El gobierno congela las becas mientras la pobreza expulsa a 70.000 universitarios de las aulas

Unos setenta mil estudiantes se han visto obligados a abandonar la universidad por motivos económicos desde que el PP llegó al Gobierno. Se trata de una cifra equivalente a las poblaciones de El Ferrol o Ciudad Real y, según los datos de las organizaciones sindicales y el último informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), La Universidad en Cifras, 2013-2014, presentado en julio, es atribuible al incremento de las tasas y a la reducción de la cuantía de las becas y ayudas al estudio. Sólo en el presente ejercicio se han reducido en 50 millones de euros en relación con el curso pasado. Pero no hay que desanimarse: el “presupuesto social” del Gobierno para 2016 congela, o sea que no sigue bajando como hasta ahora, la cantidad destinada a becas: 1.400 millones de euros.

Mientras el ministro Cristobal Montoro decía fechas atrás que no conocía más fuente del derecho que el ahorro (en referencia a la reducción del déficit público), lo que sólo escandalizó al jurista Emilio Olabarría, la diputada del Bloque Nacionalista Balego (BNG), Rosana Pérez Fernández, formulaba al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, Iñigo Méndez de Vigo, una batería de preguntas encaminadas a conocer si su deseo de mantenerse en el cargo después de las próximas elecciones generales guarda relación con algún plan de mejora de la política miserable de su antecesor, el nuevo embajador ante la OCDE, José Ignacio Wert.

Las preguntas sobre la exclusión económica de decenas de miles de jóvenes de la enseñanza superior se fundamentan en el demoledor informe de la CRUE, según el cual, España es el cuarto país de la UE en carestía de los estudios universitarios y ha caído a la mitad de la media de la OCDE en becas y ayudas al estudio. La contabilidad realizada año tras año desde 2012 por el portavoz socialista de Educación, Mario Bedera, arroja un saldo negativo de 270 millones de euros en becas. El informe de los rectores indica que en 2014 las ayudas universitarias se situaban al nivel de 2004.

Así pues, a la pérdida del empleo de miles de trabajadores, las reducciones salariales y los nuevos contratos basura que predominan tras la reforma laboral del PP, se añade la exclusión o el castigo educativo de los hijos de las familias trabajadoras más golpeadas por la crisis del capital. Las tasas universitarias (datos de la CRUE) han aumentado hasta colocarse en un promedio de 1.257 euros por curso, solo por debajo de Reino Unido (4.409 euros), Irlanda (2.500) e Italia (1.300). El coste mínimo del grado de cuatro años se cifra en 5.000 euros y el del máster en 2.000 más. Mientras la beca media se sitúa en 2.562 euros, las matrículas oscilan entre 700 y 2.500 euros, en función de la Comunidad Autónoma y los estudios de que se trate.

La cuestión principal que, entre otras muchas, formula la diputada del BNG al nuevo ministro Méndez es “¿qué disposición tiene el Gobierno a aumentar el presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio en la Universidad? ¿No cree que actualmente es raquítico y escaso? ¿Va a aumentarlo hasta situarlo en la media de los países de la OCDE, un 0,3% del PIB?” Ese porcentaje equivaldría a algo más de 3.000 millones de euros en 2016.

El ministro, que ya tiene las preguntas de la diputada Pérez y de otros parlamentarios sobre su mesa, no necesita meditar mucho la respuesta. El hacendista Montoro ya ha respondido por él, consignando en la partida presupuestaria de becas y ayudas al estudio la cantidad de 1.470 millones de euros para los tres niveles educativos, es decir, un aumento de 2,11 millones respecto a los 1.467,89 de este año.

Ese exiguo incremento –la mitad del porcentaje del 3% de crecimiento del PIB- contrasta con la consabida (y habitual) buena voluntad del nuevo titular de Educación, quien además de afirmar que le gustaría seguir en el cargo la próxima legislatura y de recordar que al menos él es profesor universitario, manifestó a mediados de julio, en su primera comparecencia parlamentaria, el deseo de “atraer el talento” de los jóvenes a la universidad a nivel nacional y europeo.

La verdad es que las previsiones presupuestarias, más que atraer, espantan y seguirán expulsando estudiantes por la baja cuantía de las becas --aunque con la reducción de las rentas familiares un 6% haya aumentado el número de becados-- e impidiendo el acceso de miles de jóvenes. No hace falta repetir el dicho de Antonio Machado sobre la confusión entre valor y precio, sólo sería menester que el hacendista Montoro y su superior Mariano Rajoy entendieran que el ahorro no es fuente del derecho sino de pérdida incalculable cuando se trata de Educación y que el gasto y la inversión son un caudal de beneficio neto.

Siguiendo con los parámetros económicos, no por anunciar 900 millones suplementarios de fondos europeos y presupuestarios para formación profesional y ocupacional en 2016 el “programa nacional de reformas” remitido a Bruselas mejora el trato a la educación pública. Por el contrario, le siguen quitando recursos, y si hace seis meses la colocaban en el 3,9% del PIB, en el documento definitivo la han reducido en silencio, sin jalear la burricie porque quedaría feo, al 3,7% hasta 2018.