Presidente del Constitucional y azote del colectivo gay

“El legislador constituyente coloca al matrimonio y a la familia bajo la protección de la Constitución y uno de los principios estructurales de la institución es el sexo diferente de la pareja, pues el mandato constitucional es que sólo pueden contraer matrimonio las parejas heterosexuales”. Si algo se puede decir de Juan José González Rivas, nuevo presidente del Tribunal Constitucional con los votos del sector conservador y la abstención de los magistrados progresistas, es que es un hombre tradicional.

González Rivas (Ávila, 10 de mayo de 1951) fue uno de los tres miembros del Constitucional que, junto a Ramón Rodríguez Arribas y Andrés Ollero, emitió el 6 de noviembre de 2012 un voto particular discrepante a la histórica sentencia que avaló el matrimonio homosexual y rechazó el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en septiembre de 2005 para tratar de frenar la reforma del Código Civil que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De orientación marcadamente conservadora y de convicciones profundamente católicas, el nuevo presidente del TC dejó escrito en ese voto particular que el matrimonio es “una institución preexistente al texto de nuestra Constitución”, por lo que la incorporación de las personas del mismo sexo a su definición supone “establecer una garantía constitucional transformada que afecta a la imagen sustancial de la misma”.

En “coherencia” con esa opinión, apuntó que la adopción conjunta “no está a disposición de los miembros de una pareja del mismo sexo”, pues la Carta Magna “garantiza el matrimonio en su estructura esencial como unión entre dos personas de distinto sexo que es vinculante para todo el ámbito del Derecho de Familia, singularmente en la filiación y en las relaciones paterno-filiales tanto en lo que respecta al Derecho público como al privado”.

González Rivas sustituye en la Presidencia del TC a Francisco Pérez de los Cobos tras haber logrado el apoyo de los siete magistrados que fueron elegidos a propuesta del PP y la vocal Encarnación Roca, promovida en su día por el PSC con el visto bueno de CiU, que ocupará la Vicepresidencia de la institución gracias al sector conservador, mayoritario en el tribunal de garantías.

Al Constitucional, su nuevo presidente llegó en 2012, después de veinte años de carrera como magistrado del Tribunal Supremo, donde llegó a presidir la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Allí fue ponente de una sentencia en la que denegaba a una magistrada de Cantabria el permiso de 15 días que había pedido tras haberse inscrito como unión de hecho de un funcionario de justicia al que sí le concedieron la licencia. González Rivas defendió entonces que no se puede aplicar extensivamente al reglamento de la carrera judicial la asimilación de la licencia por matrimonio con la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho.

Quienes le conocen destacan su gran capacidad de trabajo y sus sólidos conocimientos jurídicos, cimentados a partir de un doctorado en Derecho con sobresaliente cum laude por una tesis sobre la Justicia Constitucional en el Derecho Comparado y en el Derecho Español, su trabajo como letrado del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el propio Constitucional, y sus 42 años de carrera en la judicatura, desde que en 1975 fuera designado juez de Primera Instancia e Instrucción en la localidad abulense de Piedrahita.

Su nombramiento ha sido posible en buena medida por el veto que el PSOE impuso al magistrado Andrés Ollero, diputado del PP durante 17 años, y le coloca al frente del Constitucional en un momento en el que tendrá que dar respuesta a los planes del Parlamento de Cataluña para celebrar un referéndum de independencia en septiembre de este mismo año.

Al igual que el resto de miembros del tribunal, en el que ha reinado la unanimidad para tratar de frenar el proceso soberanista catalán, González Rivas ha votado a favor de la decena de resoluciones que se han dictado desde que, en enero de 2013, el Parlamento catalán aprobara una declaración de soberanía que consagraba “el derecho a decidir del pueblo catalán”. Del nuevo presidente no se esperan sorpresas ni que abandone su perfil tradicional.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.