De las declaraciones judiciales de todos los que trabajaron en los felices años noventa en el grupo empresarial de eventos que Francisco Correa levantó, al calorcito de los Gobiernos de José María Aznar, se desprende un halo de nostalgia de todo lo que fue y ya no es, y nunca volverá a ser, sobre todo desde que el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictara la primera sentencia contra la trama Gürtel, que condena a más de 12 años de cárcel a sus tres principales cabecillas y deja muy tocados todos sus argumentos de cara a los procedimientos que tienen que afrontar en el futuro.
“Éramos los mejores”, dijo con un puntito de orgullo Javier Nombela, el gerente de las empresas del denominado Grupo Pozuelo, con el que Don Vito monopolizó las adjudicaciones del municipio más rico de España cuando lo dirigía Jesús Sepúlveda, el hombre de los dos Range Rover y el Jaguar en el garaje.
Eran los tiempos en los que los dirigentes del Partido Popular “se cuadraban” al ver a Francisco Correa porque todo el mundo le consideraba “el amigo del presidente del Gobierno”, como reveló ante el tribunal el denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, y en los que Álvaro Pérez ya apuntaba a “genio” de las puestas en escena presidenciales, en definición de Luis Bárcenas, por afrontar con éxito la titánica tarea de cambiar la imagen de Aznar y --como el propio Bigotes presumió-- conseguir que saliera “guapo” en la tele. Años de excesos en los que la trama cerraba ‘La Posada de las Ánimas’, el club de los famosos en el centro de Madrid, para organizar una fiesta en la que, con la excusa de la celebración de Fitur, se pasaron como “gastos de imprenta y aplicación de la marca de la Generalitat Valenciana” más de 2.000 consumiciones de barra libre.
Esas copas llenas de arrogancia que, como en la canción de Loquillo, se bebieron durante años Francisco Correa y los suyos se han hecho añicos esta semana con una sentencia que, al condenarles por el delito de asociación ilícita, da por probada una de las tesis más combatidas por sus abogados: que montaron una organización cuyo fin era “manipular, alterar e influir” en la adjudicación de contratos públicos, gracias a los cuales recibieron de la Generalitat Valenciana más de cinco millones de euros entre 2005 y 2009.
La resolución, además, desmonta los principales argumentos utilizados por los acusados para presentarse como víctimas de una supuesta conspiración urdida por el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, y rechaza que la división del procedimiento en piezas que realizó el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, haya vulnerado sus derechos, que el tribunal valenciano careciera de la “imparcialidad objetiva” necesaria para dictar una sentencia ajustada a Derecho o que en algún momento dispensara "un trato desigual" a la representación de Pablo Crespo.
También avala la legalidad de las 18 horas de grabaciones que Peñas entregó en la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2007 y con las que se inició la investigación, al recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la validez de esta prueba no queda supeditada a la “conformidad” de los grabados ni a su obtención de manera “subrepticia”. “Sólo la escucha o grabación por un tercero sin autorización de ninguno de los comunicantes, ni de la autoridad judicial, convierte en inutilizable ese medio probatorio”, recuerda el tribunal que, de esta manera, considera que el exconcejal de las grabadoras no vulneró la intimidad de Correa ni el secreto de sus comunicaciones.
Para desgracia de los cabecillas de la Gürtel, que podrían volver esta misma semana a Soto del Real, los magistrados del tribunal valenciano también dan por probados los cohechos que realizaron a los cargos públicos del Gobierno de Francisco Camps que les facilitaban los amaños, con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez a la cabeza, la Perla de Novelda, que en los buenos tiempos se recorría los mercados del pueblo tocando los platillos mientras el resto de la orquesta coreaba, jubilosa, “el PP camina palante y el PSOE camina patrás”.
Y, por si fuera poco, los magistrados rechazan la teoría del árbol envenenado a la que se agarraron las defensas para intentar demostrar que las escuchas entre los líderes de la trama y sus abogados que el juez Baltasar Garzón autorizó durante su primera estancia en prisión contaminaron el resto del procedimiento. Victoria moral de Garzón, cinco años después de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, y derrota de los cabecillas de la Gürtel, que ahora tendrán mucho tiempo por delante para añorar aquellos maravillosos años: “Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba, en todas las esquinas mi juventud se suicidaba”.