2016, el año del banquillo

Diez días bastaron a 2016 para dejar en las hemerotecas de la información de tribunales la imagen del año y, probablemente, de la década. Por primera vez en la historia una infanta de España, duquesa de Palma hasta que su imputación por fraude fiscal obligó al rey Felipe a revocarle el título, se sentó en un banquillo de los acusados, sometida al mandato de un tribunal que en los próximos meses tendrá que decidir si acuerda su absolución o la condena a un máximo de ocho años de cárcel. Junto a ella su marido, Iñaki Urdangarín, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años y medio de cárcel al no creer ni media de sus explicaciones sobre el negocio llamado Nóos que montó bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro.

El año judicial que termina ha sido el de los grandes juicios mediáticos porque, además del celebrado con éxito en la Audiencia de Palma, dirigentes políticos que hace poco menos de una década se consideraban intocables, como Rodrigo Rato o Luis Bárcenas, banqueros como Miguel Blesa o grandes empresarios como Gerardo Díaz Ferrán han tenido que pasar el mismo trago que Cristina de Borbón. El antiguo responsable de las finanzas del PP es el gran protagonista de la vista oral en la que se persigue la primera época de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre 1999 y 2005, y Rato y Blesa tienen ya la suerte echada por el uso y disfrute que hicieron de las tarjetas black de Caja Madrid antes de que su gestión condujera a la entidad al desastre y al rescate.

Todas las noticias que le han llegado de los tribunales han sido malas para el Partido Popular, que concluye el año procesado como persona jurídica por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y con sus cuentas investigadas en al menos seis causas judiciales, desde las diferentes ramas del caso Gürtel que cuestionan su financiación en municipios de Madrid o la Comunidad Valenciana hasta el caso Púnica, en el que se investiga la supuesta caja B del PP madrileño de Esperanza Aguirre, y el pitufeo de a mil euros con el que se hincharon las campañas electorales de la fallecida Rita Barberá.

Tampoco han sido positivas las novedades judiciales para el PSOE, que ha visto avanzar el caso de los ERE hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción presentó en septiembre su escrito de acusación provisional, en el que solicita seis años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y diez de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves. Junto a ellos se sentarán en el banquillo de los acusados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, la exministra Magdalena Álvarez y los exconsejeros José Antonio Vieira, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Las andanadas judiciales también han llegado hasta el nacionalismo catalán en forma de las sentencias del Tribunal Constitucional que han ejecutado la resolución de 2015 que declaró que el denominado proceso de desconexión emprendido por el Parlamento de Cataluña no tiene encaje legal. Como resultado de esa iniciativa la Fiscalía presentó una querella por desobediencia contra la presidenta de la Cámara legislativa catalana, Carme Forcadell, que declaró el pasado 16 de diciembre como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, los tribunales siguen investigando la consulta soberanista que se celebró el 9 de noviembre de 2014 y que podría llevar a juicio al expresident de la Generalitat y los dirigentes de la antigua Convergència i Unió Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Y mientras tanto, los jueces han apuntalado el cerco a la familia Pujol, que ya tiene imputados a todos sus integrantes.

Otro de los grandes damnificados por la actuación de los tribunales en 2016 ha sido el Fútbol Club Barcelona, que no ha dudado en denunciar la existencia de una mano negra en la actuación de los jueces. Su gran estrella, Lionel Messi, fue condenada en julio por fraude fiscal a 21 meses de cárcel mientras que el propio club como persona jurídica tendrá que pagar una multa de 5,5 millones de euros por no haber tributado correctamente el fichaje de Neymar. El brasileño, además, se enfrenta a un segundo juicio junto al presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, por estafa y corrupción entre particulares en la operación que permitió su traspaso desde el Santos.

El escándalo de Football Leaks, que afecta a jugadores del Real Madrid como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Pepe o Coentrao, llevó al juez Arturo Zamarriego a prohibir la publicación en toda Europa las informaciones que detallan las operaciones que los futbolistas habrían llevado a cabo a través de un bufete de abogados para pagar menos impuestos. Y todo en el año en el que las sociedades radicadas en paraísos fiscales se pusieron bajo la lupa de la Fiscalía gracias a las revelaciones contenidas en los papeles de Panamá o la investigación judicial contra los dueños del bufete Nummaria, que tenían entre sus clientes a los actores Imanol Arias y Ana Duato.

El año que acaba, de absoluta parálisis en el plano legislativo por la repetición de las elecciones y los interminables movimientos políticos que precedieron a la formación de gobierno, también pasará a la historia judicial como el de la vuelta a la cárcel de Mario Conde, acusado de esconder su patrimonio para eludir las responsabilidades derivadas del caso Banesto, o el del desmantelamiento de Ausbanc y Manos Limpias por las actividades de extorsión y amenazas presuntamente llevadas a cabo por sus máximos responsables.

Y también por haber sido un año de batalla en defensa de la libertad de expresión, en el que dos titiriteros pasaron cinco días en prisión por representar una obra en la que un guiñol exhibía un cartel con la leyenda ‘Gora Alka ETA’ o el cantante César Strawberry y el concejal Guillermo Zapata tuvieron que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por varios comentarios que escribieron en Twitter. Tras mucho ruido mediático, los dos fueron absueltos.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.