Rajoy veta el reconocimiento a víctimas de la ultraderecha y la policía en la Transición

El Pleno del Tribunal Constitucional, que preside el exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, paralizó el sábado, a petición del Gobierno, la aplicación de la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas de la ultraderecha y la violencia policial en esta comunidad autónoma. La norma fue aprobada por el Parlamento de Navarra el 10 de abril pasado y habría servido de precedente para el reconocimiento de numerosas víctimas durante la Transición, algo que el actual presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha considerado insoportable e improcedente, y ha cortado de raíz con el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el pasado 5 de enero.

En su resolución, publicada el sábado pasado en el BOE, el TC admite el “recurso promovido por el Presidente del Gobierno” y hace constar que acepta la petición de Rajoy de “suspender la vigencia y la aplicación de la ley impugnada”. Aunque muchos de los casos de violencia policial y de la ultraderecha quedaron impunes en los tribunales, el PP ha interpretado la norma como la implantación de una 'justicia paralela'. La ley anulada de hecho por el TC fue aprobada con la única oposición del PP-UPN y supuso la comparecencia en un parlamento, por primera vez en democracia, de familiares y testigos de las víctimas tales como José Luis Cano, Germán Rodríguez, Mikel Arregi y Mikel Zabalza. La norma extendía el reconocimiento a Ángel Berrueta, José Miguel Etxeberría Naparra y Gladys del Estal.

José Luis Cano, de 28 años, murió a causa del disparo de un policía cuando participaba en una manifestación en Pamplona. El exalcalde de Ansoáin por el PSN-PSOE y testigo directo de su muerte, Alfredo García, dijo en el Parlamento de Navarra que “para reparar la historia y sembrar concordia hay que reconocer a aquellos que no debieron caer, sean de un lado o de otro”, y pidió a los grupos parlamentarios que “hagan un esfuerzo para sembrar la semilla de la concordia y del diálogo”. Recordó que “entonces se estaba celebrando la semana por la amnistía y ya había habido cinco muertos en el País Vasco. Y en Pamplona, por desgracia, tocó el sexto muerto”.

Según su testimonio, aquella tarde del 13 de mayo de 1977, un grupo de gente se estaba concentrando en la esquina de la bajada Javier con la calle San Agustín, gritando “Amnistía” y “policía asesina”, cuando apareció la policía armada. Los manifestantes lanzaron piedras y la policía disparó pelotas de goma. “Cano tiró una piedra, giro medio cuerpo y se metió en un bar, pero en la misma puerta lo cogieron, lo aporrearon, le dieron patadas y demás, un policía le dio con la pistola en la cabeza, con tan mala fortuna que se le disparó o disparó a propósito”.

García intervino en aquel momento y le dijo a los grises que “no había derecho a lo que estaban haciendo. A uno le dije que yo era más autoridad que él, que era alcalde, y se quedó pálido”. Cuarenta y ocho horas después publicó en un periódico el testimonio de lo ocurrido. “Fue un fiel relato que nadie ha podido desmentir, pero a raíz de mis declaraciones sufrí graves amenazas de muerte por grupos de la extrema derecha”.

La muerte de Germán Rodríguez, de 27 años de edad, hijo de un conocido médico analista pamplonica, se produjo en las inmediaciones de la plaza de toros el 9 de julio de 1978 a consecuencia de un balazo en la cabeza. Un grupo de mozos exhibió en el ruedo una pancarta pidiendo amnistía y libertad para los detenidos. Fueron abucheados y recibieron una lluvia de almohadillas desde el tendido de sombra. Se inició un enfrentamiento y, de inmediato, irrumpió la policía armada, disparando pelotas de goma y botes de humo indiscriminadamente. Aprovechando la confusión, un individuo armado disparó contra Rodríguez en las inmediaciones del coso pamplonés.

