El Estado debe asumir las exhumaciones de la Ley de Memoria Histórica, plantea el PSOE

Los hijos y nietos de los represaliados del franquismo llevan demasiado tiempo esperando una reparación. La Transición trajo una reconciliación (para algunos, la única posible) que ocultó bajo la alfombra muchos crímenes. Sin embargo, 40 años después, con una democracia ya consolidada, esa herida sigue abierta. Un Congreso fraccionado y un PP que ya no goza de mayoría parece el escenario adecuado para que algunas iniciativas que se han visto postergadas puedan salir adelante. En este contexto, y con una nueva Ejecutiva, el PSOE propondrá en unas semanas una ampliación de la Ley de Memoria Histórica, que incluya la nulidad de los juicios políticos del franquismo, resignificar el Valle de los Caídos o que el Estado asuma el coste de las exhumaciones de las fosas, según afirman fuentes parlamentarias a Cuarto Poder.

Hace unas semanas, se registraron en el Congreso de los Diputados dos propuestas destinadas a acabar con la impunidad de los crímenes franquistas en los juzgados españoles. Tras meses de trabajo en un intergrupo parlamentario sobre Memoria Histórica, en la que asociaciones como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) ha tenido un papel importante, los diputados de Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís, EH Bildu, ERC y PdeCat presentaron dos iniciativas. Por un lado, pedían la modificación de la Ley de Amnistía para que los magistrados no puedan escudarse en ella para no investigar los casos. Por otro, incorporar al Código Penal el principio de legalidad internacional en este mismo sentido. Sin embargo, Izquierda Unida decidió no participar, ya que apuesta directamente por la nulidad de la Ley de Amnistía.

El PSOE tampoco firmó. Lleva semanas trabajando con expertos y asociaciones en su propia propuesta: una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que hoy se encuentra paralizada después de que el PP la vaciara de presupuesto en 2013. Las fuentes del PSOE consultadas afirman que podría presentarse en el Congreso en unas semanas. Estos trabajos están coordinados por el secretario Ejecutivo de Memoria Histórica del PSOE,  Fernando Martínez López. 

Las exhumaciones, una prioridad

“Nuestra prioridad es que los costes de los procesos de las exhumaciones y las desapariciones forzosas las asuma la administración pública”, explica una fuente conocedora del proyecto. Es decir, su intención es que ni víctimas ni asociaciones paguen estos trámites de su bolsillo, como ocurre ahora. Esta partida podría salir de los Presupuestos Generales del Estado y, también se dotaría de herramientas a las administraciones autonómicas. España es el segundo país con más fosas comunes después de Camboya, una situación que ha hecho que el Estado reciba varios reproches de organismos internacionales como la ONU.

En esta ampliación,  el PSOE también persigue materializar algunas propuestas que llevan mucho tiempo sobre la mesa, como constituir por fin una comisión de la verdad o la “resignificación del Valle de los Caídos” para convertirlo en un espacio de reconciliación con las víctimas y no en una especie de mausoleo monumental del dictador. En mayo de este año, el grupo socialista ya consiguió que el Congreso aprobase la retirada de los restos de Francisco Franco, pero al ser una proposición no de ley el Gobierno no se vio obligado a Ejecutar esta orden de la Cámara Baja.

La retirada de condecoraciones a las personalidades franquistas o la eliminación de los símbolos fascistas que aún descansan en muchos pueblos y ciudades españolas son otros de los puntos de esta nueva reforma que propondrán los socialistas.  

La nulidad de los juicios

La Ley de Memoria Histórica nació con muchas carencias que ahora el ‘nuevo PSOE’ pretende solucionar tras escuchar a asociaciones y expertos. Uno de los ejemplos más polémicos es la nulidad de los juicios franquistas que se ha postergado hasta la actualidad. De hecho, no fue hasta el pasado septiembre cuando el Congreso anuló la condena, entre otras, de Lluís Companys, fusilado por la dictadura.

Otro de los puntos importantes que está en discusión es la posibilidad de recuperar las propiedades incautadas durante el franquismo. Además, los socialistas no son partidarios de que la familia Franco siga gestionando el Pazo de Meirás, que consideran un insulto a las víctimas de la dictadura y a sus familias.