Joan Subirats: «Barcelona no quiere expulsar turistas, sino proteger la ciudad»

BARCELONA.- El doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats (Barcelona, 1951), recibe a cuartopoder.es en el Ateneu de Barcelona. Los chaparrones veraniegos que caen sobre la capital catalana espantan a los turistas que normalmente, a esa hora del mediodía, colapsarían las callejuelas del Barrio Gótico. Toca hablar de turismo, de los problemas que este fenómeno acarrea a esta ciudad y de cómo afrontarlos. También trataremos con Subirats, director del programa de doctorado del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, aspectos relacionados con el municipalismo y con cómo se han desarrollado los primeros dos años y algunos meses de alcaldía de Ada Colau. Subirats forma parte de los órganos de Barcelona En Comú y de Catalunya En Comú, la confluencia entre varios partidos de izquierdas que lidera Xavier Domènech. El referéndum del 1-O, como no podía ser de otra manera, ocupa una buena parte de la entrevista.

— El turismo es el principal problema de Barcelona, según el último barómetro semestral del Ayuntamiento… ¿Qué se puede hacer?

— El turismo es un fenómeno que ha crecido en intensidad y fuerza durante los últimos años por encima de las previsiones. Se han desarrollado varios factores simultáneos, el turismo que llega en avión, también en cruceros, el crecimiento en número de hoteles y el gran impacto que ha tenido Airbnb, que ha metido en el mercado muchísimos pisos en los que antes vivía gente. Todo esto ha hecho que el gobierno de la ciudad esté gestionando el tema. Se ha establecido una moratoria de creación de hoteles, incluso en algunas zonas como Ciutat Vella, de reducir el número a través de congelar la nueva creación de alojamientos. Esa medida tan drástica de congelación tiene otras previsiones de crecimiento en otras zonas. Hasta el momento es una ciudad que concentra a muchísimos visitantes en poco espacio, se concentra mucho en Ciutat Vella, Paseo de Gràcia, Sagrada Familia… Y no se ha distribuido por otros barrios.

Barcelona es la segunda ciudad con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado de España, después de Hospitalet, seguida por Badalona, Santa Coloma y Cornellá (*). Todas en esta área. Si a eso le añades la gente del área metropolitana que viene a trabajar o a comprar, el nivel de densificación es muy alto. Eso genera problemas de acumulación en los espacios públicos. Además, otros problemas añadidos serían el incivismo de algunas personas que vienen tres días a un apartamento y no tienen la necesidad de llevarse bien con los vecinos. Otro aspecto importante es la repercusión en los alquileres. La ciudad ha pasado de tener un 70 por ciento de vivienda en propiedad y un 30 en alquiler a un 60-40, pero el alquiler ha aumentado un 30 por ciento en los últimos dos años. Eso genera otro fenómeno, el de expulsión de la gente que no puede seguir pagando esos precios altos. Es un fenómeno muy complejo, implica muchos temas.

— ¿Y cuáles deberían ser lo siguientes pasos del ayuntamiento para abordar el problema?

«Se ha hecho una alianza entre Nueva York, Londres,  Ámsterdam, París, Berlín y Barcelona para trabajar y poner límites a AirBnB, las ciudades están soportando una presión enorme»

— En algunas zonas, como Barceloneta o Santa María del Mar, la sensación de acoso es muy grande, se cierran equipamientos tradicionales. Decimos que en Santa María del Mar es más fácil comprar Dolce&Gabbanna que un paquete de leche. Hasta ahora se ha intentado negociar con Airbnb, después de ponerle sanciones, para que sólo admita en su web aquellos apartamentos que estén legalizados. En segundo lugar, aumentar la vivienda pública que proteja a los sectores de la población que tienen más difícil el acceso a la vivienda. En Berlín, tienen una tercera parte de las viviendas públicas, otra tercera parte de cooperativas y el tercio restante, privadas. Aquí, sólo un 1,5 por ciento es de titularidad pública. El problema es que todo esto es lento, en pasar del 1,5 al 10 por ciento se puede tardar unos 10 años.

