Defensa incumple la Ley de la Memoria y retiene documentos de Lluis Companys

Los militares y, con ellos, el Ministerio de Defensa, mantienen su resistencia al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica que desde hace ocho años les obliga a entregar la documentación incautada durante la Guerra Civil al Centro Documental de la Memoria Histórica. Según un alto funcionario del Centro, con sede en Salamanca, el Ejército tampoco ha entregado los documentos de las obras realizadas por los prisioneros republicanos que fueron sometidos a trabajos forzados bajo el mando y el control de los militares.

Esa renuencia a cumplir la ley aprobada en diciembre de 2007 impide todavía hoy, ochenta años después de la sublevación militar franquista de 1936, la devolución de toda la documentación incautada a la Generalitat de Cataluña que sigue en manos de Defensa y tampoco permite a los españoles conocer las obras de todo tipo, incluidas las restauraciones de obras y monumentos en manos de la Iglesia católica, que fueron realizadas por los presos republicanos.

Defensa ha hecho caso omiso a la petición de la Comissió de la Dignitat, que ya el año pasado reclamó al ministro Pedro Morenés la devolución de los documentos incautados por la Gestapo en la sede de la presidencia de la Generalitat en París en 1940 y que siguen almacenados en el Archivo del Ejército, en Ávila, donde sólo con un permiso previo del Ministerio y la buena voluntad de los funcionarios (oficiales en la reserva o segunda actividad) pueden ser consultados.

Según la proposición no de ley presentada en la Comisión de Defensa del Congreso por el diputado de ERC Xavier Eritja y firmada por su portavoz, Joan Tardá, exigiendo la restitución, los documentos requisados por los nazis en la sede de la Generalitat en París bajo la denominación de Layetana Ofice, reflejan la actuación del presidente Lluis Companys entre 1939 y 1940, dedicada a la difusión de la cultura catalana desde la Fundació Ramon Llull y al auxilio de los numerosos refugiados.

La documentación también contiene piezas reservadas del archivo institucional que se trasladaron desde Barcelona en los primeros días de 1939. La policía nazi intervino estos documentos que formaban parte del archivo reservado de presidencia de la Generalitat, junto con documentación del Gobierno Vasco, y los puso a disposición de la embajada española franquista y, por orden del director general de seguridad, Gabriel Coronado, se trasladaron a Madrid. El resto de la documentación quedó en París y al final de la guerra la recuperó el Gobierno Vasco, que después de su retorno del exilio, la devolvió a la Generalitat.

La ley de la Memoria Histórica obligaba al Ministerio de Defensa a trasladar esa documentación política al Centro de la Memoria Histórica, que para eso fue creado, desde donde podría haber sido ya devuelta a la Generalitat junto con la existente en el Archivo de Salamanca sobre la represión franquista. Pero Defensa incumplió y sigue sin cumplir la ley aprobada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el Congreso ha de decidir sobre el asunto.

El Ministerio, del que Morenés es titular en funciones, tampoco ha entregado al Centro de la Memoria la documentación sobre los campos de trabajos forzados de los prisioneros republicanos. Según un encargado de la sección correspondiente del Centro Documental, la documentación trasladada desde el Tribunal de Cuentas del Reino después de una ardua negociación del Ministerio de Cultura en la época de la ministra Ángeles Gonzalez Sinde con los responsables de ese organismo, sólo recoge las altas y bajas de los prisioneros y el pueblo o la ciudad de donde procedían, pero no las obras que hicieron.

Por esa razón, sumada al absoluto desinterés gubernamental del PP, sigue sin aplicarse el precepto de la ley de la Memoria Histórica que ordenaba la colocación de placas informativas en las obras realizadas por los presos republicanos. Sin mencionar algunas tan conocidas como Cuelgamuros (Valle de los Caídos), las investigaciones recientes del historiador Victor Peñalver Guirao sobre la construcción del embalse y la presa del Cenajo, en los límites de las provincias de Albacete y Murcia, han dado lugar a una proposición no de ley del PSOE reclamando el reconocimiento de los presos sometidos a trabajos forzados que sufrieron y murieron en esa obra iniciada en marzo de 1947 e inaugurada por el dictador dieciséis años después.