Opacidad del Portal de la Transparencia sobre el coste de la Familia Real

Cuando se cumplen dos años del llamado Portal de la Transparencia y Buen Gobierno que La Moncloa puso en marcha con gran alarde propagandístico de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el blindaje de los datos sobre los gastos de la Monarquía es absoluto. La mayor parte de las 167 solicitudes de información al respecto han sido desestimadas. Y las tramitadas han topado con la negativa de los responsables gubernamentales a dar información. El argumento es que el gasto del rey Felipe VI y su familia en seguridad, coches, aviones o calefacción afecta a la seguridad nacional. Incluso el coste de la acuñación y distribución de las monedas con la efigie del nuevo rey es secreto porque puede afectar a los intereses económicos y comerciales del país. 

Un ciudadano pregunta –y no es fácil poder preguntar-- a través del Portal de la Transparencia: “¿Cuál es el gasto de la Casa Real que asume el Ministerio de Defensa (seguridad, protocolo...)?” Y el Gobierno le contesta que “la información específica (guardia militar y escoltas) pudiera afectar a la eficacia de los dispositivos y poner en riesgo a las personas protegidas”. Por tanto, deniega el acceso a la información solicitada.

Otro ciudadano pregunta: “¿Cuántos efectivos policiales están destinados a la seguridad de la Casa Real y cuál es el catálogo de puestos de trabajo?” Y el Gobierno le contesta que no se lo puede decir. Otro ciudadano pregunta: “¿Cuánto nos cuesta la seguridad de los duques de Palma?” Es decir, de la infanta Cristina de Borbón, su marido Iñaki Urdangarín y sus hijos. Y el Gobierno contesta que no quiere contestar.

La primera de estas tres respuestas negativas corresponde al Ministerio de Defensa, del que es titular Pedro Morenés Eulate. Concretamente dimana del jefe de la Unidad de Información y Transparencia, que para eso existe. Y las otras dos proceden del Ministerio del Interior y están firmadas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, quien no olvida añadir que si no está conforme con la respuesta, tiene dos meses para recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo.

Otro ciudadano pregunta: “¿A cuánto asciende el gasto anual en seguridad de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz? También lo que se gasta al año en agua, luz y calefacción en La Zarzuela”. Y el Gobierno interpreta la pregunta como le da la gana y le responde que “la difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas de los servicios de seguridad pone en riesgo a las personas protegidas”. No era eso lo que el ciudadano preguntaba, pero tanto da. Y en lo atinente al gasto en calefacción y demás, pregunte usted a la Presidencia del Gobierno, le dicen.

Varios universitarios solicitan formalmente al Ministerio de Defensa la información relativa al gasto de este departamento referido al mantenimiento de la Casa Real desde el año 2010 al 2015. Y obtienen la respuesta de que no se lo pueden decir “por razones de seguridad”. Menos mal que los decepcionados estudiantes pertenecen a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pero su esfuerzo no ha sido en balde. Ahora saben algo más: que con conocer el nombre del coronado y sus familiares para bautizar calles, hospitales, universidades y buques de guerra, ya es suficiente.

Otro ciudadano pregunta cuál ha sido el coste de producción y distribución de la nueva moneda de un euro, acuñada con la efigie de Felipe VI. Pero desvelar ese dato sería tanto como “infligir un perjuicio a los intereses económicos y comerciales”, según se lee en la respuesta del director general de la Real Casa de la Moneda, Jaime Sánchez Revenga. Cuestión distinta es, por ejemplo, si preguntaran el coste del despacho habilitado para el rey emérito, Juan Carlos I, en el Palacio Real de Madrid. El ciudadano que se interesó por el asunto obtuvo la cuantía, aproximadamente la mitad de los 222.391 euros que ha costado la restauración del Patio de las Damas del palacio.

