IU impulsa una ley que garantiza a las víctimas del franquismo verdad, justicia y reparación

Unidos Podemos registra en el Congreso una proposición de ley trabajada por IU que garantizará a las víctimas del franquismo sus derechos de verdad, justicia y reparación y que promueve el repudio y condena del golpe de Estado militar del 36 y la posterior dictadura por parte de los poderes e instituciones del Estado. Las históricas reivindicaciones de las organizaciones por la memoria histórica y de familiares y víctimas del franquismo toman, así, forma de proposición de ley y entran de lleno en los debates del Congreso de los Diputados.

Esta 'Proposición de Ley Integral de Memoria Democrática y Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Franquismo y la Transición' busca, además, "el desarrollo de políticas públicas activas que garanticen el reconocimiento de la memoria democrática española" y "el íntegro reconocimiento de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes sufrieron los efectos de la represión tras el golpe militar de 1936 y la posterior dictadura franquista", reclamando a los poderes públicos la rehabilitación moral y jurídica de las personas represaliadas.

También se reconoce el derecho de familiares de personas asesinadas y desaparecidas a localizar el paradero de los suyos para darles una sepultura digna. Más de 100.000 personas siguen hoy desaparecidas y enterradas en fosas comunes, "el Estado deberá establecer los mecanismos personales y materiales necesarios para llevarlos a cabo". También esta proposición de ley, de resultar aprobada por el Legislativo, facilitará la investigación judicial de todas las infracciones y violaciones de derechos ocurridos desde el 1936 hasta, al menos, 1983, durante la Transición.

Tal y como contábamos en cuartopoder.es, también se recoge la obligación oficial de investigar los casos de bebés robados y poner las facilidades técnicas y materiales para que estas investigaciones se lleven a cabo. Además, busca "poner en valor el papel que las mujeres de nuestro país jugaron en la lucha por la libertad y contra la dictadura", el impulso del "conocimiento de la verdad histórica del Estado constitucional republicano, del golpe de Estado, de la dictadura militar franquista y del periodo de Transición a la Monarquía parlamentaria en el sistema educativo español" y el reconocimiento al papel jugado por las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil.

Otra aportación de este texto es la definición de quiénes son las víctimas. De este modo, lo serán todas las personas que hayan sufrido, durante este periodo, "ejecuciones, penas, sanciones, detenciones, torturas, exilios, destierros, depuraciones, confiscaciones, cualquier perjuicio económico o patrimonial y cualquier otra forma de represión sufrida por personas físicas o jurídicas, o violación individual o colectiva de los derechos humanos fundamentales, incluida la deportación a campos de concentración nazis".

Todas las personas y colectivos que sufrieron estas situaciones son reconocidas por esta proposición de ley elaborada por IU y se le reconocen amplios derechos que igualan, en esta materia, a España con respecto a otros países en los que también se sufrieron las consecuencias de dictaduras el siglo pasado. Derechos a la verdad, o a "conocer la historia del pasado del Estado español desencadenado a raíz del golpe militar de julio de 1936 y durante la dictadura franquista como reacción a la implantación de una república democrática" y el "derecho de las víctimas a investigar y a conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido con sus familiares, a la exhumación sufragada por fondos públicos e identificación en su caso, así como a otorgarles una sepultura digna".

También los derechos a la justicia, "a ser consideradas como víctimas a todos los efectos", y a la "reparación moral y económica de todas aquellas personas que sufrieron persecución o temor de ser perseguidos por participar en instituciones u organizaciones sociales o políticas propias del sistema democrático". Se añade, además, el reconocimiento como "derecho de no repetición de episodios de exclusión y persecución".

Otra novedad de relevancia es que insta a la administración competente a la elaboración de un Censo de la memoria democrática en el Estado español, "compuesto por información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de la Transición, de carácter público". En este censo quedarán reflejadas las condiciones de represión padecidas por cada víctima con detalle. El formar parte de este censo servirá para acceder a las compensaciones y ayudas contempladas para las víctimas.

