Rato y Blesa se enfrentan a su primer juicio, por el que podrían ir a prisión
Íñigo Corral *
Rodrigo Rato y Miguel Blesa van a tener difícil justificar ante un tribunal el gasto de 15,5 millones de euros que los directivos de Caja Madrid, la actual Bankia, hicieron durante años de una forma totalmente opaca al fisco y con cargo a la entidad bancaria que con posterioridad fue una de las que tuvo que ser rescatada por el Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción entiende que dos de las personas que llevaron las riendas de la Caja son las mismas que manejaron los hilos para crear un sistema especial de retribuciones que ni formaban parte de sus sueldos,ni de los gatos de representación. La barra libre de la que gozaron durante lustros un total de 86 personas y el modo en que se gestionó es el motivo por el cual, a partir de este lunes, 66 de ellos se sientan en el banquillo de los acusados.
Sobre ellos pesan peticiones de cárcel que conllevarían el ingreso automático en prisión. Así, por ejemplo, para Blesa y Rato el representante del Ministerio Público solicita seis y cuatro años y medio, respectivamente. Para el resto de los acusados el fiscal es más benévolo porque no les consideraba responsables de una trama acusada de un delito continuado de apropiación indebida y pide penas que van de los doces meses a los cuatro años. Sin embargo, finalmente, de las 86 personas beneficiadas por el uso de las tarjetas black, 17 de ellas eludirán el juicio porque sus delitos han prescrito y otras tres porque han fallecido (Mercedes de la Merced, Pedro Bujidos y Guillermo Marcos). En este asunto de corrupción nadie está a salvo. Todos (partidos, sindicatos, patronal) tienen su representante, lo que les sirve para excusarse con la idea de que es un mal que afecta a todos. PP (27), PSOE (15) e IU (2), los sindicatos (11), las organizaciones empresariales y hasta un exjefe de la Casa Real como Rafael Spottorno.
El uso de este tipo de tarjetas era ya común en Caja Madrid antes de la llegada a la presidencia de Blesa, pero con muchos matices. Su predecesor desde 1988 hasta 1996, Jaime Terceiro, ya detalló al juez instructor Fernando Andreu que bajo su mandato se aprobó que sus consejeros tuvieran tarjetas de representación con la salvedad de que se ejerciera un “estricto” control de los gastos y que incluso su uso fuera “excesivamente austero”. Es más, explicó que se crearon para compensar los posibles gastos que los consejeros de la entidad tuvieran que hacer en el ejercicio de su función de representación en una época en la que acababan de liberalizarse las cajas y había que equiparar el sistema retributivo de Caja Madrid al resto. Esa austeridad de la que habló Terceiro servía para que los consejeros recibieran una dieta de 150 euros por asistir a las reuniones hasta un máximo de 1.800 euros al año.
A diferencia de la época de Blesa, hasta 1996 cada beneficiario de la tarjeta podía gastar al mes como máximo 600 euros que iban a parar a la cuenta de “órganos de gobierno”. Todo cambió cuando la Caja pasó a manos del amigo de José María Aznar que consiguió la presidencia de la entidad con los votos a favor de los consejeros del PP, IU y del representante de CCOO. A algunos directivos, incluidos los máximos responsables, les debía parecer poco el dinero que llevaban a casa a fin de mes e idearon una forma de despilfarrarlo sin dejar rastro a Hacienda.
Las necesidades de Blesa debían de ser tan acuciantes que, pese a tener un sueldo de 3.500.000 euros al año, se vio obligado a tirar de su tarjeta black hasta gastar 436.700 euros. Ni siquiera el hecho de saber que en el plazo de un mes debía de abandonar la entidad provocó que su tarjeta dejara de echar humo, porque se pulió unos 19.000 euros. De repente le han entrado las prisas y esta misma semana ha depositado en el juzgado todo el dinero que se gastó. La respuesta a tan súbita decisión hay que buscarla en el artículo 21.5 del Código Penal, que establece que deberá atenuarse la pena si el acusado repara el daño ocasionado a la víctima antes de la celebración del juicio, pero eso queda a criterio del tribunal sentenciador.
