En ocasiones veo ‘Gürtels’
Transita el juicio de la Gürtel por un escenario más propio del realismo mágico que de la crónica judicial, porque al nacimiento de fabulosas fortunas que se multiplican en las fértiles cuentas bancarias suizas y la onírica aparición de esposas que miraban sin ver cómo entraban los millones en su casa, se ha sumado en las últimas semanas la crucial intervención en los hechos enjuiciados de varios muertos a los que el tribunal debería pedir cuentas si quiere esclarecer toda la verdad.
El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que parece moverse siempre entre visillos o en la fina línea que separa la realidad de la ficción, reveló al tribunal la existencia de una serie de contratos de intermediación que justificarían una parte de los ingresos que le convirtieron en “el estigmatizado hombre de los 48 millones de euros en Suiza”, pero alegó que el custodio de los documentos "se nos ha muerto, como otros cuatro imputados en este procedimiento", y aunque le ha pedido los papeles, aún no ha obtenido respuesta de este mundo ni del otro.
Uno de los muertos mentados por Bárcenas es su íntimo amigo Francisco Yáñez, trabajador del PP durante más de treinta años, padre del apoderado de sus cuentas en Suiza y miembro, junto al estigmatizado millonario, del clan de Badajoz que Ángel Sanchís se llevó a trabajar a Madrid, en 1985, cuando Manuel Fraga le confío las finanzas de Alianza Popular (AP). Yáñez, que fue imputado por un delito de blanqueo de capitales poco antes de morir, tenía en Ginebra un depósito llamado Obispado en el que se ocultaron 177.973 euros que, según el sumario, pertenecían en realidad a la esposa de Bárcenas, aunque ella, a tenor de su declaración, no supiera ni que tenía cuentas en el país.
Tampoco han podido sentarse en el banquillo el arquitecto municipal de Pozuelo de Alarcón Leopoldo Gómez, a quien se relacionaba con la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de Francisco Correa, y la empresaria María del Mar Rodríguez Alonso, que habría utilizado una sociedad como pantalla de la red para adjudicarse el Congreso de Parques y Jardines Públicos que se celebró en 2004. Y en la pieza en la que se investigan las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Jerez no podrá ser juzgado el periodista Isidro Cuberos, jefe de prensa durante años de Javier Arenas, que se despeñó en octubre de 2015 por un barranco de Mijas cuando viajaba en moto.
Lo de echar mano de los muertos también ha formado parte de la estrategia de defensa de Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo al que le florecieron en el garaje de su casa un Jaguar y dos Range Rover fruto de su amistad con Correa. Unos minutos antes de declarar, el exmarido de Ana Mato se sacó de la manga las escrituras de seis fincas en la localidad toledana de La Puebla de Almoradiel cuya venta, al fallecimiento de su padre, justificaría unos ingresos de 207.000 euros de los que hasta ese momento nadie tenía constancia.
Al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que se pasó su declaración perdonándole la vida a la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, también se le apareció el testimonio del empresario Rafael Naranjo, ya fallecido, que reconoció ante el juez que le pagó un millón de euros en Suiza por amañar un contrato de limpieza en Moratalaz. “El señor Naranjo, debido a su edad, su situación personal y su estado de salud, no debería haber declarado nunca”, zanjó el acusado, consciente de que su insinuación nunca podrá ser rebatida.
Los acusados, que en ocasiones ven muertos, no hacen más que seguir la mil veces repetida estrategia de defensa consistente en echarle la culpa a quien ya no puede defenderse, la misma que utilizó Gerardo Díaz Ferrán con su socio Gonzalo Pascual para escabullirse de su responsabilidad en el hundimiento de Viajes Marsans o a la que se agarraron la mayoría de acusados en el caso Malaya, que como un solo hombre vinieron a testificar que en Marbella no se movía ni un folio sin que lo autorizase el difunto Jesús Gil.
Una táctica que en el caso Gürtel incluso aplicó el piadoso Juan Cotino, que se enfrenta a 11 años de cárcel por el saqueo de la Radio Televisión Pública Valenciana (RTVV) que supuso la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006. De los casi siete millones y medio de euros que costó instalar las pantallas y la megafonía del baño de masas papal, más de tres acabaron directamente en los bolsillos de Correa y los suyos, según el juez José de la Mata, que sostiene que el exdirector general de la Policía fue el factótum de la fundación que adjudicó los contratos. Pero Cotino, en su escrito de defensa, no sólo no hizo acto de contrición, sino que le echó la culpa al cardenal colombiano Alfonso López Trujillo y al entonces arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, que era, según dijo, “quien tenía la última palabra”. Sorpresa. Los dos están muertos.
