La rebelión de las ‘ranas’ de Aguirre

Aunque la lista de cargos del aguirrismo que se encuentran imputados por corrupción supera actualmente la treintena, la expresidenta del Partido Popular de Madrid sigue manteniendo que solo dos le salieron rana: Alberto López Viejo, que amagó sin dar en el juicio de la Gürtel, y Francisco Granados, que empieza a hablar a poquitos, a medida que su estancia en la cárcel como presunto cerebro de la red de corrupción Púnica parece ir minando su paciencia.

López Viejo, al que llamaban El Toyota en sus tiempos en el Ayuntamiento de Madrid por la fijación que tenía para comprar los coches del servicio de limpieza en el concesionario de "un primo o un amigo", según declaró la directiva de la Gürtel Isabel Jordán, se desvinculó de la decisión de fraccionar y luego adjudicar a dedo los contratos que la Comunidad de Madrid otorgaba a las empresas de Francisco Correa y salió del paso atribuyéndosela al nebuloso concepto de "las consejerías", que recuerda al no menos nebuloso de "los voluntarios" que Artur Mas utilizó para descargar la responsabilidad de organizar la consulta soberanista del 9N.

Solo atizó a Esperanza Aguirre, ovacionada hasta la lágrima este fin de semana en el Congreso Regional del PP madrileño que finiquita su legado, cuando habló del "fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia" y recordó, con malicia, que solo a la presentación del proyecto se dedicaron seis millones de euros, el mismo presupuesto que se llevó la Gürtel en concesiones públicas. Aun así, dejó en el ambiente la idea de que Aguirre estaba pendiente de todo y que solo hablaba con sus subordinados cuando tenía que tirarles de las orejas por algo que no habían hecho a su gusto.

En las últimas navidades Francisco Granados cambió de abogado y pidió voluntariamente declarar ante el juez Eloy Velasco aunque lo hizo para seguir negándolo todo y mantener, sin apenas despeinarse, que las cifras que había anotado en su agenda no eran donaciones de empresarios al PP madrileño, sino el número de asistentes que acudían a los actos públicos de Aguirre y los suyos. En aquella declaración el exalcalde de Valdemoro dejó la advertencia de que la lideresa no habría permitido la financiación ilegal de su partido, a la espera de que ella confirmara sus palabras. Lo insinuó entonces su nuevo letrado, Carlos García de Ceca, al apuntar que su cliente no tenía previsto “tirar de la manta” porque eso significaría “destapar a otro”.

Pero Aguirre no desmintió la caja B del PP madrileño que investiga el juez Eloy Velasco y, al contrario, reiteró que su “responsabilidad in vigilando” por este caso fue expurgada en febrero de 2016, cuando dimitió como presidenta de la formación tras el registro de su sede. De ahí que esta semana Granados le haya enviado desde la celda de la prisión de Estremera en la que permanece desde el 31 de octubre de 2014 una carta, escrita en cuartillas color verde esperanza, en la que bascula entre la melancolía y el despecho. “Esa no es la forma de actuar de la Esperanza que los afiliados del PP de Madrid conocen”, lamenta.

Granados, que cuenta ya con todos los dedos de una mano las veces que la Audiencia Nacional le ha negado salir de prisión, deja claro en la misiva, que remitió a OK Diario, que no piensa  asumir él solo el marrón de la financiación ilegal del PP madrileño:  “Una de tus frases preferidas, que tantas veces has repetido como consejo es: ‘Todo se puede delegar menos la supervisión’. Y todos los que hemos trabajado contigo sabemos que siempre has actuado así. Absolutamente nada, ni el en el Partido, ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno. Todo el que ha estado a tus órdenes lo sabe”.

Coincidiendo con la batería de registros que el juez Eloy Velasco ordenó para impulsar la pieza secreta en la que investiga lo que Granados no duda en calificar de “enorme falsedad”, el exnúmero tres de Aguirre ha dado otro paso más contra su antigua jefa al involucrarla directamente en la trama Púnica y solicitar su declaración como testigo en este procedimiento. Su tesis es que, si alguien tuvo la posibilidad de influir en los consejeros que trataron con los empresarios de la red corrupta, fue Aguirre y no él. Y que él, como reconocía en su carta desde la cárcel, nunca ostentó la "superioridad jerárquica" que le atribuyen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el resto de los miembros del Gobierno y ni siquiera tenía la potestad de nombrar a la totalidad de los altos cargos de su propia Consejería, que fueron elegidos, según dice en su escrito al juez, por la "confianza" que la presidenta tenía en ellos.

Aunque su petición para que declaren Aguirre y otros 24 testigos no tenga demasiados visos de prosperar, Granados también deja otro mensaje a su enemigo íntimo en el Gobierno y en el partido: Ignacio González, del que no pide directamente su comparecencia ante el juez aunque sí lo nombra para pedir que el exalcalde socialista de Getafe Pedro Castro y su concejal de Urbanismo, Francisco Santos, expliquen si negociaron con él las condiciones del Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista. Mensajes cada vez más directos que ponen de relieve que la rebelión de las ranas de Aguirre no ha hecho más que empezar.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.