Asociaciones y ONG denuncian que el TC "consolida la exclusión sanitaria" de los ‘sin papeles’

Eduardo Ocaña *

La última sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Real Decreto Ley que limita la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares ha causado gran malestar entre las organizaciones y asociaciones en defensa de los derechos humanos y sanitarios. Varias de ellas han emitido un comunicado en el que muestran su rechazo a la reciente sentencia que avala el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2012 y que “consolida la exclusión sanitaria para las personas migrantes en situación administrativa irregular”, según dicen. Reprochan al Tribunal que su veredicto, que desestima en su mayoría un recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra, va en contra de los tratados y mecanismos de protección de los derechos humanos de los que España forma parte. Las organizaciones firmantes del comunicado son Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

El fallo del Tribunal Constitucional, aprobado con 8 votos a favor y 3 en contra, da la razón al Gobierno en su política de reforma y recortes en el sistema sanitario, justificadas en la existencia de una “situación de urgente y extrema necesidad” y de “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”, según la sentencia.  Para estas organizaciones, no hace más que “consagrar una visión regresiva sobre el derecho a la salud sin suficiente justificación” al considerar “proporcionado” preservar el sistema sanitario público a expensas de  limitar la atención sanitaria a un colectivo en máxima vulnerabilidad como las personas inmigrantes en situación irregular. Según el Tribunal, el Real decreto no vulnera el derecho a la salud, ya que las personas inmigrantes en situación administrativa irregular tienen garantizadas unas condiciones mínimas: acceso al servicio de urgencias y atención sanitaria en el caso de embarazadas y menores de edad.

El Decreto Ley 16/2012, conocido como el “decreto de la exclusión sanitaria”, entró en vigor en abril de 2012 de la mano del Ministerio que dirigía Ana Mato y, desde entonces, además del Parlamento Navarro otras cinco comunidades (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco) han presentado recursos contra él. No obstante, Marta Mendiola portavoz de Amnistía Internacional, señala en declaraciones a cuartopoder.es que “esta sentencia no resuelve todas las dudas en torno a la constitucionalidad del Real Decreto, ya que cada recurso aduce diferentes argumentos”.

La portavoz de Amnistía Internacional denuncia que en esta ocasión, “el Tribunal Constitucional ignora los tratados y mecanismos internacionales sobre el derecho a la sanidad, a los que no considera un instrumento de interpretación, como debería de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales”. En este sentido, añade que “más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y le han recordado que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular”. Pone como ejemplo el último informe sobre España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU.  “En el año 2012 el Comité ya advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”, añade Marta Mendiola.

Carlos Artundo, portavoz de Médicos del Mundo y médico especialista en Salud Pública, explica en declaraciones a cuartopoder.es que la principal novedad que introduce esta sentencia es “que da por bueno que la coyuntura económica puede poner en solfa derechos como la salud y avala recortes o el copago farmacéutico”. Artundo se muestra muy crítico frente al Tribunal Constitucional por “arropar las tesis del Partido Popular, que aprobó la reforma de urgencia y en contra del resto de grupos parlamentarios, de los colectivos profesionales y de pacientes, etc.”

Otro de los argumentos que comparte el portavoz de Médicos del Mundo con el resto de firmantes del comunicado es la falta de justificación económica para limitar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles en el Real Decreto y en el razonamiento que hace la sentencia del Tribunal: “No tienen un fundamento serio científico ni una memoria económica, todavía no han puesto los datos encima de la mesa”. Y cree que “de manera sibilina y justificado sobre situaciones económicas, estamos pasando de ser ciudadanos con derecho a sanidad a  convertirnos en meros asegurados”. Para navegar en dirección opuesta, Carlos Artundo explica que, en cuanto empiece la legislatura, desde Médicos del Mundo “van a exigir que todas fuerzas políticas contrarias al Real Decreto establezcan una nueva norma que blinde el derecho a la salud y que dote los recursos necesarios al sistema”.

Lo que ha sorprendido especialmente a las asociaciones y organizaciones es el cambio de criterio en esta ocasión del Tribunal Constitucional. Según Nacho Revuelta, portavoz del colectivo “Yo sí, Sanidad Universal”, que nació precisamente para luchar contra el Real Decreto, “es difícil de entender el cambio de criterio, en autos previos había anulado la suspensión cautelar de varias leyes autonómicas que venían a garantizar la atención sanitaria, argumentando que el Gobierno no había justificado el supuesto ahorro y  que el derecho a la salud era puesto en riesgo”. También carga contra el Tribunal por usar expresiones como “gratis total” en la sentencia y porque “olvida que la sanidad se paga mediante impuestos, a los que contribuyen también las personas que han sido excluidas”.

Tras esta sentencia y el cambio de postura del Tribunal Constitucional, lo que más preocupa a estos colectivos es que se abra la puerta al desmantelamiento del Estado Social, dando “la posibilidad de  que cualquier gobierno -bajo la justificación de un ahorro económico no demostrado- pueda realizar nuevos recortes en éste o en cualquier otro de los derechos fundamentales de nuestra Constitución”, como recalca Nacho Revuelta. Según los últimos datos del Gobierno, desde 2012 unas 750.000 personas han perdido el derecho a la tarjeta sanitaria.

(*) Eduardo Ocaña es periodista.