Mikel Arregi era, según la descripción de su hermana Txaro, un joven sencillo, honesto y emprendedor, aficionado al fútbol, al que le gustaba trabajar en proyectos para el pueblo y que en 1979 decidió, junto con otros jóvenes del pueblo, formar candidatura popular y salieron elegidos. Sin embargo, poco tiempo le dejaron desarrollar sus proyectos en el Ayuntamiento, porque la madrugada del 11 de noviembre de 1979, cuando se dirigía de Ciordia a Lacunza con cuatro amigos, a la altura del cuartel de Etxarri Aranatz, el coche en el que viajaban fue tiroteado por la Guardia Civil. Arregi resultó herido de muerte y murió en el camino al hospital. La versión oficial de que se habían saltado un control era absolutamente falsa. Según contó Txaro Arregi, su madre, que estaba muy delicada de salud, “murió literalmente ese día, no quiso vivir más, no lo superó”.

Gladys del Estal murió de un disparo a quemarropa de un guardia civil el 3 de junio de 1979. Era hija de vascos exiliados en Venezuela, tenía 23 años, participaba en una concentración popular organizada en Tudela para protestar contra el Plan Energético Nacional y solicitar la paralización de la central nuclear de Lemóniz. Aunque el acto estaba autorizado y discurría en paz, la policía nacional cargó contra los manifestantes. Entonces un grupo de jóvenes realizó una sentada a la salida del puente sobre el Ebro. Intervino la Guardia Civil para desalojarlos. Un guardia se acercó a Gladys y, según los testigos, le dirigió un comentario obsceno. La joven le respondió con un insulto y el guardia le asestó un golpe brutal en los riñones con la culata del fusil. Ella cayó al suelo y cuando trataba de incorporarse, el guardia le disparó un tiro en la nuca que salió por la nariz. La justicia, la Audiencia de Pamplona en este caso, solo apreció “imprudencia temeraria” e impuso prisión menor (18 meses). El agente, José Martínez Salas, ni pisó la cárcel. En 1992 fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar por el gobierno de Felipe González.

En el libro La transición sangrienta (Península, 2010), Mariano Sánchez Soler explica que el terrorismo de extrema izquierda y de extrema derecha, la guerra sucia y la represión se cobraron 591 víctimas entre 1975 y 1983. La Transición no fue precisamente ese pacifico periodo idílico de diálogo, cordialidad y entendimiento que algunos políticos del pasado insisten en mostrarnos --lo que no quita mérito al acierto de sus protagonistas políticos en comparación con otros poderosos elementos: banqueros, jueces, terratenientes, empresarios...--, sino también un tiempo de terrible represión a sangre y fuego, en el que la violencia política de origen institucional, como la califica Sánchez Soler, insistió en expresarse, con un saldo de 188 asesinatos. “Fueron actos para sembrar el terror y mantener el orden público”, dice el periodista y literato Sánchez Soler. “Al estudiante Arturo Ruiz, por ejemplo, lo mataron los guerrilleros de Cristo Rey, un grupo de ultras de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Eran lo que entonces llamaban grupos incontrolados”.

La Audiencia Nacional limitó el alcance político de aquellos crímenes de la utraderecha al considerándolos “grupos no adscritos”, un burdo ardid, pues adscritos sí estaban y aparecieran vinculados a organizaciones con nombres, siglas y objetivos, desde Fuerza Nueva a Falange Española, pasando por la Hermandad de la Guardia de Franco y otras con fuerte penetración en los cuerpos policiales, el Ejército, los empleados y funcionarios de prisiones y el mismo sistema judicial por el que la transición pasó como el sol por el cristal: sin romperlo ni mancharlo. Vale recordar, por ejemplo, que en la democratización de la policía fueron más relevantes los esfuerzos y las denuncias públicas de torturas y malos tratos de los dirigentes de la Unión Sindical de Policía (USP), con Modesto García y el ya fallecido José Manuel Sánchez García que muchos cambios de uniformes y organigramas cupulares. Para aquel puñado de policías con temple democrático no había medallas, ascensos ni recompensas. Pero eso es otra historia.

El tardío reconocimiento y las compensaciones a las víctimas de los crímenes de ETA y del Grapo, principalmente, continúa en cambio vedado y vetado a las víctimas de la ultraderecha y de la Policía y la Guardia Civil franquistas más de 35 años después, ahora por decisión del gobierno del PP y del garante e intérprete de la Constitución, el TC.