Madrid decide querellarse contra los crímenes del franquismo y dar voz a las víctimas

Actualizado el 01/11/2017 con la aprobación de la moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid se unirá a la lista de consistorios que han decidido presentar querellas por los crímenes cometidos durante el franquismo. El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha trabajado conjuntamente con el PSOE en una moción que han llevado al Pleno este martes 31 de octubre y que ha salido adelante con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos. La iniciativa tiene dos partes: “La personación como decisión jurídica y el trabajo con las víctimas de crímenes franquistas, para que puedan grabar su testimonio en el Ayuntamiento”, explicó a cuartopoder.es el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria.

La idea parte de las asociaciones que vienen reivindicando desde hace años Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura. La moción es una iniciativa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), que invitó a los ayuntamientos de todo el Estado a querellarse contra los crímenes del franquismo en los tribunales territoriales después de ver como el Gobierno y la Justicia impedían que estos casos fueran investigados en el extranjero. España rechazó la solicitud de Argentina para extraditar a 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional e impidió los interrogatorios para la causa abierta en dicho país.

La negociación ha sido larga en la capital madrileña. En febrero de este año el Consistorio de Carmena rechazó la petición de CeAQUA para personarse en un juicio contra los crímenes del franquismo. Según fuentes del Ayuntamiento, Ahora Madrid ha estado negociando con el PSOE sobre la propuesta de moción y ambos grupos han trabajado conjuntamente sobre algunos aspectos a la particularidad del territorio, aunque no han realizado modificaciones sustanciales. “El objetivo es el fin de la impunidad, en la línea del memorial que vamos a hacer a las víctimas en los distintos cementerios, así como la estatua a los deportados en los campos de concentración nazis”, indica Valiente.

Madrid presentará su propia querella al igual que los Ayuntamientos de Pamplona, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Rivas (Madrid), A Coruña o Vitoria, entre otras. Algunos, además, se sumaron a la causa argentina. Todas forman parte de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria, que tuvo su primer encuentro en octubre del año pasado, y adscribieron en un manifiesto su "firme voluntad de continuar la vía emprendida con las querellas” por “una exigencia humana de Verdad, Justicia y Reparación” sin “afán de revancha”. También se puso en marcha la creación de equipos jurídicos, la recogida de testimonios o la aplicación del Protocolo de Estambul --una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato--.

La intención del Ayuntamiento de Madrid de querellarse contra los crímenes de franquismo es un paso “importante” porque se trata de “la capital del Estado”, considera Jose María Chato Galante, expreso del franquismo, víctima de uno de los represores más famosos de la dictadura, 'Billy el Niño', y miembro de La Comuna, que forma parte de CeAQUA. “La decisión es un peldaño más y una manera de demostrar una carencia democrática del régimen del 78, que es consecuencia de la falta de una ruptura democrática clara, el mantenimiento del aparato de la dictadura y la impunidad, pagada por la sociedad española a lo largo de todos estos años”, señala.

Una postura más crítica sostiene la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que pone en duda el valor jurídico de las querellas que han decidido impulsar los ayuntamientos . Su presidente, Arturo Peinado, valora estas iniciativas como “un gesto”, pero subraya que en la práctica “es algo completamente inútil”. “Tenemos una Ley de Amnistía donde todos los delitos están prescritos. Las asociaciones y las instituciones deberíamos volcar nuestros esfuerzos en luchar contra esta ley y contra otras cuestiones de la Ley de Memoria para la Verdad y la Justicia”, añade.

Una ventana para cambiar la Ley de Amnistía, que cumple 40 años

La Ley de Amnistía cumplió el sábado 40 años. En su origen, se realizó para fomentar la reconciliación nacional y liberar de la cárcel a los presos políticos. La norma aprobada en las Cortes abarcaba delitos de intencionalidad política, de rebelión o de sedición, pero también beneficiaba a “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” que hubieran cometido delitos y faltas. Hasta la fecha, la Fiscalía, la Audiencia Nacional o el propio Gobierno se han escudado en este precepto para torpedear la querella argentina y, en general, evitar la investigación de los crímenes del franquismo.

Diversas asociaciones memorialistas y en favor de la reparación de las víctimas del franquismo presentarán en el Congreso dos iniciativas para modificar la Ley de Amnistía. Una de ellas es una proposición de ley para aclarar que la amnistía no se puede aplicar a crímenes contra la humanidad, tal y como declaró el relator especial de la ONU, Pablo De Greiff. Otra es la modificación del Código penal para que se reconozca específicamente que los crímenes contra la humanidad no prescriben. “Nuestro código no reconoce este supuesto porque ya está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que España suscribió, pero algunas voces utilizan esta carencia como subterfugio”, indica Galante.

Ambas iniciativas, que serán presentadas en menos de un mes, han pasado por el intergrupo parlamentario de Memoria Histórica y cuentan con el apoyo de todos los partidos a excepción de PP y Ciudadanos. El Partido Socialista, que ha asistido a todas las reuniones, es más partidario de crear una nueva norma, que de modificar la Ley de Amnistía, según fuentes conocedoras del proceso. Su posición se dilucidará en los próximos días. En diciembre de 2016, PP, PSOE y Ciudadanos evitaron en la Comisión de Justicia del Congreso que se modificara la norma para establecer que no se aplicara en casos de torturas, desapariciones forzadas o crímenes de lesa humanidad.

El paso adelante de Cataluña

Cataluña abrió la puerta para juzgar los crímenes del franquismo. El pasado mes de junio el Parlament aprobó por unanimidad anular las sentencias políticas del régimen franquista y declaró “ilegales” los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación que actuó en Cataluña desde 1938 hasta 1978. Se trató de un acto significativo porque incluso el PPC, que se había opuesto a la ley de memoria histórica en 2007, votó a favor. Fue un gesto simbólico, sin resarcimiento de las víctimas, pero con algún avance importante: se ordenó que se hicieran públicos los cerca de sesenta y cuatro mil expedientes para que la gente pudiera conocerlos.

Un reconocimiento con el que otros territorios no cuentan. Las sentencias franquistas siguen pesando sobre Chato Galante y sus compañeros de La Comuna de Presxs por el Franquismo. “Seguimos siendo expresos políticos, gente delincuente. En mi caso y en el de miles de personas que fueron sus víctimas, hemos visto como 'Billy el Niño' fue condecorado por la democracia por los servicios prestados”, lamenta.