El nivel de incumbencias de Barcelona no está al nivel de las competencias, el límite de competencias es muy limitado, la capacidad de cambiar las leyes, por ejemplo. Con otra ley de alquileres se podría regular mejor. El ayuntamiento no lo ha hecho, pero la sociedad civil ha creado un sindicato de inquilinos, es una novedad, ya que la gran mayoría de desahucios son por impago de alquiler. Es novedad aquí en España, pero en Estocolmo ya existía en 1923 un sindicato de inquilinos. Se han creado también desde la sociedad civil plataformas en las zonas más afectadas por el turismo.

Hay un intento de evitar que se vacíen los locales comerciales en planta baja para colocar sólo tiendas de souvenirs. En algunos casos, el ayuntamiento podría comprar algunos locales para proteger una zona, se ha hecho algo ya. En París, por ejemplo, hay muchas librerías pequeñas por una normativa en la que cuando quieren echar a una librería, el gobierno municipal tiene la posibilidad de comprarla y seguir manteniendo el alquiler. El mayor propietario de librerías de París es el ayuntamiento. Se ha hecho una alianza entre Nueva York, Ámsterdam, Londres, París, Berlín y Barcelona para trabajar y poner límites a AirBnB, los estados no intervienen mientras que las ciudades están soportando una presión enorme.

— ¿La famosa acción de Arran contra un autobús turístico ha servido para introducir el tema en el gran debate público?

— Sí, es evidente que hay una cierta desproporción entre la realidad de los hechos de Arran y el gran ruido que se ha provocado. También es cierto que eso ha generado un impacto a nivel internacional sobre la llamada ‘turismofobia’ que yo creo que no es tal. En Barcelona no hay voluntad de expulsar turistas, sino de proteger a la ciudad. Es evidente que se eligió como alcaldesa a Ada Colau porque había una sensación de que había que proteger a la ciudad, porque se perdía.

La acción de Arran puede ser significativa porque surge desde la marginalidad y lo quiere poner en primera línea, pero el método utilizado no es el más adecuado. Es como cuando la CUP pide la expropiación de la catedral para convertirla en no se sabe qué por el hecho de que la Iglesia no está pagando los impuestos que le tocarían. En el fondo, el mensaje es interesante, pero la propuesta parece algo irreal. Estas acciones no solucionan el problema y más bien lo pueden complicar.

— Ya hemos pasado el ecuador de la legislatura en la que Colau entró como alcaldesa. ¿Cuáles han sido las debilidades de este gobierno?

«En los países nórdicos el 60% del gasto público es de los ayuntamientos. Aquí es del 13%, casi lo mismo que con Franco: el 12%. Tienen más obligaciones, pero iguales competencias»

— Tener 11 concejales de 41 es una debilidad manifiesta, hacen falta 21 concejales para aprobar presupuestos. Después de pactar con el PSC, porque ERC no quiso en su momento, hay 15 concejales y se siguen necesitando seis más para aprobar cosas importantes. Es cierto que el sistema de gobierno local atribuye bastantes facultades al alcalde, algo que en un régimen parlamentario normal no pasaría. Por esto, esta debilidad no impide que se hayan hecho cosas importantes.

La segunda debilidad es la Ley Montoro, que hace que la prioridad máxima sea pagar la deuda y que incluso no se pueda utilizar el excedente para mejorar servicios. Otra debilidad puede ser la falta de experiencia del equipo de gobierno, las fuerzas vivas no les conocían cuando llegaron. Esto es una fortaleza y también una debilidad, porque estas fuerzas vivas son muy influyentes en los medios de comunicación, en la construcción de obra pública… Cualquier pequeña cosa que sale inmediatamente se convierte en un gran tema, es una debilidad la falta de tradición y de haber construido tus propias redes de apoyo más allá de los movimientos sociales.

Otra debilidad es que hay un nivel de incidencia de los cambios que se están produciendo en las ciudades a nivel global muy grande y el nivel de competencia no llega a ese nivel. Si comparas el gasto público que tienen los municipios con respecto al total es del 13 por ciento, el 51 del Estado y el 36 las autonomías. Cuando murió Franco era 88 por ciento el Estado y el, 12 los ayuntamientos. El cambio, proporcionalmente, ha sido muy pequeño. Si comparas con los países nórdicos, el 60 por ciento es para los municipios, gestionan sanidad, educación, etc. Su nivel de incumbencia está relacionado con el de competencia, el nuestro no.