Ni escuchas ni 'operación Chamartín'

Los ciudadanos se han vuelto exigentes, cada día toleran menos el nepotismo, los gastos superfluos y el derroche de los poderes extractivos. La corrupción política es la segunda preocupación de la gente, que asiste sobrecogida al uso del poder para el latrocinio y el enriquecimiento de los poderosos, con testaferros y sin ellos. Los datos oficiales sobre sueldos, contratos públicos y presupuestos, disponibles en el Portal de la Transparencia a partir de la obligada inserción en el BOE, son tan interesantes como conocidos. Pero cuando los ciudadanos intentan profundizar y piden acceso a información que pueda resultar inconveniente o reflejar abusos de poder, reciben un portazo en las narices del Portal de la Transparencia.

Así, por ejemplo, un ciudadano se interesa por la estadística de los pinchazos telefónicos y telemáticos que realizan las fuerzas de seguridad del Estado y el director general de la Guardia Civil en este caso, Arsenio Fernández de Mesa, le responde que esa información “supondría un peligro para la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. En realidad, el principal peligro devendría del contraste de los datos reales con las intervenciones --“preventivas” incluidas-- autorizadas por los jueces.

Un ciudadano pregunta si los familiares de los ministros y altos cargos –también de los periodistas que viajan con el presidente del Gobierno y otras autoridades-- pagan los billetes en los aviones oficiales del Grupo 45 de la Fuerza Aérea, destinados al efecto. Y la respuesta, lejos de reconocer la realidad del gratis total, atribuye el gasto de las idas y venidas del jefe del Gobierno, la Familia Real y del titular de Defensa, al presupuesto anual del Ejército del Aire.

Otro ciudadano pide acceso a la documentación por la que hemos de pagar más de 2.000 millones de euros a la filial gasista de la empresa privada ACS, que preside Florentino Pérez, por el telúrico fracaso del proyecto Castor de almacenamiento de gas, pero el Gobierno se la deniega. Otro pide acceso al contrato entre Renfe, Adif y la entidad Desarrollo Urbanístico Chamartín, S.A., pero el Ejecutivo también se lo deniega, a pesar de que se trata de una operación urbanística multimillonaria sobre suelo público.

Suma y sigue. Otro ciudadano solicita aclaración sobre la norma legal que autoriza las “devoluciones en caliente” de los inmigrantes que consiguen saltar las vallas de Ceuta y Melilla. En este caso logra consigue que el departamento del ministro en funciones Jorge Fernández Díaz le conteste que “ese concepto no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico”. Sin embargo, lejos de reconocer la ilegalidad del procedimiento policial, aclara: “Cabe entenderlo como el rechazo en frontera”. Y si no cabe, tanto da. Y por supuesto, “no hay recuento estadístico oficial al respecto”.

Lo que no acaba de entender el ciudadano que pregunta por la amnistía fiscal decretada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es por qué podemos conocer que el exdirigente del Sindicato Minero Asturiano de la UGT, José Ángel Fernández Villa, regularizó un millón de euros y hemos de seguir sin conocer los nombres y cantidades de los demás defraudadores. La respuesta del consabido secreto fiscal confirma el malicioso manejo de la información desde el poder.

Luego ya, las dificultades de acceso al Portal de la Transparencia y el cúmulo de respuestas que demuestran que cuanto más grave es el asunto, más lo tapan, explica el fracaso de la panacea, un portal y un consejo de notables que cuesta 2,9 millones de euros este año: 1,2 en personal y el resto no se sabe. Ese fracaso queda reflejado en la ridícula cifra de 3.959 solicitudes de información en dos años.

De esas solicitudes se han “inadmitido” 882, denegado 122 y provocado 155 desestimientos en el mes de tramitación. De las 229 reclamaciones al Consejo de la Transparencia, órgano gubernamental, se han rechazado más de la mitad: 121. El resultado es satisfactorio para las excepciones de la ley de transparencia de 2013 y su espíritu, según el cual, pueden saber casi todo de nosotros sin que nosotros podamos saber casi nada de ellos por más que cuatro millones de ciudadanos hayan clicado alguna vez en la mencionada web de La Moncloa.

Oficina Transparencia - España (YouTube)