El encarcelamiento de Sánchez y Cuixart enciende de nuevo las calles en Catalunya

BARCELONA.- Los presidentes de dos de las entidades sociales más importantes de Catalunya, a prisión preventiva sin fianza acusados de sedición. Jordi Sánchez, de la ANC, y Jordi Cruixart, de Òmnium Cultural, han pasado la noche en Soto del Real. Son los líderes de las entidades que han llevado a cabo las multitudinarias manifestaciones pacíficas de cada diada, de cada 11 de septiembre, durante los últimos años. La respuesta social en Catalunya no se ha hecho esperar. Ayer, ruidosas caceroladas y concentraciones espontáneas en varios municipios, masiva marcha en Girona y algunos cortes de carreteras y calles principales. Hoy, hay convocadas varias movilizaciones.

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, cree que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, motivos para enviarles a prisión preventiva. No corrió la misma suerte el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, a quien la juez le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir del país y tendrá que acudir cada quince días al juzgado más próximo a su domicilio para firmar. En ambos casos, la Fiscalía pedía prisión preventiva.

En un conflicto político fuertemente judicializado desde hace meses, la decisión judicial tensiona las calles catalanas una vez más. El envío de Sánchez y Cuixart a Soto del Real tendrá consecuencias políticas. “Presos políticos”, una expresión que ayer el independentismo y buena parte de la izquierda utilizó para referirse a los dirigentes de la ANC y Òmnium, entidades que han convocado para hoy paros en los centros de trabajo catalanes a las 12 horas del mediodía y una concentración nacional con velas a las 20 horas en Barcelona. Esta movilización pretende llenar los 1,5 kilómetros de la Avenida Diagonal que separan Jardinets de Gràcia de la Plaza Francesc Macià de manifestantes con velas.

Ayer hubo movilizaciones espontáneas en diferentes municipios catalanes, en muchos de ellos, las caceroladas volvieron a ser muy ruidosas. El conflicto entra, por lo tanto, en una nueva fase. Tras el repliegue de la movilización social a partir del pasado martes, cuando Carles Puigdemont dejó en suspensión una posible declaración de independencia, las calles volverán a ser protagonistas. El soberanismo catalán y colectivos de todo tipo volverán a manifestarse en las próximas horas en defensa, más allá del independentismo, de derechos y libertades civiles. Mañana miércoles está prevista una gran movilización que ni ANC y Òmnium han especificado todavía.

Reacciones ante “una decisión desproporcionada”

La inmensa mayoría del espectro político catalán considera abusiva la medida cautelar dictada ayer por Lamela. Desde los partidos y dirigentes políticos independentistas hasta el propio el PSC ven fuera de lugar esta decisión judicial. Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, plasmaba ayer en redes sociales: “La decisión de la juez nos parece desproporcionada. El 23 de septiembre ya criticamos que se les acusara de sedición”. En la misma línea se expresaron otros de sus pesos pesados. El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también del PSC, o la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, por ejemplo. Más allá fue la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, dirigente de la Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez, pidió “parar ya este despropósito”.

“Pretenden encarcelar las ideas pero hacen más fuerte la necesidad de libertad”, aseguraba el president Puigdemont en Twitter. El PDeCat condenó la decisión judicial. “¿Creen que la fuerza de nuestra sociedad se para privándoles de libertad”, se cuestionaba su líder, Marta Pascal, concluyendo: “No entienden nada”. El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, de ERC, escribía: “Pedimos dialogar y el PP, vía Fiscalía, responde con prisión incondicional”. “Hemos de dar un paso más porque lo que está en juego son nuestros derechos humanos y fundamentales y nuestra capacidad de iniciativa política”, declaraba Marta Rovira, secretaria general de ERC. La CUP, por su parte, aseguraban que “no hay diálogo posible entre opresor y oprimidos”, por lo que llaman a la declaración de la independencia ya. “Es sadismo. Pura crueldad. Basta”, decía el integrante del Secretariado Nacional de la formación anticapitalista, Quim Arrufat. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, calificaba de “barbaridad” la medida y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, acusaba al Gobierno como responsable.

En el entorno de los comunes, también estupefacción por la decisión de Lamela. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se manifestaba en estos términos: “Rechazo frontal a prisión preventiva por convocar una manifestación pacífica. Es una barbaridad”. El coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, dijo: “No se puede caer más bajo, libertad inmediata para Jordi Sánchez y Jordi Cruixart. Libertad presos políticos”. El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, por su parte: “No. Así no. Presos políticos. España 2017”.

Dirigentes políticos a nivel estatal también mostraron su desacuerdo. “Corruptos del PP libres. Independentistas catalanes presos. El PP y su Gobierno están destruyendo la democracia española”, expresaba Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en redes sociales. “Prisión incondicional para dos personas de la sociedad civil catalana por no ayudar a diluir concentraciones pacíficas. Qué barbaridad”, decía, por su parte, el líder de IU, Alberto Garzón. “Apelamos a la proporcionalidad en la aplicación de la justicia. Esta de hoy es una mala noticia”, escribía en redes sociales el lehendakari Íñigo Urkullu.

También desde los sindicatos mayoritarios criticaron la decisión. “Manifestarse no es ningún delito. Libertad Sánchez y Cuixart”, reclamaban desde CCOO Catalunya. “Siempre se ha actuado desde la no-violencia. Es indecente la prisión sin fianza”, hacían lo propio desde UGT. Desde PP, PSOE y C´s respetaron la decisión de los jueces. “El estado de derecho acaba poniendo a cada uno en su sitio”, se alegraba el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

Vídeos de los líderes independentistas

Tanto Sánchez como Cruixart habían grabado vídeos previos a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional que se difundieron cuando esta se conoció. “Os quiero pedir que cualquier respuesta que hagamos en los próximos días y, sobre todo, las que tendremos que continuar haciendo en esta movilización permanente que nos debe llevar hasta la proclamación de la república, la hagamos siempre con esta actitud que nos ha hecho tan fuertes: unidad, civismo y confianza en nosotros mismos”, decía el líder de la ANC. “Nos dijeron muchas veces que no podríamos votar y lo hemos hecho. Ahora nos dicen que no podemos crear este nuevo Estados y aunque algunos de los representantes de las entidades del soberanismo estemos privados de libertad, tenemos que seguir trabajando de modo organizado”, hizo lo propio Cuixart.

“Jordi Sánchez y Jordi Cuixart vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Catalunya frente al resto de España en un proceso en el que todavía se encuentra en marcha”, argumentaba Lamela para enviar a los líderes independentistas a Soto del Real. Sánchez y Cuixart declararon por las multitudinarias movilizaciones que tuvieron lugar el pasado día 20 de septiembre cuando varios trabajadores y cargos de la Generalitat fueron detenidos en las investigaciones para evitar el referéndum. Miles de personas rodearon la Conselleria de Economia mientras guardias civiles la registraban, dificultando la salida de los agentes hasta varias horas después. ANC y Òmnium, acusadas de convocar a la gente, desconvocaron la movilización por la noche, aunque la protesta siguiera unas horas más.

Abogados consultados ven intencionalidad política en la decisión judicial. “Declararon hace días y Fiscalía pidió posponer el trámite de petición de medidas cautelares hasta ayer, para ver qué sucedía en el Parlament y la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno”, explican. También ven en el auto de la juez Lamela una antesala para la ilegalización de ANC y Òmnium, organizaciones con decenas de miles de militantes. Una gran parte de la derecha española quería a independentistas en la cárcel, ya los tiene. El independentismo y el soberanismo catalán, en general, volverá a salir a las calles. Se recrudece el conflicto político y social.