Baldoví denuncia trato de favor a 'ABC' y 'La Razón' en el reparto de la publicidad oficial

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, denuncia opacidad en el reparto de la publicidad institucional y sostiene que el incumplimiento de las normas de transparencia al amparo del llamado “secreto comercial” encubre la desigualdad de trato a la prensa. En su opinión, el Gobierno del PP habría favorecido de forma subrepticia a los periódicos de derechas como ABC y La Razón en la distribución de una tarta publicitaria de 37,7 millones de euros el último ejercicio. La coordinación de las campañas de publicidad institucional corresponde a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En dos preguntas escritas al Ejecutivo, el diputado valenciano señala que la Ley de Publicidad Institucional obliga a emplear “criterios objetivos” en el reparto de las campañas publicitarias oficiales y denuncia a renglón seguido la opacidad gubernamental en la materia. Así, en el informe de 2015, el Gobierno da a conocer el gasto en campañas publicitarias: 37,7 millones de euros e informa de los departamentos ministeriales que las han promovido. “Lo que no aparece es el coste desglosado de cada uno de los anuncios”, añade Baldoví, quien se queja de que “el Gobierno sólo da el número de anuncios y oculta el importe económico que recibió cada medio, aduciendo secreto comercial”.

En este sentido recuerda que “el máximo órgano de transparencia del Estado”, en referencia a la Comisión de Transparencia, dictaminó en 2015 que “el interés público” por conocer esta relación entre el Gobierno y los medios de comunicación social “está por encima de los intereses comerciales”.

Se da la circunstancia de que una década antes de que se promulgase la Ley de Transparencia, los gobiernos de Rodríguez Zapatero aportaban con precisión la relación de los medios de comunicación y las cantidades que recibían por la difusión de los anuncios de cada campaña. La diputada del PP Celia Villalobos, cuyo marido, Pedro Arriola tenía intereses en el sector, se empleaba a fondo en la fiscalización de estos datos desde el Parlamento.

Baldoví señala que determinados medios de comunicación figuran en la asignación de anuncios de las campañas oficiales (las cantidades económicas se desconocen) muy por encima del nivel de audiencia, que es el principal “criterio objetivo” previsto en la ley. En concreto destaca que “el periódico La Razón está, según el medidor EGM (Encuesta General de Medios) en el puesto 17º del ranking de las audiencias y figura en el sexto puesto de medios que más anuncios recibió del Gobierno”. “ABC, por citar otro ejemplo, está el noveno en audiencia con unos 500.000 lectores al día y es el segundo beneficiado en anuncios recibidos”.

Las cuestiones planteadas por Baldoví son: “¿Por qué no se está cumpliendo la Ley de Publicidad Institucional, que establece que el reparto debe de hacerse con criterios objetivos y no partidistas?” Y también, “¿por qué el Gobierno oculta el importe que recibió cada medio después de que el máximo órgano de transparencia dictara que el interés público de la relación entre el Ejecutivo y los medios está por encima del intereses comercial?”

Los 37,7 millones en campañas institucionales -se realizaron 54 de las 75 inicialmente previstas- son sólo una parte del gasto oficial en publicidad, pues a esa cantidad hay que añadir las 62 campañas comerciales -doce más que en 2014- por importe de 117,41 millones de euros, lo que supuso un aumento del 10,38% (11 millones de euros) respecto al año anterior. En conjunto, la suma de campañas institucionales y comerciales realizadas desde la Administración General del Estado fue de 155,13 millones de euros.