Sectores políticos y sociales trabajan para evitar que Cataluña resulte humillada

BARCELONA.- El Banco Sabadell a Alicante. Caixa Bank a Valencia. Madiolanum también a la capital valenciana. Arquia a Madrid. Abertis también estudia sacar su sede fuera de Catalunya. Gas Natural, Seat, Freixenet, Codorniu y otros se lo piensan. En tromba, en las últimas horas, empresas importantes envían señales de desconexión Catalunya, tal y como informó este periódico, ante la inestabilidad política y económica que podría generar una declaración unilateral de independencia. Y el independentismo, ante tal situación, se agrieta. El bloque unitario, que había unido a opciones políticas tan diversas como el anticapitalismo de las CUP o la derecha del PDeCat, se tensiona. El conseller de Empresa, Santi Vila, con apoyo de parte de la dirección del PDeCat, pide al president Carles Puigdemont que se relaje, hay que aplicar los resultados del referéndum, pero hay que medir los tiempos y las posibilidades de éxito, consideran. 

Aún así, Puigdemont comparecerá el próximo martes por la tarde, por petición propia y para sortear la invalidación por el Constitucional de una sesión amparada en la Ley del Referéndum, en el Pleno del Parlament. Gana tiempo, en un principio estaba previsto que lo haría el lunes, y será un acto que no tendrá repercusiones jurídicas. El Govern busca, por todos los medios, vías de diálogo con el Gobierno. Una intermediación que facilite una salida al laberíntico momento que vive la política catalana. Tras la celebración del referéndum del 1-O y la masiva movilización del pasado martes en la jornada de "paro de país" y huelga general, un gran sector de la sociedad catalana no permite que esto no acabe en la declaración unilateral. Sin embargo, la fuga de empresas fuera de Catalunya dificulta mucho que este anhelo de una gran parte de la población se pueda hacer realidad.

Lo veníamos diciendo en cuartopoder.es, después del 1-O nada volvería a ser igual. También que el apoyo al referéndum era mucho más amplio que el independentismo, así como que el rechazo a las cargas policiales del domingo o a las detenciones del pasado día 20 de septiembre de cargos de la Generalitat era mucho más amplio, también, que el independentismo militante. Puigdemont y el Govern no gozarán del apoyo social de las últimas semanas si declara la independencia unilateralmente. Algo que, de momento, no se puede descartar de ningún modo. El independentismo, pese a la guerra mediática de los últimos días, sigue teniendo una fuerza y capacidad de organización social inmensa, una capacidad de movilización sorprendente. Y una gran parte de la sociedad catalana mantiene intactos sus anhelos de ser una república independiente. La CUP y una gran parte de ERC aprietan a Puigdemont para que declare la independencia. Sindicatos independentistas y alternativos ya han hecho un preaviso de huelga general para presionar a favor de la ejecución de la declaración secesionista.

El Gobierno de Mariano Rajoy, mientras tanto, permanece inmóvil en su postura. Mientras haya posibilidad de esta declaración no la hay de diálogo, a pesar de las múltiples sugerencias para que se siente a negociar con el Govern que recibe de dentro y fuera del Estado español. Numerosas ofertas de mediación se han puesto sobre la mesa. Importante es el papel que está desempeñando en este sentido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuya propuesta es avalada por CCOO y pasaría por reconocer un referéndum acordado más adelante. Iglesias es interlocutor de Puigdemont, de Junqueras, de Rajoy, del Vaticano. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, son algunas de las propuestas que suenan para la mediación. El Vaticano, sindicatos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio como el Colegio de Abogados de Barcelona se ofrecen para actuar como intermediarios. También el PNV, aliado histórico de la antigua Convergència y partido con cuyo apoyo Rajoy consiguió aprobar los presupuestos del 2017.