Además, la proposición "reconoce el derecho a reclamar la reparación moral y económica por parte de las víctimas del franquismo que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado", así como la elaboración de un mapa de fosas, "que constituye la principal herramienta descriptiva sobre los lugares de enterramiento de las víctimas, siendo responsable de su actualización permanente el Gobierno español en colaboración con las Administración autonómicas y locales".

Por otro lado, la obligación para las exhumaciones en fosas comunes recaerá sobre el Judicial. "El órgano judicial competente en el orden penal instruirá el procedimiento sobre la base del principio de coordinación con las administraciones públicas territoriales, las cuales prestarán ayuda y colaboración en la localización, búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en su término administrativo, sobre la base de lo establecido en la presente ley en los artículos siguientes".

Otro aspecto de relevancia de esta iniciativa es que "se declaran ilegales, nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936". El Ministerio de Justicia emitirá una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondiente y el Gobierno articulará "las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las personas víctimas de estas sentencias".

Todas las víctimas serán reconocidas como tales y, además, tendrán un reconocimiento específico las víctimas mujeres; a las personas represaliadas por su orientación sexual e identidad y expresión de género; identidad nacional y uso de su lengua propia; a las personas internadas en campos de concentración, internamiento y exterminio de otros países de Europa; a los resistentes armados del Ejército de la Segunda República, a los integrantes del Ejército Guerrillero y de la Guerrilla Antifranquista; a las personas gitanas, judías y a los masones.

En cuanto a la reparación económica, "se reconoce el derecho a una indemnización por una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista", para el resto de casos, será el Gobierno quien "establecerá reglamentariamente las cuantías y clasificación de las indemnizaciones". Se reconoce también "la obligación del Estado de restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas".

Las víctimas del franquismo y Transición tendrán un día conmemorativo, el 8 de mayo. Y, en cuanto a la memoria democrática, se propone la creación de un organismo para esta materia vinculado a Presidencia del Gobierno el cual "será responsable de implementar las políticas públicas de memoria democrática en el Estado español". El Gobierno elaborará un plan de acción en esta materia que se desarrollará en coordinación con asociaciones de víctimas y memorialistas, así como con especialistas en la materia. También se implementará la creación de lugares para la memoria democrática y rutas por estos, así como un archivo documental para esta memoria. Y se procederá a terminar con espacios, símbolos u organizaciones que "conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan el golpe militar del 1936, el franquismo a sus dirigentes".

En este sentido, IU propone para el Valle de los Caídos, que cambiará el nombre en caso de que llegue a entrar en vigor esta ley por el de Valle de Cuelgamuros, la resignificación de todo el complejo para convertirse en un lugar de memoria. Los restos tanto de Francisco Franco como de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados y llevados al lugar que decidan sus familiares. También se atenderán todas las reclamaciones de exhumaciones de familiares de víctimas enterradas en dicho paraje.

También se describe un régimen de sanciones para proteger las fosas antes de sus exhumaciones y garantizar estas, para proteger lugares de memoria democrática y lugares que homenajeen a víctimas del franquismo y la acción del Estado en este sentido. Se anularán los epígrafes de la Ley de Amnistía contrarios a la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía de los crímenes internacionales como son los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Serán declaradas, además, las organizaciones que promevan el enaltecimiento del franquismo y vayan contra el honor de las víctimas.

Además, "el Gobierno Español denunciará el vigente Concordato con la Santa Sede, dejando sin efecto y derogado el suscrito en 1953 entre el Vaticano y la dictadura militar franquista así como los Acuerdos alcanzados entre el Estado español y la Santa Sede en 1976 y 1979". Para ello, "en el plazo de un año impulsará un acuerdo bilateral entre ambos Estados basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres".

El Estado español estará obligado a la colaboración "con todas aquellas causas judiciales en las que se investiguen crímenes cometidos bajo la dictadura franquista y la Transición, incluidas las causas judiciales incoadas actualmente en Argentina". En el ámbito institucional se restituirán los honores de la Generalitat, Parlament y Tribunal de Casació de Catalunya, al Gobierno Vasco, Consell Provincial de València y Generalitat Valenciana.