— ¿Y las fortalezas de estos primeros dos años y pico de Barcelona En Comú?

— En el programa electoral de Barcelona En Comú había cuatro prioridades. Una era recuperar la ciudad, eso se hizo con rapidez y se dio un mensaje claro de que no se iba a acompañar simplemente al mundo de los negocios, se quería una alternativa. Después, responder la emergencia social que existe, también se ha hecho. Se ha incorporado Vivienda a Política Social, porque debería ser un derecho y tenemos un déficit de vivienda pública enorme, se ha dado respuesta poniendo en marcha cesiones de suelo público para construcción de cooperativas, se han comprado edificios…

Un tercer elemento era intentar aumentar los niveles de participación ciudadana en las decisiones públicas, tenemos Decidim Barcelona, que sigue los parámetros de Madrid Decide. En el año 2018 se va a hacer una consulta ciudadana sobre varios aspectos de la ciudad. La alcaldesa está visitando cada barrio cada tres semanas. El cuarto aspecto era mejorar el tema de corrupción, transparencia, relanzamiento ético de la ciudad… Se rebajaron los salarios, se ha construido con X-Net un sistema de transparencia que permite las denuncias anónimas de cualquier hecho que afecte al ayuntamiento…

«Una economía colaborativa requiere soberanía tecnológica. El ayuntamiento debe velar para que Deliveroo, Google, AirBnB o Uber no utilicen la actividad urbana para exprimir nuestros datos»

Yo diría que, en conjunto, se ha conseguido un cambio de rumbo. Diría que aún no se sabe muy bien hacia dónde vamos, hemos cambiado el rumbo y falta saber a qué ciudad estamos apuntando. Sí que apuntamos a una ciudad más amable, colaborativa, justa, pero veremos eso cómo se concreta y se visualiza. También me preocupa el aspecto tecnológico, avanzamos a una sociedad en la cual Deliveroo, Google, AirBnB o Uber controlan cada vez más datos de las cosas que pasan en la ciudad. En muchos casos, eso se hace a través de extraer datos de la propia actividad urbana. El ayuntamiento tiene que dar respuesta a eso, se ha creado un Comisionado. El tema de la soberanía tecnológica me parece muy importante para que una economía colaborativa, y no extractiva como la de AirBnB y Uber, se pueda poner en marcha.

— Estamos viendo que, en muchas ocasiones, cuando se ponen en marcha este tipo de procesos participativos, la participación es baja…

— La capacidad de participación tiene que estar vinculada a elementos que afectan a las prioridades de la gente, que tiene que asumir responsabilidad. Aquí se ha hablado de coproducción de políticas. Esto tiene que ver con incorporar a la gente en el diagnóstico de los problemas, no sólo en la decisión final. Venimos de una tradición ilustrada, del deciden los que saben, se parte de que la gente no sabe. La gente tiene que asumir un rol distinto en la implicación ciudadana, no sólo como usuaria, sino como copartícipe. Eso es una cuestión de aprendizaje.

 

— Mucha gente que está ahora en cargos públicos en los "ayuntamientos del cambio", pero también en otras instituciones, provienen de los movimientos sociales. Es la dicotomía entre el palacio y la plaza de Pasolini. ¿Hasta qué punto la entrada en las instituciones ha conllevado una desmovilización social?

— Desde el principio se tenía muy presente lo que se decía en el 79, el pueblo ocupaba los ayuntamientos y los ayuntamientos pedían que se volviera a casa, que el pueblo ya estaba representado. Siempre hay que mantener la tensión entre la plaza y el palacio. Yo no diría que se ha desmovilizado, han habido reacciones de la PAH porque la política sobre vivienda del Ayuntamiento puede ser lenta, ha habido un sindicato de inquilinos, huelgas muy importantes que demuestran que sigue la movilización esté quien esté en la institución... Una concejal del Ayuntamiento sigue informando de los desahucios, pide ayuda a la gente para paralizarlos, se acepta que no se llega a todo y que sólo a través de la movilización se podrá conseguir. Ese reconocimiento de los límites es importante.

— En junio se celebraba el encuentro Fearless Cities en Barcelona. Un encuentro de ciudades global. ¿Qué papel tienen las ciudades, el municipalismo, para un cambio en esta sociedad globalizada?