Blesa, y más tarde Rato, fueron quienes autorizaron el reparto a los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control de las tarjetas para gastos personales de libre disposición o, si se quiere en términos más coloquiales, para hacer uso de ella cuando y como quisieran sin necesidad de justificar tales gastos. La descripción que hace el Ministerio Público es más técnica, porque habla de la existencia de un sistema retributivo que “carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o de respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid”.
La persona encargada de entregar en manos las tarjetas black a los directivos de la entidad era Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa. Con ellas, sus receptores pagaron todo tipo de caprichos como viajes, hoteles o restaurantes y lo anotaban como gastos de representación de los órganos de gobierno de la caja y, con los cuales, “nunca se practicó retención fiscal”. Había otra manera también de camuflarlos y era incluyéndolos en la cuenta de quebrantos, una especie de cajón de sastre en la contabilidad de Caja Madrid donde también se regularizaban los fraudes, negligencias, reclamaciones de los clientes o errores internos.
Como su exjefe, Sánchez Barcoj ya consignó en su día los 575.079 euros con idéntico fin; lo mismo que otros exdirectivos como José Manuel Fernández Norniella (185.539 euros), Matías Amat (431.042 euros) y así hasta casi una decena más de acusados entre los que están Luis Blasco, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Juan Iranzo, Jorge Rábago, Arturo Fernández, Francisco Javier López Madrid y Virgilio Zapatero. Otros como Rodrigo Rato, Rafael Spottorno e Ignacio Navascués han reingresado sólo parte dinero que gastaron.
Los consejeros siempre justificaron su uso como gastos de representación por acudir a eventos, realizar viajes o acudir a comidas de trabajo, Pero, al comprobar los extractos, se ha acreditado que dichos gastos se generaron al margen de su labor como consejeros. Por ejemplo, Sánchez Barcoj con su sueldo de 2.400.000 euros gastó con su tarjeta casi otro medio millón en objetos que aparentemente poco o nada tiene que ver con gastos de representación como juguetes y artículos deportivos (13.000), bolsos de Louis Vuitton o Loewe (2.500).
De esta forma, lo que en Caja Madrid fueron hasta 1995 unas tarjetas ideadas para gastos de representación, con la llegada de Blesa a la presidencia se convirtieron en una especie de premio en metálico hasta que en mayo de 2012 fueron canceladas por orden de José Ignacio Goirigolzarri. La cantidad defraudada asciende a 15,5 millones de euros, la misma que fija el Ministerio Público como indemnización y que desglosa de la siguiente manera: 12.039.659 euros en la etapa de Blesa (de los que 436.688 euros son imputables a su persona) y otros 2.449.622 euros bajo el mandato de Rato, de los que 99.054 euros corresponden a su tarjeta black. La conversión de Caja Madrid en Bankia como resultado de la fusión con otras seis cajas no hizo variar los procedimientos, por lo que durante la presidencia del que fue vicepresidente del Gobierno sus directivos despilfarraron otros 245.228,48 euros.
El ránking de las personas que más tiraron de tarjeta lo encabeza Sánchez Barcoj que, con un sueldo de casi dos millones y medios de euros al año, se gastó 574.000 euros. Era tan manirroto que en la Nochevieja de 2009 pasó a Caja Madrid unos gastos de 16.291 euros. Le sigue el que fuera vicepresidente de la entidad y representante de IU José Antonio Moral Santín con 456.00 euros, que iban a parar en la mayoría de las ocasiones a los restaurantes más caros de la capital. El tercero en la lista es Ricardo Morado (448,300 euros) y a continuación Miguel Blesa (436.700 euros), Matías Amat (431.000 euros), Ramón Ferraz (397.900), Mariano Pérez Claver (379.500), Enrique de la Torre (320.700), Juan Astorqui (293.000) y Mercedes de la Merced (287.900).
