Citan a juicio a un activista de la PAH cinco años después de un desahucio
El 10 de noviembre de 2011 fuerzas policiales ejecutaron un desahucio en el barrio madrileño de Canillas. La casa en la que vivían Estrella, sus dos hijos y su madre de 74 años fue derribada pese a la presencia de cerca de 100 personas convocadas aquel día por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El colectivo denunció entonces la “violencia policial” ejercida contra los activistas presentes que, como realizan habitualmente, se quedaron sentados frente a la vivienda para intentar impedir el desalojo. Muchos, denunciaron, fueron arrastrados por la fuerza y dos de ellos fueron esposados, detenidos y llevados a comisaría. Uno, Raúl, yerno de Estrella y miembro de la familia desahuciada. Otro, Chema Ruiz Losa, conocido activista antidesahucios y exdirigente de IU. Según explica él mismo a cuartopoder.es, ambos han sido citados ahora a declarar en juicio oral el próximo 16 de enero en el Juzgado Número 21 de lo Penal en Madrid. Sin embargo, no se les ha comunicado el delito que se les imputa ni las penas que piden contra ellos.
“Nos citan como imputados. Nos han notificado la apertura de la vista oral el 16 de enero. Pero no nos notifican cuál es el delito que se nos imputa ni tampoco qué dice el Fiscal al respecto”, destaca Ruiz, que recuerda que la declaración la hicieron hace 4 años. Según el activista, la abogada que lleva ahora su caso está muy sorprendida porque “es un cúmulo de despropósitos”. Ella ha pedido ya el expediente y saber en calidad de qué están imputados para tener tiempo para prepararlo pero se mantiene a la espera. Ruiz señala que este procedimiento no es habitual. “No tiene ni pies ni cabeza, creo que incluso si al final nos pintara mal y nos condenaran, podríamos irnos al Tribunal Constitucional para pedir amparo por tener una indefensión flagrante”, añade.
El activista recuerda que ese día “el despliegue policial fue brutal e iban armados hasta los dientes con escopetas de goma y cascos”. 7 furgonetas policiales de la UIP se acercaron para ejecutar el derribo. “Nos plantamos en la puerta. Nos empezaron a sacar uno a uno. Los iban sacando a todos del cordón pero a mí directamente me tiraron boca abajo, se subieron encima de mí, me esposaron y llevaron al coche. Inmediatamente después, hicieron lo mismo con Raúl”, relata.
"Resulta éticamente inadmisible y socialmente insostenible que a la violencia económica ejercida contra las familias más desfavorecidas por quienes han provocado la crisis se sume la violencia policial ejercida ante la inacción, cuando no a instancias de quienes ejercen cargos públicos", denunciaron entonces desde la PAH.
Recuerda Ruiz que ni en comisaría ni cuando declararon posteriormente en el juzgado se les dijo qué delitos se les imputaba. “Cuando preguntamos, en aquel momento el abogado de la PAH era Rafa Mayoral (hoy dirigente de Podemos), el juez nos dijo que valoraban el delito de sedición, pero no han tenido el coraje de escribirlo en ningún momento. Me imagino que es porque les da vergüenza”, afirma.
El caso de la familia de Estrella era un tanto “atípico”, recuerda Ruiz, porque la vivienda era una vivienda antigua de protección que era propiedad de la familia. “Pero la querían derribar para hacer una urbanización nueva”, señala. La vecina desalojada llevaba 50 años viviendo en esa casa y por un fallo administrativo, el Instituto de la Vivienda Municipal de Madrid (IVIMA) no les concedió un nuevo piso donde se realojaría a los desalojados por los derribos de la zona. Según explican desde el colectivo antidesahucios, el IVIMA les pedía 30.000 euros por recurrir el sorteo de viviendas, cantidad inasumible para la familia. La solución que le dieron fue un piso en otro barrio de Madrid, algo a lo que se negaban debido a un comercio familiar cercano y la existencia, según denunciaron, de viviendas del IVIMA vacías en su zona.
Mientras esperan más novedades sobre su situación, varios activistas han comenzado a organizarse para apoyar a Ruiz y Raúl. “Es algo que te da bastante alegría”, señala el activista. Ayer celebraron una primera reunión en la que también trataron de solucionar la situación para asesorar legalmente al miembro de la familia desahuciada ya que continúan en una situación económica complicada.