Sin embargo, la derecha española quiere más. Desde la izquierda y el independentismo advierten, "sectores de la derecha quieren una Catalunya vencida y humillada". Ciudadanos, que se escora también por momentos a la derecha, se acerca cada vez más a FAES, la fundación de José María Aznar, quien pidió a Rajoy que si no tiene ánimos suficiente para solucionar el problema catalán se eche a un lado y convoque elecciones. Ciudadanos pide abiertamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intervención de la autonomía catalana. La derecha española sugiere, incluso, la aplicación del 116, el estado de excepción. Este hecho supondría un recorte de derechos y libertades de gran relevancia en Catalunya.

La sociedad catalana respondería con contundencia en movilizaciones, en las calles, a cualquier hecho que dañara su autogobierno. Hay que diferenciar entre esto y la independencia, cuya declaración no goza de tanto apoyo. Desde el referéndum, desde una gran cantidad de medios de comunicación españoles se ha alentado al nacionalismo español que ha crecido en las últimas semanas exponencialmente. Banderas rojigualdas en balcones de toda España. El apoyo a la actuación de la Guardia Civil y Policía Nacional del domingo, con cargas desproporcionadas, tal y como denuncian organizaciones y medios de comunicación internacionales, o las concentraciones en favor de la unidad de España en numerosas ciudades de toda la geografía española son buen ejemplo de esta exaltación nacionalista española.

El parcial discurso del Rey del pasado martes, que no tuvo ninguna apelación al diálogo o la mediación, así como declaraciones de dirigentes o exdirigentes políticos de gran relevancia mediática y social, echan más leña al fuego desde el bando "españolista" para que la solución pase por el estricto cumplimiento de la ley desde una lectura restrictiva de la misma. En ninguna ley se dice que no se pueda llegar a una solución acordada. El "españolismo" más recalcitrante quiere ver a Puigdemont en la cárcel. El otro día, en Zaragoza, un dirigente de la Falange alentaba a los asistentes a una concentración que coreaban: "Puigdemont a prisión". Tiempos pasados que regresan y que no hay que perder de vista. El catalanismo más amplio, más allá del independentismo, ese que fue capaz de organizar el 1-O con el aparato del Estado en contra, está triste, está tocado, pero no permitiría una "humillación catalana" como final de este conflicto.

Llaman la atención las declaraciones de Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno socialista, en una entrevista  radiofónica el miércoles, pocas horas después del discurso del Borbón. El socialista tildaba de “golpe de Estado” la deriva independentista. Esa calificación lleva una connotación que nos lleva a los tiempos más oscuros de nuestra historia, da miedo o pretende darlo. Al mismo tiempo que se refería a un "golpe de Estado" por parte del independentismo, sugería la presencia de militares en las calles catalanas, apelando a que en otros países europeos esto ya ocurre como medida contra el terrorismo. Guerra calificaba de algo parecido al fascismo al movimiento independentista, pero también criticaba que militantes de ERC fueran profesores en institutos y colegios catalanes, como cuestionando la validez de los funcionarios públicos según su ideología y militancia política. Las reacciones del nacionalismo español que sugieren un deseo de venganza que va más allá de la solución del problema actual.

Mientras tanto, surge la iniciativa "Hablamos" desde la ciudadanía. Una apelación al diálogo que llama a movilizarse con símbolos blancos en las plazas de los ayuntamientos de todo el Estado. Una movilización sin banderas. Septiembre ha sido el mes de las banderas. Y el domingo volverán las banderas, manifestación "españolista" cuyo manifiesto final será leído por Isabel Coixet, Mario Vargas Llosa y Josep Borrell. Ya se organizan autobuses desde Madrid rumbo a Barcelona.

Mientras la declaración unilateral de independencia pierde apoyos cada día, se buscan soluciones que permitan cerrar la crisis sin que haya vencedores ni vencidos. Una solución al actual conflicto que suponga una celebración del nacionalismo español implicaría que una gran parte de Catalunya habría resultado humillada. Y que eso, lejos de solucionar el conflicto, lo postergaría en el tiempo. Ejemplos en la historia haylos. La declaración unilateral de independencia llevaría a la implantación del 155. El 155 sería rechazado por la mayoría de la población catalana. La declaración unilateral de independencia pierde apoyos cada día.