Presiones al plan de Puigdemont desde dentro del independentismo

BARCELONA.- Cada vez hay más voces dentro del independentismo críticas con el plan del expresident Carles Puigdemont. Las horas pasan y el nerviosismo aflora. El próximo miércoles, 17 de enero, a las 11 horas, es el plazo límite, la sesión constitutiva del Pleno del Parlament de Catalunya. Sesión en la que se debe elegir la Mesa, órgano ejecutivo de esta institución, y que el independentismo ansía para poder jugar y proponer diferentes alternativas de cara a una próxima investidura a la Presidencia de la Generalitat. Con Puigdemont en Bruselas y ante la insistencia del depuesto president en volver a serlo, hará falta una solución imaginativa. Una investidura telemática, a distancia, algo que, con casi toda probabilidad, no será aceptado por el Tribunal Constitucional a quien apelarán los partidos del 155: Ciudadanos, PSC y PP. Una investidura por delegación en otro diputado también es una opción que se baraja con fuerza.

La mayoría del independentismo en la composición del nuevo Parlament puede ser muy frágil. Tienen 70 diputados, cuando la mayoría absoluta se sitúa en 68. Sin embargo, para elegir la Presidencia de la Mesa del Parlament hace falta tener más votos que la otra opción, la de Ciudadanos y su diputado José María Espejo-Saavedra. Las cuentas no están claras: de estos 70 diputados, cinco se encuentran en Bruselas sorteando a la justicia española y tres en prisión preventiva. Ocho en total. Los independentistas podrían perder la mayoría y perder la Presidencia de la Mesa si antes del miércoles no han renunciado a su acta de diputados, al menos, cuatro de ellos... O si no lo han conseguido hacer, pues desde Bruselas la burocracia para renunciar al acta se complica.

Ante esta insólita situación, nadie sabe lo que puede pasar, algo a lo que el proceso independentista nos tiene acostumbrados en los últimos meses. Volvemos a entrar en el terreno de lo impredecible. Los indicios, sin embargo, cada vez son más claros. El bloque independentista que se mostraba unido hasta la celebración del referéndum del 1-O se agrieta. Las estrategias y las tácticas difieren. A pesar de que la dirigente de ERC, Marta Rovira, firmara un acuerdo esta semana con Puigdemont en Bruselas que asegura la investidura de este y una Mesa del Parlament con mayoría independentista, esto no está asegurado que pueda ser así. Y que Puigdemont sea la única opción para presidir la Generalitat durante la próxima legislatura, desde la Plaça de Sant Jaume o desde Bruselas, se evidencia que no es así.

País, partido y persona.

El pasado martes el presidente del PDeCat, Artur Mas, dimitía de este cargo orgánico. El que fuera president de la Generalitat argumentaba su decisión sobre la necesidad de nuevos liderazgos ante la nueva etapa que inicia el partido y el espacio político más amplio que supone JxCat. También añadía que debía centrarse en los procesos judiciales que tiene en el horizonte, tales como los relacionados por su implicación en la consulta del 9-N y el 1-O. No se refería, sin embargo, el exlíder de CDC, a que el próximo lunes, 15 de enero, se conocerá la resolución del Caso Palau, corrupción en la que supuestamente está implicado.

Pero el motivo de su "paso al lado" no es únicamente judicial. Lo es también político. Y no lo ocultó en su rueda de prensa en la sede del PDeCat en el barrio del Eixample barcelonés. "Primero el país, después el partido y, por último, la persona". Una frase contundente dirigida específicamente a su sucesor en el Palau de la Generalitat: Puigdemont. Mas se desmarcaba de la línea política que quiere seguir el que continua en Bruselas. Y le advertía de que su estrategia personalista pone por delante sus intereses a los de Catalunya, o el independentismo, y el partido, el PDeCat. El mismo día, el que fuera conseller de Justicia, Carles Mundó, de ERC, renunciaba a ser diputado después de haber estado en prisión preventiva durante varios días antes de la campaña electoral.

Otro de los pesos pesados en el independentismo durante los últimos tiempos, la presidenta del Parlament durante la última y agitada legislatura, Carme Forcadell, renunciaba a postularse como candidata al mismo cargo para el próximo periodo. "El nuevo proceso político requiere de una nueva figura libre de procesos judiciales", advertía. Una idea había sido defendida desde el independentismo, sobre todo desde los círculos más próximos a Puigdemont, de que era necesario restaurar el orden institucional previo a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, ya no será así. La Mesa del Parlament ya no estará presidida por Forcadell que pasará a ser diputada rasa. La contundencia judicial del Tribunal Supremo que, como vimos en el auto que negaba la puesta en libertad de Oriol Junqueras, sigue la línea marcada por la Fiscalía, está dando resultados. Resultados conseguidos, para muchos juristas, a un precio muy alto.

