Un plan de gobierno con freno de mano y marcha atrás
Íñigo Corral *
Hace una semana falleció en Estados Unidos el magistrado Antonin Scalia. Dicho así, en España la noticia no provoca ni frío ni calor. Este fallecimiento, sin embargo, sí tiene trascendencia; y mucha, e incluso más a nivel político que judicial. Scalia, del denominado bloque conservador, era uno de los nueve magistrados del Tribunal Supremo norteamericano o, lo que es lo mismo, uno de los integrantes del órgano judicial presidido por John G. Roberts encargado de resolver cuestiones de tanta trascendencia, y que apoyaba Barak Obama, como la reforma de la Sanidad o el matrimonio entre personas del mismo sexo, y temas que afectan a la vida política del país como cuando otorgó la victoria a George W. Bush en las elecciones de 2000. Ese mismo Tribunal Supremo, que ahora se queda empatado a cuatro entre progresistas y conservadores, es también el mismo que ha frenado la reforma del actual mandatario norteamericano contra el cambio climático y el que se debe pronunciar sobre la reforma migratoria que puede permitir que más de cinco millones de inmigrantes ilegales puedan regularizar su situación.
Obama, a nueve meses vista de las elecciones presidenciales, quiere designar un magistrado progresista. Los republicanos, con el argumento de que un cargo vitalicio como es un juez del Tribunal Supremo debe ser elegido por el próximo presidente que en ningún caso será el actual porque ya ha cumplido dos mandatos, tienen mayoría en el Senado, lo que significa que pueden bloquear cualquier nombramiento hasta que en enero del próximo año jure su cargo el próximo presidente. Desde luego, es improbable que en Estados Unidos ocurra lo mismo que en España cuando el nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por parte de la Cámara Alta quedó bloqueado durante más de tres años por la insistencia del PP en mantener como candidato a Enrique López y por las pocas simpatías que despertaba el magistrado leonés en el PSOE. A lo mejor es casualidad, pero cuando tocó renovar los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la etapa en la que López fue portavoz, la cosa también se demoró más de dos años.
Esa misma lucha por colocar jueces afines se vive a menudo con los nombramientos que tiene que llevar a cabo el Gobierno, el Congreso, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial en los distintos órganos judiciales. Así, por ejemplo, en el último pleno del CGPJ, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se hizo con los puestos más apetecibles: el de la Sala Segunda (Pablo Llarena) y el de la Sala Tercera que fue a parar a manos Rafael Toledano, el candidato preferido de la APM, y cuya candidatura no fue avalada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que apostaba por su amigo Fernando Román.
Si a estas votaciones se une el modo de elegir a los vocales del CGPJ, resulta harto complicado hablar de despolitización de la justicia. Este rosario de nombres de magistrados no le dice nada al gran público pero sí a la clase política. Si en el proceso judicial que se sigue contra el antiguo equipo gestor del Ayuntamiento de Valencia aparecen indicios contra Rita Barberá, el juez tendrá que elevar la causa al Tribunal Supremo. Es aquí donde empiezan a encajar las fichas del puzle, puesto que la Sala encargada de tramitar el asunto es la Segunda donde ya hay mayoría conservadora aplastante y donde sus miembros son elegidos por el CGPJ que ahora también cuenta con mayoría.
Este análisis simplista de bloques, e intuir lo que van a decidir en función de a quien afecte el caso, molesta y con razón, a los magistrados. Es cierto que tampoco protestan cuando se cuestiona la politización del órgano que los designa, pero tampoco ayudan los políticos que no renuncian a su aforamiento para creer, con razón o sin ella, que los jueces son personas que ellos han puesto allí por si algún día les necesitan.
Con este mar de fondo Podemos se saca de la manga un documento que envía al PSOE para formar un hipotético Gobierno que venía a reforzar las tesis de quienes más interesados han estado siempre en controlar al Poder Judicial. Por ejemplo, planteaba la necesidad de que los nombramientos de algunos puestos clave en la Administración de Justicia como el Fiscal General del Estado, los miembros del Tribunal Constitucional o del CGPJ estuvieran ligados “a un compromiso con el programa de Gobierno”, al margen de los criterios clásicos como mérito y capacidad. Lo curioso es que esta parte del texto fue redactada por dos jueces y provocó algo casi insólito: que todas las asociaciones de jueces y fiscales coincidieran en afear la ocurrencia del partido de Pablo Iglesias.
Lo que ocurrió es algo parecido a exponer un plan para echar luego el freno de mano y más tarde poner la marcha atrás. Sólo tardó dos días en echar el freno de mano cuando hizo desaparecer del texto la parte en que la Secretaría de Estado de la Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, -un órgano nuevo que dependería de Vicepresidencia del Gobierno, esto es, el cargo que se ha pedido Pablo Iglesias-, coordinaría a jueces, fiscales y policías en la lucha contra la corrupción. No fue suficiente, y tuvo que dar marcha atrás para eliminar 24 horas después la parte más conflictiva: aquella que vinculaba un compromiso con el Gobierno a todo aquel que aspirara a ser nombrado para un cargo de relumbrón.
Podemos, si se cumplen sus expectativas y Victoria Rosell se responsabiliza del Ministerio de Justicia, sabe que no lo va tener fácil desde el mismo momento en que su nombramiento aparezca en el BOE. El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha presentado una querella contra la diputada por Las Palmas de Gran Canaria por varios delitos como cohecho, prevaricación, calumnias y/o injurias. Como está aforada la querella será investigada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene garantizada durante varios años una mayoría conservadora. En función de lo que hagan o dejen de hacer los magistrados, todos los ojos estarán puestos en cualquier paso que den y seguro que sale de nuevo la manida discusión sobre la politización de la Justicia.
Si el documento de Podemos llevaba implícita una actuación in vigilando del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial es porque saben que quien ocupe la cartera de Justicia va a tener poca o nula influencia en los órganos constitucionales. El CGPJ está presidido por Carlos Lesmes, un ex alto cargo de José María Aznar, y su mandato se alargará por lo menos los próximos tres años. El Tribunal Constitucional está en manos de un ex militante del PP como Francisco Pérez de los Cobos y cuando en el mes de diciembre tenga que dejar su cargo, si es que el Senado ha elegido para entonces los cuatro miembros que le corresponden, todo apunta a que su sustituto será un ex diputado del PP: Andrés Ollero. Es probable que con estos precedentes se caiga en la tentación de “asaltar el cielo judicial”. En cualquier caso siempre es mejor rectificar y no perseverar en el error.
