La CUP cumple: convierte Cataluña en un país “ingobernable” y declara muerto el procés

“Si perdemos las elecciones, haremos que este país [Cataluña] sea ingobernable”. Lo anticipó Benet Salellas, diputado de la CUP-Crida Constituent, el 29 de noviembre de 2017 en el curso de la entrevista concedida a cuartopoder.es, apenas un mes antes de los comicios catalanes. Y han cumplido su palabra. La abstención de los cuatro parlamentarios de la formación anarquista dio la victoria anoche a los unionistas, encabezados de nuevo por Inés Arrimadas, por la mínima 65 votos en contra frente a 64 votos a favor. Los antisistema han decretado también que el procés está muerto, lo que supone casi con seguridad acudir de nuevo a las urnas.

Este resultado echaba por tierra el plan de última hora de los soberanistas, que contemplaba la investidura como presidente autonómico de Jordi Turull, exportavoz del Gobierno de Carles Puigdemont, la víspera de su comparecencia ante el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo. De haberlo logrado, el magistrado se hubiese encontrado ante el nuevo president de la Generalitat de Catalunya y enviarlo a prisión hubiese supuesto crear un mártir para la causa independentista, un triunfo ahora que la estrella de Carles Puigdemont cotiza a la baja en la escena nacional y en la internacional.

De haber prosperado el plan puesto en marcha por Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, hubiese supuesto un nuevo y serio tropiezo para el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo reconocía ayer mismo Rafael Catalá, ministro de Justicia, quien declaraba a los micrófonos de Onda Cero que esta maniobra es “hacer juego sucio”, y que la idea de investir a un candidato con problemas judiciales “demuestra que no hay una voluntad real de encontrar soluciones de futuro, sino de seguir embarrando el terreno de juego”. Omitía señalar que, además, hubiese arrebatado la iniciativa al Ejecutivo español, que nunca ha andado muy sobrado de ideas a la hora de afrontar los desafíos de los catalanistas y cuyos dos máximos responsables, el propio Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría atraviesan horas muy aciagas.

De poco parece haber servido las propias previsiones del Gobierno, que ya a a mediados de enero reconocía que aún cabía esperar una última intentona secesionista del independentismo catalán, según publicó entonces Esther Esteban en cuartopoder.es. Aparentemente, el movimiento de Torrent cogió con el paso cambiado al Ejecutivo... de nuevo.

Sin embargo, la iniciativa puede volverse en contra de los soberanistas, ya que es muy probable que refuerce la desconfianza del magistrado Llarena respecto a las reales intenciones de los responsables independentistas procesados. Puede que delante de él se hayan comprometido a deponer su actitud e, incluso, a abandonar la política, como en el caso de Jordi Sànchez, la intentona de ayer puede que lleve a Llarena a optar por la mano dura.

A Jordi Turull, Carme Forcadell, Marta Rovira, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa les aguardan hoy horas difíciles, cuando comparezcan ante el juez instructor. Los informes elaborados por la Guardia Civil señalan a varios de ellos como máximos impulsores del procés. Todos ellos podrían acabar de nuevo en la cárcel con graves cargos en su contra. La decisión de Llarena de no excarcelar al exconseller de Interior Joaquim Forn ni a Jordi Sánchez, exmáximo dirigente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), como proponía el fiscal general, porque pueden reincidir en un delito “gravísimo” contra la Constitución, muestra cuál puede ser hoy su actitud.

Con semejante panorama, el anunció de la CUP de que la votación de ayer supone el fin del procés y que ellos abandonan la política de alianzas y pasan a la oposición, complica sobremanera el ya enrevesado mapa político catalán. Los plazos comienzan a correr para la formación de Gobierno y desde Madrid se han apresurado a recordar que hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo autonómico, el artículo 155 sigue estando en vigor.

La actitud de la CUP, que ya ha anunciado que sólo refrendará a Puigdemont, hace imposible una mayoría independentista. Una posibilidad aún más remota si Llarena encarcela hoy a alguno de los seis comparecientes, restando así votos a los independentistas en el Parlament. La solución parece que pasa de nuevo por las urnas.

Y a la espera de una salida no traumática que permita el regreso de Cataluña a la normalidad, comienzan a sonar de nuevo las alarmas sobre el impacto que la fallida intentona secesionista y su estela de desgobierno pueden tener en la economía catalana y, por supuesto, también en la española.