María Ángeles Jaime de Pablo. La organización interpuso una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez que emitió un voto particular en la sentencia sobre 'La Manada', pero ésta ha sido archivada. Según reconoció la propia presidenta del Observatorio de Género del CGPJ, Ángeles Carmona en una entrevista a Público, solo se abrió un expediente que acabó archivado y no ha habido ninguna sanción. “Con el sistema de promoción recíproca que existe en el Poder Judicial es muy difícil que alguien señale a un compañero”, critica.

Un Pacto de Estado que avanza con lentitud

El Pacto de Estado contemplaba un presupuesto de 200 millones de euros, un 0,06% de los Presupuestos Generales del Estado. De toda esta cantidad, 80 millones son para el Estado, 100 para las Comunidades Autónomas y 20 para los Ayuntamientos –el Gobierno ha prometido que en 2019 doblará a 40 millones la cantidad prevista para las corporaciones locales-. Hace un mes y medio que el Gobierno empezó a repartir el dinero estipulado para las Comunidades Autónomas, mientras que la semana pasada comenzó a repartir los 20 millones destinados a los ayuntamientos.

Todavía es pronto para evaluar el traslado de esta dotación presupuestaria a medidas concretas en cada región y en los municipios. Desde las organizaciones feministas creen que el acuerdo debería aplicarse con mayor urgencia. “El pacto va muy lento. Nos gustaría que fuese más rápido”, indica Besteiro, quien a su vez reconoce la sobrecarga de trabajo en la delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Sensación de parálisis en el Congreso

Los distintos grupos parlamentarios, desde el PP hasta Unidos Podemos, advierten de la parálisis de la Comisión creada en el Congreso para hacer seguimiento del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se ha reunido en dos ocasiones a lo largo de un año y no está previsto que se produzca un nuevo encuentro próximamente. “Se encuentra totalmente paralizada. Después de la sentencia de La Manada pedimos comparecencias a la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, y al Ministerio de Justicia y al Observatorio de Igualdad del CGPJ que tampoco se han celebrado”, critica Ángeles Rodríguez de En Marea, portavoz adjunta de dicha comisión.

Además, cuando el Gobierno presentó en agosto el paquete de medidas mencionado, se acordó tramitarlo como proyecto de ley por la presión de PP y Ciudadanos. Aunque las medidas ya están marcha durante su trámite parlamentario, los grupos utilizaron esta fórmula para presentar decenas de enmiendas al texto. Sin embargo, el proceso se encuentra congelado porque todavía no se ha celebrado ninguna ponencia.

Desde Unidos Podemos, quienes fueron el único grupo del Congreso en abstenerse en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprecian dos importantes déficits en el acuerdo. Por un lado, creen que “el pacto se encuentra desfasado porque no recoge como violencia machista las violencias que se producen fuera del ámbito de la pareja o la expareja. Según este acuerdo, el reciente asesinato de Laura Luelmo no cuenta como violencia de género. "Habría que ampliar el concepto, tal y como recomienda la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)”, añade Rodríguez.

Por otro lado, consideran que, al contrario de lo que ocurre, habría que dar prioridad “a las medidas que tienen un componente económico”. Las víctimas de violencia de género más vulnerables son las que tienen menos recursos. “Hay que garantizarles prestaciones dignas y una garantía habitacional inmediata”, exige Rodríguez.