El calendario judicial de otoño pondrá el foco en las tramas de corrupción del PP
Íñigo Corral *
Hay una frase muy manida entre los jueces para excusarse ante la posibilidad de que una resolución suya pueda interferir en los intereses de un determinado partido político en función del momento escogido para hacerla pública: “Los tiempos de la justicia son diferentes a los tiempos de la política”. A dos meses vista de una cada vez más probable disolución de las Cortes como paso previo para acudir por tercera vez a las urnas en menos de un año, el calendario judicial afecta a la mayoría de los partidos antiguos sumidos en problemas de corrupción pero sobre todo a la formación que ganó las últimas elecciones generales. Ello, de alguna manera, puede hacer mella a la vigencia del acuerdo firmado con Ciudadanos en el tema de la corrupción si es que a día de hoy no es ya papel mojado.
El partido de Mariano Rajoy va a estar presente de un modo u otro en la mayoría de los asuntos relacionados con la corrupción ya sea por causas relacionadas con su presunta financiación irregular o bien por el enriquecimiento ilícito de sus antiguos o actuales dirigentes. Pero no será el único. El PSOE también tendrá que hacer frente en los próximos meses a su particular calvario judicial con el tema de los ERE en Andalucía. De hecho el pasado mes de junio el juez instructor cerró la investigación de la parte política con el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, a seis exconsejeros y a otros 18 exaltos cargos de la Administración en Andalucía por prolongar la ilicitud del fondo de 855 millones de euros durante una década. En los próximos meses puede haber avances para celebrar el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y contra sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
Al caliente otoño judicial que se avecina le precede al PP un final de verano oscuro y frío. La primera en la frente. El jueves el juez Castro puso fin a sus investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el expresidente de Baleares Jaume Matas tenía en Palma de Mallorca. Le acusa de un delito de blanqueo de capitales, pero la figura del exministro de José María Aznar hace tiempo que dejó de brillar y a los populares ya no les afectan políticamente estos casos. Sólo les retumban la frase aquella de Rajoy (“yo quiero un Gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares”) y que la oposición se encarga de recordar continuamente.
Este mismo mes se acaba el plazo para que la juez Rosa María Freire, que investiga la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, dé por concluidas sus investigaciones y abra juicio oral en un caso en el que el fiscal no aprecia delito alguno. La cuestión no es baladí. Por primera vez una juez procesa a un partido político a quien se imputa la responsabilidad por acción u omisión en el borrado del contenido de los ordenadores que tenía el extesorero del PP en su despacho de la calle Génova. Allí, supuestamente, guardaba las pruebas que podrían demostrar la existencia de una caja B con dinero de procedencia ilegal. El caso no es más que una especie de aperitivo de lo que más tarde se le vendrá encima a los populares cuando se ponga fecha al juicio del llamado caso Bárcenas en el que se sustanciará si existió dicha caja B donde se ingresaron entre los años 1990 y 2008 donativos ilegales por valor de alrededor de ocho millones de euros.
Una semana después del solemne acto de apertura del Año Judicial previsto para mañana, el juez Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de investigado al ex diputado regional del PP, Daniel Ortiz, por su relación con la trama Púnica cuando era alcalde de Móstoles. Fue precisamente esa imputación la que le obligó a dimitir fruto del pacto suscrito por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes con Ciudadanos. De ahí que también se aguarde con impaciencia la decisión que pueda adoptar este mismo juez con el consejero de Medio Ambiente de la comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, y con el diputado autonómico Bartolomé González. Ambos fueron acusados por el constructor David Marjaliza de formar parte de la trama Púnica. Una vez reciba la información requerida y, si encuentra indicios de delito contra ellos, deberá elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque son aforados y si una vez allí un juez opta por tomarles declaración en calidad de investigados, deberán de dimitir de sus cargos.
El mismo día que concluye la campaña electoral en el País Vasco y Galicia, arranca uno de los juicios mediáticos señalados para este otoño. Se sentará en el banquillo de los acusados la persona a quien el dedo de Aznar no quiso señalar como su sucesor. Rodrigo Rato, para quien el fiscal pide cuatro años y medio de prisión. Será juzgado por el uso fraudulento que se hizo de las 'tarjetas black' durante su presidencia en Bankia y la de Miguel Blesa. Junto a ellos, aparecen procesadas otras 66 personas, muchas de ellas exmilitantes de otros partidos. Este asunto fue aprovechado por el PP para poner en marcha el ventilador y dar entender que la corrupción es un mal que afecta por igual a todos los partidos. Y en este caso no le faltaba del todo la razón porque también serán juzgados, entre otros, el exministro socialista Virgilio Zapatero, José Acosta o consejeros nombrados a propuesta de Izquierda Unida como José Antonio Moral Santín. Además, figuran representantes de organizaciones sindicales, como Rodolfo Benito (CCOO) o José Ricardo Martínez (UGT), y de la patronal, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández. Este juicio se solapará en el tiempo con otros casos de corrupción que siguen latentes y que afectan a otras formaciones como el caso Pujol, que afecta al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y al Partit Democratic (antes Convergencia).
Sin solución de continuidad, el 4 de octubre comienza en la Audiencia Nacional la vista oral del caso Gurtel o, lo que es lo mismo, el primer gran juicio contra una parte de la trama de corrupción del PP. Hay 40 acusados y muchos de ellos fueron cargos públicos del PP durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En esta causa no sólo se investiga el lucro personal de algunos políticos en función de sus cargos sino la existencia de una trama para financiar de forma irregular al Partido Popular. De hecho, el tribunal ha citado a declarar como testigos a los políticos que durante muchos años tuvieron la máxima responsabilidad en el partido como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes. Las estrellas del juicio serán Francisco Correa y Luis Bárcenas. Un papel más secundario está reservado para la exministra Ana Mato, sobre quien el fiscal sostiene que se benefició de casi 30.000 euros en regalos de la red encabezada por Correa y en el pago a medias de fiestas familiares.
Quien puede tener serios problemas para alargar su retiro dorado en el Senado es Rita Barberá. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha movido ficha y ha pedido que sea investigada por un delito de blanqueo de dinero. Si los jueces deciden citarla como investigada (antes imputada) la vigencia del acuerdo con el partido de Albet Rivera le obligaría a renunciar a un cargo que lleva aparejado el aforamiento con lo que el caso volvería a los juzgados de Valencia. Y si además el 1 de noviembre se disuelven las Cortes y su partido no la incluye en la Diputación permanente, perderá de facto su aforamiento
Para ese mismo mes está previsto que salga la sentencia del caso Noos donde Matas ya ha asumido parte de sus culpas con obras (reconociéndolo ante el tribunal) y con hechos (abonando 900.000 euros). En fase menos avanzada se encuentran otras operaciones vinculadas a la corrupción en Valencia como la operación Taula donde de momento está implicado todo el grupo municipal del PP salvo Rita Barberá gracias. Colean también la trama valenciana del caso Gurtel, el caso Brugal o el caso Fórmula 1.
Otros casos todavía no han salido a la luz pero le pueden estallar al PP en las manos. Eso fue lo que les ocurrió, aunque sin consecuencias en las urnas, tres días antes del 26-J cuando unas grabaciones demostraron que la cúpula de Interior fabricaba informes contra sus enemigos políticos. El asunto ya está judicializado a raíz de la querella presentada contra el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. También están en fase embrionaria las investigaciones del caso Acuamed, que afectan al exministro Miguel Ángel Arias Cañete y las relativas a las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Gustavo de Arístegui y Pedro de la Serna.