«Todo sucede en los municipios y, en especial, en las ciudades que es donde el poder político trata directamente con el ciudadano y con sus problemas, y los alcaldes deben resolverlos»

— El mundo cada vez es más global y el capitalismo, también, parece insensato trabajar a nivel local cuando la dimensión es esa. También es cierto que los estados son más controlables que las ciudades. A través de las políticas financieras, del endeudamiento y de la austeridad han sido capturados por los fondos de inversión. Todo sucede en los municipios y, en especial, en las ciudades. En los estados se abordan cuestiones abstractas, pero es en la ciudad donde el poder político trata directamente con el ciudadano y con sus problemas, y son los alcaldes quienes deben resolverlos.

Benjamin Barber, en ¿Por qué los alcaldes deberían gobernar el mundo?, dice que si cinco alcaldes de cualquier sitio del mundo se encuentran en una mesa, al cabo de cinco minutos van a hablar de lo mismo, de transporte, vivienda, movilidad, espacio público… Si en vez de alcaldes fueran jefes de estado, les costaría hablar de lo mismo porque tienen regímenes políticos distintos, sistemas de valores distintos… El estado no es global, la ciudad sí que lo es.

— Hablemos del referéndum. ¿Cuál es su pronóstico para el 1-O?

— Es muy complicado saberlo. Es obvio que el Estado no va a cambiar de política y va a intentar pararlo de todas las formas posibles, por otro lado es imposible hablar de un referéndum pactado, legal, y que los resultados puedan tener efectos. Dicho esto, la voluntad y convicción de los que han convocado el referéndum, que son como mínimo un 40 por ciento de la sociedad, va a provocar que ese día haya urnas y la gente vaya a votar. Ese día habrá una movilización muy importante a favor del derecho a decidir, de reivindicar que Cataluña es un sujeto político propio y que tiene derecho a su soberanía para decidir su relación con el resto de España.

El grado en que esa movilización acabe teniendo consecuencias, no lo sé. Si fuera un referéndum normal, tendríamos que estar haciendo campaña por el ‘sí’ y el ‘no’. De momento, sólo hay campaña por el ‘sí’, los que votarían ‘no’ o no lo ven claro no están presentes en el debate. Si por parte de los que lo convocan dicen que va a ser vinculante, que se van a tomar decisiones que pueden tener efectos graves sobre la estabilidad y relación con el resto de España… Habrá que ver qué nivel de participación tiene, qué sectores de la sociedad se han sentido interpelados y cuáles no.

— Desde Madrid, Podemos e IU abogan por un referéndum pactado, parte de los comunes también, incluso se ha intentado desde JxSi… ¿Tiene que esperar Cataluña a que le dé permiso Madrid para el referéndum? ¿Cuánto tendría que esperar?

«No creo que haya que esperar a que nos den permiso para el referéndum. La estrategia del 'no' como única política tiene sus límites. El descrédito del Estado en Cataluña es espectacular»

«No creo que tengamos que esperar a que nos den permiso. Hay que mantener la presión. Creo que la capacidad, desde Madrid, de mantener como única política el ‘no’ tiene sus límites»— Creo que la acción del 1-O puede ser positiva para que se vea la necesidad de avanzar en esa línea. Supongo que si en vez de hablar de una acción que apoyan claramente fuerzas políticas apoyadas por el 47,8 de la población, fuera algo más amplio, aumentaríamos la fuerza. Me refiero al Pacte Nacional pel Referèndum en el que estaban sindicatos, más formaciones políticas, organizaciones de todo tipo… Desde el ámbito de JxSi se dijo que ya se cumplía la función el Pacte y que ahora había que ir a por el referéndum. Se ha perdido la oportunidad de esa coalición.

No creo que tengamos que esperar a que nos den permiso, yo digo de seguir con esa unidad y seguir la presión. Creo que la capacidad, desde Madrid, de mantener como única política el ‘no’ tiene sus límites. Rajoy dice de esperar al 1-O, desde los socialistas se dice que hace falta diálogo, una reforma constitucional… Seguramente esto llega tarde, pues el nivel de descrédito del Estado en Cataluña es espectacular.

— En temas como el censo, los apoyos internacionales, urnas… ¿Ha hecho el Govern los deberes para que se cumpla su promesa sobre el referéndum? ¿Pueden hacer los deberes teniendo al Estado español en contra en todo?