La renuncia de Forcadell a presidir el Parlament hace que Ernest Maragall, el exsocialista que formó parte de la lista de ERC en las elecciones del 21-D, suene para ser el próximo president de la cámara catalana. Maragall, además, será el presidente de la mesa de edad que presidirá la sesión constitutiva del próximo miércoles. Este diputado electo no se muestra proclive a saltarse los informes de los letrados del Parlament, algo que hizo Forcadell durante los plenos del 6 y 7 de septiembre del año pasado en los que se aprobaron las polémicas leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica. Los letrados del Parlament ya han advertido que la investidura tiene que ser presencial. Se complica la propuesta belga de la investidura telemática, se hace más difícil el plan de Puigdemont.

Otros pesos pesados independentistas se desmarcaban ayer, en sus comparecencias ante el Tribunal Supremo en Madrid, de la línea del expresident. El ex conseller de Interior, Joaquim Forn, declaraba que "la única vía para conseguir la independencia es la reforma de la Constitución", renunciando a la vía unilateral independentista. El también diputado electo y ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, aseguraba que si se seguía por la vía unilateral dejaría su acta de diputado. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por su parte, aseguraba que el único referéndum será "aquel que convoque el Gobierno de España". Explícitamente daba por hecho que los resultados del 1-O no son vinculantes, por lo que invalida implícitamente que la posterior declaración unilateral de independencia de Puigdemont, basada en los resultados de la consulta de octubre.

Complicado rompecabezas

Por otro lado, si Puigdemont no pudiera asistir al debate de investidura y este no pudiera realizarse por videoconferencia, una de las propuestas es un Govern técnico en Barcelona compaginándose con otro en Bélgica donde estaría Puigdemont. La investidura la podría presentr Elsa Artady, segunda de JxCat y de Puigdemont. Otra opción es Marta Rovira. Pero, aquí se plantearía otro problema: la CUP. La formación anticapitalista se ha mostrado favorable a restituir al anterior Govern. ¿Votaría a otro candidato que no fuera el expresident Puigdemont? ¿A qué precio? ¿Preferiría la CUP, en el caso de Puigdemont no pudiera ser investido president, una presidencia de ERC antes que de JxCat? El puzzle del independentismo está rehaciéndose y es imposible saber cómo se va a recomponer.

Las piezas del procesismo encajaban a la perfección. El proceso independentista no habría llegado tan lejos si no hubiera sido por este perfecto encaje. Unas se complementaban con las otras. PDeCat y ERC probablemente no habrían llegado tan lejos si no fuera porque temían quedar como traidores frente al otro partido, nadie quería bajarse del caballo el primero. Sin la presión externa de la CUP, también es difícil imaginarse que se hubiera llegado hasta la declaración de independencia, como también lo es hacerlo sin la presencia externa y movilizadora de la ANC y Òmnium. Ahora, frente a la estrategia de Puigdemont desde Bélgica que pretende seguir con la confrontación unilateral ante el Estado, las piezas van cambiando sus posiciones.

La dureza de la Justicia española frente al proceso independentista está dando resultado, pero, ¿a qué precio? Los delitos de rebelión y sedición son muy graves. Y se argumenta violencia, una vez que el movimiento independentista siempre ha enarbolado la bandera de la no-violencia en sus múltiples acciones y manifestaciones. Movilizaciones masivas y pacíficas. Las lecturas que desde el Supremo se están haciendo de estos delitos pueden afectar a los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación también en el resto del Estado. El abogado Enrique Santiago escribía esto la semana pasada: "El debate jurídico derivado de lo ocurrido durante el procés, tendrá consecuencias para toda la sociedad española y no solamente para Cataluña o para los independentistas. Cataluña no puede ser la excusa para aplicar a nuestros derechos, los de todos los españoles, no ya un tratamiento de shock más, sino el definitivo, que vaciaría de contenido derechos humanos esenciales que nadie nos ha regalado". Esto, y la concepción del Estado autonómica también están en juego en Catalunya, y en Madrid, en el Supremo.