El PP castiga a Fernández en Asturias para empujarle a aceptar la 'gran coalición'

El PP está dispuesto a devolver cornada por caricia a los socialistas allí donde más les duele, en el Principado de Asturias. El presidente asturiano y de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, admite que no tiene garantizado el apoyo de los “populares” por activa ni por pasiva al Presupuesto para 2017 y no descarta prorrogar las cuentas por segundo año. Fernández necesita el voto favorable o la abstención de los once parlamentarios de derechas que mantienen su “no es no” y defenderán su enmienda a la totalidad de las cuentas de la Comunidad Autónoma, incluido el ligero incremento del Salario Social Básico para las personas sin ingresos.

El deterioro político que el partido de Mariano Rajoy se dispone a infligir al máximo dirigente en funciones del PSOE será superlativo. La tesis constructiva de Fernández sobre la gobernabilidad y la “ética de la responsabilidad” quedará en entredicho si no consigue reciprocidad siquiera en la autonomía donde gobierna. Los jefes de filas del PP en el Parlamento de Asturias, Mercedes Fernández y su antiguo responsable de campaña, David González Medina, mantienen su rechazo al Presupuesto de Fernández, quien reconoce en conversación con este periódico la falta de colaboración de los 'populares' a pesar de haber votado la semana pasada a favor del “techo de gasto” propuesto por el Gobierno y que prolongará el ajuste hasta 2019.

La cuestión de fondo es el acuerdo de legislatura con los socialistas a nivel estatal. Rajoy no abdica de su idea de “gran coalición”. De ahí que después de conseguir el apoyo por pasiva a la investidura y el respaldo activo al límite de déficit planteado por el ministro Cristóbal Montoro, congelando el gasto y ampliando los ingresos vía impuestos especiales y de sociedades, desde el PP trate de empujar a los socialistas a la “coalición de hecho” en las autonomías donde los socialistas necesitan sus votos para gobernar y aprobar los Presupuestos de 2017 (léase Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y, previsiblemente, Aragón).

La encrucijada asturiana es especialmente significativa por el papel de Fernández a nivel estatal. Los conservadores le exigen que rompa los acuerdos con Izquierda Unida (IU), que encabeza Gaspar Llamazares como portavoz, y asuma el pacto con el PP con todas las consecuencias. Su decisión servirá de pauta a otros presidentes autonómicos. Su margen de maniobra es mínimo porque sólo cuenta con los 14 votos del PSOE y 5 de IU frente a 11 del PP y 9 de Podemos, cuyo portavoz, Emilio José León Suárez, ha dejado claro que su grupo mantendrá la coherencia y votará en contra de la admisión del Presupuesto. Si alguno de los dos grupos no se abstiene, sólo el improbable voto a favor de los tres diputados de Foro o de los tres de C's permitirían a Fernández aprobar las cuentas.

El propio Fernández contempla la prórroga por segundo año consecutivo, lo que supondría la prolongación del estancamiento, pese al crecimiento económico del 2% previsto en 2017. De los 4.096 millones de euros de presupuesto aprobado por el Ejecutivo asturiano y remitido al Parlamento, 1.673 son para sanidad, 750 para educación, 214 para promoción social y bienestar comunitario, 155 para infraestructuras básicas y de transporte y 154 para agricultura, ganadería y pesca. Son las grandes partidas de una comunidad autónoma que aplica un Salario Social Básico de 443 a 731 euros a las personas sin ingresos, con una propuesta de incremento del 5% en 2017.

Los parlamentarios socialistas y exdirigentes del PSOE que el lunes se reunieron en el Congreso para llorar con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el estado de coma de la Ley de la Dependencia, aprobada hace diez años, y denunciaron la “voladura controlada” del cuarto pilar del Estado del Bienestar y el nuevo derecho de ciudadanía de las personas dependientes por parte del Gobierno del PP, no saben a qué atenerse. Buscan pautas y se muestran impotentes ante la encrucijada y la crisis interna en la que se han metido y que, en último término, les obliga a asumir recortes y políticas conservadoras.

Esa contradicción interna se vivió ayer en todo su esplendor. Así, la propuesta de Zapatero de que todos los diputados “traigan a esta casa” (el Congreso) las listas de espera de las personas dependientes a las que no se ha concedido la ayuda (son casi 400.000) fue acogida con grandes aplausos. Muchos de los que aplaudían eran los mismos que hace una semana votaron el plan de estabilidad y el déficit del 0,3 en 2019 (más un punto para la Seguridad Social) que impide el despliegue de los derechos a la asistencia y otros beneficios de la ley de la dependencia. Eso no quiere decir que del acto no salieran satisfechos de haber construido (hace una década) un sistema frente a la exclusión social.