— No estoy diciendo que el Govern esté haciendo mal sus labores, digo que han tomado una decisión por razones de calendario interno, se pusieron unos límites temporales tan precisos que les han hecho que perdieran por el camino un sector favorable al referéndum. En un tema tan complejo no creo que sea bueno ponerse esos límites temporales cuando es evidente que es un tema que no va a desaparecer. El apoyo al derecho a decidir seguirá el 2 de octubre. Por tanto, creo que hay que seguir trabajando y no ponerse límites temporales precisos.

— En un artículo suyo, “Referéndums”, habla de que en un referéndum se polarizan mucho las posturas y no se tratan en profundidad todos los temas. ¿En qué temas no se está profundizando en este proceso hacia el 1-O?

— Creo que una cosa en la que Catalunya En Comú insiste es en que no se debe hablar de una única soberanía, sino de múltiples soberanías… No sólo de soberanía nacional, también tecnológica, alimentaria, energética… Creo que si nos centramos en hablar de soberanía nacional estatal, en un mundo globalizado, se nos van por las grietas otra serie de soberanías que son muy importantes y que se deben poder ejercer. Parece que estamos poniendo toda la carne en el asador de la soberanía estatal y a eso estamos relacionándolo todo, parece que el resto de problemas desaparecerían así. Hay una cierta posibilidad de que al no discutir sobre el resto de soberanías, estemos trabajando por una soberanía estatal con personas que no tenemos nada que ver.

— Dentro de los comunes hay diferentes posturas sobre qué hacer ante el 1-O, desde considerarlo una movilización, hasta apoyarlo, llamar o no a la participación… ¿Usted qué opina?

«Considero que Catalunya En Comú debería estar con quienes coloquen las urnas, Colau no debe poner inpedimentos, pero tampoco comprometer el estatuto de los empleados municipales...»

— Mi apuesta particular es que se debería llamar a la movilización y estar al lado de los que coloquen las urnas frente a la actitud represiva del Estado. Luego, como organización, no impondría el hecho de si hay que votar o no votar. Personalmente, seguramente participaría en la votación, pero no creo que como organización debamos llegar a ese punto, porque hay muchas discrepancias internas. Es evidente que si se llama a votar, se está aceptando un marco de juego en el cual el resultado tiene efectos, y creo que eso en el conjunto de la organización no está maduro.

— ¿Qué votará?

— No lo he pensado aún. En el 9N voté ‘sí’ y ‘sí’, ahora no lo tengo decidido.

— ¿Debe Ada Colau facilitar desde el Ayuntamiento que la gente vote en Barcelona?

— Todo el mundo está de acuerdo en que el Ayuntamiento no tiene que poner impedimentos de que la votación se haga, pero tampoco puede comprometer el estatuto de sus trabajadores…

— Joan Tardá, en una reciente entrevista con este medio, decía que dependiendo de si los comunes llaman a la participación o no será posible un posible acuerdo de las izquierdas catalanas en el futuro, que puede haber una ruptura emocional en las izquierdas…

— Si hablamos de soberanías compartidas, en el eje izquierda o derecha, estaremos más cerca de la CUP y ERC que del PDeCat. Por lo tanto, el poner todos los huevos en la cesta de la soberanía nacional y estatal, puede generar esa lógica de ruptura emocional. Yo no creo que deba estar todo supeditado al 1-O, porque el 1-O no se acaba el mundo, luego vienen más días, elecciones catalanas después de octubre, municipales…

(*) La localidad con mayor densidad de población de España es la valenciana de Mislata, con 20 867,96 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km²), pero sólo tiene 42.988 vecinos, según datos de 2016. En ese caso, l'Hospitalet de Llobregat sería la segunda con mayor densidad de población y Barcelona la cuarta, por detrás de Santa Coloma de Gramanet. Si se tienen en cuenta sólo las poblaciones de más de 200.000 habitantes, entonces sí que l'Hospitalet (18.146,9 hab./km²) es la primera, Barcelona (16.582,5), la segunda, y Badalona (10.219,0), la tercera, seguidas por Bilbao (8.418,2), La Coruña (6.575,5), Valencia (5.795,9), Sabadell (5.537,3) y Madrid (5.503,0).