El cese de la presidenta de Garantías da paso a la batalla por los estatutos en Podemos

La presidenta de la Comisión de Garantías –el tribunal interno de Podemos--, Olga Jiménez, recibió la noticia de que había sido suspendida e inhabilitada por un periodo de tres años el pasado 10 de octubre, el mismo día que Carles Puigdemont comparecía en el Parlament. Todas las miradas se dirigían a Cataluña y la noticia quedó en un tercer plano de la actualidad informativa, aunque no ha acabado de digerirse en el seno del partido. La disputa comenzó a raíz de la decisión de Jiménez de anular los estatutos elaborados por la cúpula de Podemos al considerar que no reflejaban lo acordado en Vistalegre 2. El reglamento interno también genera suspicacias en varios territorios como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias, donde consideran que queda en duda la descentralización del partido aprobada en la Segunda Asamblea Ciudadana estatal.

La disputa de Jiménez con el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tiene su último episodio en la inhabilitación. La presidenta se enteraba de la noticia por los medios de comunicación media hora antes de ser notificada, según relatan fuentes cercanas. La resolución, que le impide representar al partido durante tres años, es la conclusión de la apertura de expediente sancionador abierto por la Ejecutiva a petición de varios miembros de la propia Comisión de Garantías. Dicha fracción, enfrentada con Jiménez, la apartó de su cargo por excederse de sus funciones y perjudicar a la imagen del partido.

La gestión de la polémica en el seno de la Comisión de Garantías ha levantado suspicacias en la interna de Podemos desde el comienzo. Dentro de la propia Ejecutiva, en Anticapitalistas y también entre varios secretarios generales como la andaluza Teresa Rodríguez y el asturiano Daniel Ripa. “Entendemos que las resoluciones que adoptó la presidenta de garantías, se compartan o no --lo cual es legítimo-- no justifican en ningún caso una suspensión del cargo de la persona que ocupa la posición de garante de los derechos de las personas inscritas en Podemos”, sostienen desde Anticapitalistas. Sin embargo, confían en que “todo pueda solucionarse, como siempre, con debate, diálogo y consenso”.

Las críticas a la gestión desde el Consejo de Coordinación dan paso a una cuestión de fondo. Mientras Jiménez puso el foco en los apartados de los nuevos estatutos que se referían al régimen disciplinario y a la propia Comisión de Garantías, las direcciones de Podemos en Asturias, Andalucía y Valencia se fijan más en la parte que se refiere a la cuestión territorial en clave interna. Coinciden en señalar que la descentralización de Podemos --acordada en Vistalegre 2-- no ha sido trasladada de manera adecuada a los nuevos documentos y temen una “recentralización” del partido. Quedan más lejos los objetivos de algunos territorios como Andalucía de lograr un número de CIF propio o el acceso al censo, es decir, un nivel de autogobierno y capacidad de decisión política organizativa y financiera.

“Hemos trasladado a Madrid nuestras preocupaciones sobre el resultado de la transposición, pero, sobre todo, sobre las propuestas de descentralización, que en los nuevos estatutos no aparecen definidas”, explica este medio el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina. Los andaluces han abanderado la lucha por la descentralización dentro de Podemos. Teresa Rodríguez se presentó como secretaria regional con una promesa: tener un nivel de autonomía similar al que IUCA-LV mantiene dentro de IU. La líder de Podemos Andalucía aun no ha visto como se cumplen sus aspiraciones: tener acceso al censo libre de militantes, elegir las listas electorales, manejar las cuentas y decidir sobre alianzas con otros partidos sin tener que aceptar el visto bueno de la dirección estatal.

Desde el País Valencià se muestran cautos con la disputa en la Comisión de Garantías. Esperan que el conflicto se resuelva dentro de la misma y confían en la independencia del órgano. No obstante, la secretaría de Organización autonómica ha encontrado en el reglamento interno algunos aspectos sobre la descentralización del partido que quiere modificar. “Estamos preparando un informe para hacer enmiendas al nuevo reglamento. Vimos que algunos artículos podían dejar la puerta abierta a una dirección más centralizada de lo que nosotros pretendíamos”, indica a este diario el secretario general de la formación en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ.

Las quejas también llegan desde el norte. “No compartimos la inhabilitación de la presidenta de la Comisión de Garantías”, afirman desde la dirección de Podemos en Asturias. El Consejo Ciudadano de Asturias apoyó en bloque una resolución para respaldar el dictamen número 3 de Jiménez contra los nuevos estatutos. “Los reglamentos aprobados o los estatutos registrados invaden aspectos de competencia autonómica”, apunta el secretario general asturiano, Daniel Ripa.

La presidenta de Garantías podría acudir a los tribunales

Jiménez queda inhabilitada por un período de tres años, aunque no suspendida de militancia, debido a tres causas. La penalización del primer año se debe a la difusión del famoso dictamen 3/2017, muy crítico con los nuevos estatutos, donde se declaró nula la parte sobre el régimen disciplinario y la propia Comisión de Garantías por considerar que incorporaba cuestiones que debían ser consultadas a las bases o, lo que es lo mismo, a la Asamblea Ciudadana. El segundo año de penalización se debe a la resolución número 4, en concreto, por “haber cesado sin opción de defensa a su propia secretaria”. El tercer año se le aplica por “presionar a órganos del partido para conocer datos personales de miembros de su comisión”.

Jiménez tiene 15 días desde que recibió la resolución para llevar el caso a los tribunales ordinarios y, según fuentes cercanas, aun se encuentra evaluando esta posibilidad. El sector crítico que promovió la apertura del expediente en su contra está compuesto por Argiro Giraldo –que le ha disputado la presidencia--, María del Rosario Rodero –hasta ahora secretaria-- e Isabel Serrano. Los partidarios de la presidenta arremeten contra las sanciones y explican que la secretaria es un cargo de confianza de la presidenta, según el reglamento interno y que, por la tanto, puede ser cesada por ella. También indican que Jiménez se topó “por casualidad” con los datos de Serrano y descubrió que no estaba inscrita en el partido en Vistalegre 2. “Todo el expediente es un fraude gigantesco, un expediente inquisitorial y político motivado porque la Comisión de Garantías se opuso a los estatutos que redactó Echenique”, critica el sector afín.

La Secretaría de Organización defiende que la disputa se ha mantenido en el seno de Garantías, tal y como debe ocurrir en el órgano independiente del partido. Echenique descartó este lunes que la dirección fuera a contactar con Jiménez, ya que el órgano político no debe interferir en una decisión disciplinaria que no tiene carácter político. En esta ocasión, las Comisiones de Garantías autonómicas todavía no se han pronunciado. Un total de 11 de las 16 existentes apoyaron la resolución de Jiménez que declaraban la nulidad del nuevo reglamento interno. Profundización Democrática, un colectivo minoritario crítico con el modelo de partido de familias que se enfrentó en Vistalegre 2, ya ha llevado el caso a la Justicia ordinaria por considerar que “el derecho de todas las personas inscritas en Podemos ha sido vulnerado”.