Solicitar la nacionalidad ya le puede costar más de la mitad del salario mínimo a un inmigrante
El Gobierno ha decidido sablear con mayor delicadeza a los inmigrantes. Para ello implantará el sistema de pago de las tasas con tarjeta de crédito o de débito. De este modo agilizará los trámites en las oficinas del Registro Civil sin necesidad de ampliar la plantilla de empleados y, por otra parte, podrá tener acceso a los datos sobre la situación económica de quienes solicitan la nacionalidad española cuando las autoridades gubernativas lo estimen necesario para preservar la seguridad frente al crimen organizado y el terrorismo.
Estas novedades se derivan de la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil que desde el jueves, 15 de octubre, impone una tasa de 100 euros sólo por la recepción del impreso y los documentos acreditativos del derecho a solicitar la nacionalidad. Este trámite y los que se derivan de la aceptación de la solicitud eran gratuitos hasta ayer. Miles de personas han acudido a las oficinas del Registro Civil en los últimos días para intentar librarse del tasazo. Las largas esperas, en algunos casos de más de 30 horas, y las colas kilométricas a las puertas del Registro en las principales ciudades han sido la penúltima expresión de la imprevisión y la displicencia gubernamental hacia las personas inmigrantes.
Con todo, antes de que el arzobispo de la larga cola púrpura, Antonio Cañizares, profiriera la invitación a sus cristianos seguidores a preguntarse si los inmigrantes y los refugiados son “trigo limpio”, el Gobierno de Mariano Rajoy Brey ya había adoptado la piadosa disposición de sablearles sin sufrimiento, esperas ni aglomeraciones, mediante el uso de las tecnologías digitales. Ya no tendrán que guardar turno para recoger los impresos, ir al banco, ingresar la tasa y volver a esperar para entregar el justificante y los documentos, sino que los Registros Civiles dispondrán de terminales para que puedan pagar con tarjeta, como en las gasolineras.
En enero pasado, cuando se tramitó la reforma del Registro Civil y, finalmente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, renunció a privatizar el servicio en favor de los registradores, como había decidido su antecesor Alberto Ruiz Gallardón y aprobado el Gobierno en la ley de medidas de impulso a la economía, la solicitud de nacionalidad iba a tener una tasa de 75 euros. Se entendía que era pago por el conjunto del trámite y se admitía que los 11,25 millones de euros de ingresos por las 150.000 solicitudes que, según el propio Catalá, se registran cada año, cubrían el gasto de la práctica papelística.
En la práctica, los 75 euros han pasado a ser 100, y la tasa única ha incubado otras en los seis meses transcurridos desde la aprobación de la ley hasta su entrada en vigor, de modo que el importe total puede superar los 300 euros. Al pago previo de 100 euros para que el Registro acepte la solicitud se añaden 30 por la convalidación de los documentos del país de nacimiento (partida de nacimiento y certificado de antecedentes penales). Y otros 85 para realizar el “examen de españolidad”, un test de 25 preguntas sobre conocimientos constitucionales, políticos, sociales y culturales. Si el solicitante no fuera de un país de habla hispana, aunque lleve más de 10 años de residencia legal continuada en España, como exige la regla general de la ley, tendrá que pagar otra tasa de 121 euros para examinarse de castellano en el Instituto Cervantes. Total, 336 euros, 56.000 antiguas pesetas, la mitad del salario mínimo interprofesional de un trabajador.
Los solicitantes de habla hispana se ahorran la tasa y el trámite lingüístico, y aunque tendrán que pasar el examen de integración, los que proceden de los países de Iberoamérica, de Guinea Ecuatorial y de Andorra tienen derecho a solicitar la nacionalidad a partir de los dos años de residencia en España. Si han nacido en España o están bajo tutela en nuestro país (una fórmula que incluye los vientres de alquiler en Estados Unidos) o son hijos o nietos de españoles, tienen derecho a la nacionalidad a partir del primer año de residencia. A los refugiados se les exigen cinco años como mínimo.
La reforma reconoce el derecho a la nacionalidad española a los descendientes de los sefarditas expulsados por los Reyes Católicos hace más de cinco siglos. Esto permitirá a la mayoría de los mil y poco solicitantes hasta ahora obtener la nacionalidad europea automáticamente. Por el contrario, los saharauis abandonados en la antigua provincia española hace ahora cuarenta años siguen sufriendo una “discriminación injusta e incomprensible”, según denuncia el diputado de ERC Joan Tardá, máxime si se tiene en cuenta que la falta de reconocimiento de la administración saharaui les impide validar sus documentos y dificulta la adopción de la nacionalidad incluso con diez años de residencia en nuestro país.
