El PNV pide un Plan de Derechos Humanos que no deje al margen a los presos de ETA

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha vuelto a exigir al Gobierno un Plan de Derechos Humanos que guíe la acción gubernamental e incluya un informe semestral a la Comisión Constitucional sobre su aplicación, tanto en la acción exterior como en el interior del Estado español. Aunque el texto de la proposición no de ley, presentada el 20 de diciembre pasado, no menciona actuaciones concretas, uno de los objetivos consiste en aplicar la ley general penitenciaria, sin las excepciones en vigor contra los reclusos de la antigua banda terrorista ETA, que depuso las armas en 2010.

La iniciativa, firmada por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, recuerda que el último gobierno del PSOE, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha un Plan de Derechos Humanos. “Fue un mecanismo adecuado sobre los parámetros en los que el Gobierno debe transitar en esta materia”, subraya Esteban. Sin embargo, el Gobierno del PP incumplió la resolución que le obligaba a revisar y renovar el Plan de Derechos Humanos a pesar de que, según afirma Esteban, realizó un examen de “las carencias y los puntos fuertes del anterior que nunca quiso presentar en público”.

La opacidad del Gobierno de Mariano Rajoy no evitó las cinco condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por torturas a los detenidos como presuntos miembros de ETA, que se produjeron en 2015 y obligaron a resarcir económicamente a las víctimas con 200.000 euros. El entonces diputado Emilio Olabarría invocó en aquel caso la “severa admonición” al Reino de España por parte del relator de la ONU sobre la prevención de la tortura, el jurista holandés Theo van Bove, por torturas durante las detenciones incomunicadas en aplicación de la Ley Antiterrorista. Se trata del mismo relator que durante años denunció a ETA por la conculcación de los más elementales derechos humanos.

A raíz de aquellas condenas y del informe del comité de Naciones Unidas (más de 6.000 denuncias veraces y con suficiente fundamento, y 3.587 casos de torturas y malos tratos documentados entre 1960 y 2013), el Gobierno revisó el régimen de incomunicación especial. Además, el Parlamento vasco realizó un riguroso informe sobre las torturas y malos tratos a los detenidos a los que se aplicaba la Ley Antiterrorista.

Superada aquella situación de violencia y criminalidad terrorista, ahora es el momento, según Esteban, de que el Gobierno presente el nuevo Plan de Derechos Humanos. En su proposición no de ley fija un plazo hasta el 31 de marzo para aportar los objetivos en política exterior e interior, y hasta finales de junio para concretar las medidas y su alcance presupuestario. El plan sería un instrumento para superar las medidas de excepción penitenciaria a los reclusos del terrorismo local que han renunciado a la violencia.

En este sentido, varios centenares de expresos de la todavía no disuelta formalmente banda terrorista ETA reclamaron el domingo en Usurbil (Gipuzkoa) “nuevos consensos sociales, políticos e institucionales encaminados a traer la paz y la solución integral”, que permitan “la ordenada y progresiva excarcelación de las personas presas” mediante la concesión de la libertad condicional, así como “el regreso, sin represalias, de los huidos y deportados”. Por su parte, se comprometieron a seguir contribuyendo, en el terreno social, a configurar “un amplio y mayoritario espacio democrático humanitario” y a trabajar por la “resolución integral de las consecuencias del conflicto violento”.

Dos portavoces de la iniciativa Kalera (A la calle) leyeron un texto en euskera, castellano y francés, en el que denunciaron, según informa Europa Press, que la situación del colectivo de presos de ETA así como "huidos y deportados" no ha sido "abordada por los estados" y "prácticamente nadie ha estado a la altura de las circunstancias en este país". "Ni siquiera quienes dejamos a las compañeras y amigas tras los muros de las prisiones o al otro lado del océano", dijeron antes de considerar “urgente” la superación de los obstáculos que “retardan la convivencia y la paz”. Consideraron "imprescindible" el desmantelamiento de “todas las políticas y legislaciones pensadas para tiempos pasados” y apostaron por “desarrollar una agenda social, política e institucional que desemboque en una Euskal Herria sin presos, exiliados ni deportados”.