Podemos culpa del gran fraude fiscal a la banca para empezar su precampaña

El grupo parlamentario de Podemos-En Comú-En Marea comienza su precampaña electoral con una fuerte arremetida contra la banca y las autoridades monetarias, a las que responsabiliza del gran fraude y la ocultación fiscal y acusa de haber incumplido la IV Directiva Europea sobre Requerimientos de Capital. Desde que esa norma entró en vigor, en 2014, sólo un banco de los importantes, cuyo nombre no mencionan, ha cumplido la obligación de hacer público el informe de proyección por países. En su última proposición de ley de la legislatura, Podemos vincula además a la banca con los 'papeles de Panamá' y anuncia avances legales y sanciones a las entidades de crédito y a los bancos privados (de inversores y grandes fortunas) que incumplan las normas de transparencia fiscal.

La propuesta de Podemos, firmada por los diputados Josep Vendrell Gardeñes, Alberto Montero Soler y Segundo González García, contrapone la reforma fiscal a los mecanismos de evasión. De poco vale, dicen, aumentar los tramos de la base imponible del IRPF para aplicar tipos de gravamen más elevados a las rentas más altas si los ciudadanos que las perciben las ocultan en cuentas abiertas en Andorra o en Suiza o en Singapur. De poco vale, añaden, reimplantar el Impuesto sobre el Patrimonio o recuperar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si los dueños de la riqueza la ostentan a nombre de sociedades de testaferros constituidas en Panamá, Belice o las Islas Caimán. Y de poco vale, agregan, suprimir deducciones o desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades o elevar su tipo de gravamen si luego las compañías sitúan artificialmente sus bases imponibles en sus filiales de Jersey, las Islas Vírgenes u Holanda.

Podemos considera “claramente insuficientes” las medidas anunciadas y adoptadas por la comunidad internacional desde 2008 para acabar con el secreto bancario y esgrime el estudio del profesor de la Universidad californiana de Berkeley, Gabriel Zucman, sobre la riqueza oculta de las naciones para destacar el incremento de un 25% de los capitales domiciliados en paraísos fiscales entre 2008 y 2013. Zucman estima que 8 billones de euros escapan a la tributación fiscal y que la mayor parte de esa riqueza se halla en manos de los 50 principales bancos mundiales especializados en banca privada. Esto quiere decir que la gran evasión se realiza desde despachos en Madrid, París, Londres, Frankfurt, Singapur o Nueva York.

El mismo Zucman ha estimado que la riqueza que España mantiene en 2013 en cuentas abiertas en Suiza se eleva a 80.000 millones de euros. Por su parte, la revisión de las memorias de sostenibilidad de las empresas del Ibex-35, realizada por Oxfam Intermón, refleja un comportamiento manifiestamente mejorable de su responsabilidad fiscal, habida cuenta de que en solo un año (el ejercicio 2013-14) se ha producido un incremento del 44% del número de filiales de estas empresas en paraísos fiscales.

Según el análisis de Intermón, en 2014 el total de la inversión en paraísos fiscales desde España alcanzó 2.073 millones de euros. Y 17 de las 35 empresas del IBEX-35 no estarían pagando absolutamente nada por el Impuesto de Sociedades en España. Aunque sólo tres compañías cerraron el ejercicio 2014 con pérdidas, la mayoría lograron reducir su factura fiscal con distintos mecanismo de planificación e ingeniería contable.

Para Podemos, la enorme debilidad de las iniciativas acometidas por la comunidad internacional en los últimos ocho años para combatir la evasión fiscal ha quedado de relieve en los 'papeles de Panamá', conocidos por la opinión pública como consecuencia de una investigación periodística y no como resultado del trabajo de las autoridades competentes de los Estados. Los documentos confidenciales de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca han revelado (hechos delictivos aparte) la ocultación masiva de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de altos responsables de Estados y gobiernos y de personalidades de las finanzas, los negocios, los deportes y la industria cultural.

Para la formación que lidera Pablo Iglesias, los papeles de Panamá referidos a ciudadanos españoles (Unas 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española) revelan dos manifestaciones: la utilización de cuentas bancarias y estructuras societarias de naturaleza fiduciaria para ocultar riqueza que ha escapado al control fiscal, y el traslado artificial de los beneficios desde los países donde realmente los obtienen a territorios de baja tributación.

Aunque la medida más novedosa contra el fraude es que los inspectores de la Agencia Tributaria actúen “de incógnito” y que los denunciantes puedan recibir una parte del importe de la sanción, la propuesta de Podemos incluye normas legales imperativas para obligar a los bancos tradicionales y de negocios a suministrar la identidad de los clientes que hayan constituido, con su intervención o mediación, bajo titularidad directa o fiduciaria, entidades domiciliadas en un paraíso fiscal. Y asimismo “la obligación de suministrar la identidad de los clientes que hayan adquirido, con titularidad directa o fiduciaria, productos comercializados a través de sus filiales en paraísos fiscales, con origen y/o destino, directo o indirecto, en cuentas abiertas en España”.

La iniciativa de Podemos menciona los procedimientos abiertos en varios países contra bancos que ofrecen el atractivo comercial de cuentas secretas en Suiza, Andorra y otros países que todavía exigen causas fundadas para transferir una información que debería ser automática tras el compromiso suscrito en 2009. Cita la conducta de los dos principales bancos suizos, el BBVA y el HSBC, como paradigma de lo que ha sido la conducta de los bancos en los paraísos fiscales, “facilitando el fraude de las grandes fortunas mundiales”. Y finalmente aboga por eliminar los obstáculos y excepciones legales para que la lucha contra el fraude tenga la misma consideración en el acceso a los datos de los bancos privados con oficinas en España que la lucha contra el blanqueo de dinero de procedencia ilícita y criminal.