Susana Díaz negocia 'in extremis' con el PP para cerrar su investidura antes de las municipales

Daniel Cela *

Actualización del 8-5-15 con el rechazo de la investidura en la segunda votación.

SEVILLA.– Tras la fallida sesión de investidura del pasado martes en el Parlamento, la situación política en Andalucía parece haber llegado a un punto muerto: la socialista Susana Díaz, la única candidata que ha presentado un programa para ser presidenta de la Junta, no logra la confianza de ningún partido de la oposición para formar gobierno. Ninguno se fía de ella. Pero a la vez, ninguno de ellos ha presentado un candidato ni un proyecto político alternativo. “Actúan como el perro del hortelano. Ni gobiernan ni dejan gobernar. Y, cada día que pasa, las instituciones están bloqueadas”, se lamentó Díaz, después de que el Parlamento le negara la confianza para ser investida presidenta, con los 47 votos a favor de los socialistas, y los 62 en contra de PP, Podemos, Ciudadanos e IU. La votación de mañana, en segunda ronda, arrojará previsiblemente el mismo resultado, convirtiendo el bloqueo del gobierno andaluz en un arma arrojadiza de la campaña electoral para las municipales del 24 de mayo, que arranca esta medianoche.

[Tal y como se preveía, el Parlamento andaluz rechazó este viernes la investidura de Susana Díaz con el mismo resultado que el martes: 62 votos en contra de PP, Podemos, Ciudadanos e IU, y 47 a favor, del PSOE. La tercera votación se celebrará el 14 de mayo]

Susana Díaz carece de una mayoría suficiente para formar gobierno en solitario, y para tratar de convencer a sus adversarios de que se abstengan en la segunda votación de este viernes facilitándole el paso, ha presentado un programa político con 24 leyes y 135 medidas que combina propuestas económicas de la derecha con iniciativas sociales de la izquierda. Su discurso de investidura mezcla la reforma fiscal y varias políticas económicas del PP y de Ciudadanos –la rebaja de dos puntos en el IRPF o la reducción del impuesto de sociedades– con medidas contra los desahucios, la reducción de altos cargos en la Administración y el “rescate ciudadano” que incluye el programa de Podemos, además de leyes que el PSOE ya pactó con IU en la legislatura anterior, como la ley de Participación Ciudadana o la de Renta Básica, que se quedaron sin ejecutar debido al adelanto electoral. Pero las cuatro formaciones, desde perspectivas ideológicas muy distintas, se han negado de plano a desbloquear la investidura alegando una desconfianza visceral en la socialista. Todos le han afeado “que nunca cumple sus promesas”, que “sólo aporta palabras, pero no hechos”, “que el PSOE ha gobernado durante 33 años y no ha tenido visión política” para ver ni corregir los problemas socioeconómicos que hoy afectan a Andalucía, con más de un millón de parados, y “que 16 de las 24 leyes que promete ahora ya estaban comprometidas en el pacto PSOE-IU que decidió fulminar para convocar elecciones”.

Así las cosas, Susana Díaz se someterá este viernes a la segunda votación de investidura sin visos de que ésta prospere, porque en las últimas 48 horas ha perdido el apoyo más próximo que tenía, el de Ciudadanos, y ha visto cómo Podemos se enroca en una posición de rechazo más sólida. Desde las pasadas elecciones autonómicas del 22 de marzo, la socialista ha negociado preferentemente con estos dos partidos emergentes, los dos únicos que le pusieron condiciones concretas para facilitar su nombramiento como presidenta en segunda vuelta. Sin embargo, la sesión del martes en el Parlamento sirvió para alejar aún más las posturas, cuando el PSOE, con un optimismo estratégico, ya daba por hecho el nombramiento de Díaz gracias a la abstención de Podemos (15 diputados) y Ciudadanos (nueve).

El partido naranja ha negociado con el PSOE sobre un pacto anticorrupción que incluía, entre otros puntos, que ningún imputado por delitos políticos ocuparía un cargo público. Su portavoz, Juan Marín, anunció que ese acuerdo allanaba el terreno para la abstención, pero en el último minuto, el dirigente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, corrigió la hoja de ruta y endureció las condiciones del acuerdo, asegurando que antes de abstenerse, el expresidente andaluz Manuel Chaves debía entregar su acta de diputado. La firma del pacto anticorrupción entre PSOE y Ciudadanos iba a tener lugar hoy en un acto solemne, pero los socialistas no han aceptado el 'ultimátum' de Rivera, y se han negado a firmarlo hasta que Díaz sea investida presidenta. Igualmente, el debate del martes entre Susana Díaz y la dirigente de Podemos, Teresa Rodríguez, sirvió para enfrentarlas más de lo que ya lo estaban. Podemos exige dos condiciones: que la Junta rompa con los bancos que permiten desahucios y que cese a la gran mayoría de cargos de confianza de la administración nombrados a dedo, para sustituirlos por funcionarios. La socialista ha aceptado imponer cláusulas sociales a los bancos y ofrece una reducción del 10% de los altos cargos, pero se niega a aceptar el todo que le exige Podemos. En el primer caso, alega un informe de la Consejería de Hacienda que sostiene que la Junta carece de razones legales para justificar la retirada de sus cuentas corrientes de bancos que permiten desahucios, informe que Podemos no se cree. En el segundo caso, la Junta ha sido incapaz de cuantificar el número de cargos nombrados a dedo que hay en la administración, y sin esa cifra sobre la mesa, el partido morado no acepta el recorte del 10%. “¿Cuántos son ese 10%? ¿Cuántos hay?”, se repite Rodríguez.

Acuerdo 'in extremis'

En las últimas horas, el portazo de Ciudadanos y de Podemos ha obligado a Susana Díaz a buscar apoyo en el PP, el principal partido de la oposición, con el que la socialista se juró que nunca pactaría. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, convocó ayer a su homólogo popular, Carlos Rojas, para intentar cerrar un acuerdo in extremis. El PP le ha entregado un documento con 146 propuestas sobre recuperación económica, transparencia, educación, salud, etc, pero fuentes populares ven “muy difícil y precipitado” que acepten abstenerse en la votación de mañana. Hasta ahora, el PP había demostrado un nulo interés por negociar con Díaz la investidura. La única condición concreta que pusieron fue un pacto para que gobernase la lista más votada, pero no sólo en las andaluzas (que ganó el PSOE) sino en las municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. El PSOE cree que sus adversarios, sobre todo Podemos y Ciudadanos, dilatan su apoyo a la investidura andaluza para no condicionar el mapa postelectoral que surgirá tras el 24M, y que revelará quién necesita más a quién en ayuntamientos y comunidades autónomas para gobernar. Incluso el Gobierno de Mariano Rajoy ha terminado admitiendo que prefiere que se convoquen nuevas elecciones en Andalucía a que Díaz forme un gobierno inestable y débil.

Si, como todo indica, la socialista no logra la investidura este viernes, el presidente del Parlamento tendrá que convocar tantos plenos como sean necesarios, ya metidos en campaña electoral, hasta que logre desbloquear el nombramiento. Ningún partido lo ve factible antes del 24M. Los 109 diputados irán a votar cada vez que se les convoque a la Cámara, y si el resultado sigue bloqueando las instituciones, ¿quién se desgastará más: la candidata que se presenta y no logra la confianza o el resto de partidos que siguen vetándola, pero no presentan alternativa? El plazo legal es el 30 de junio. Después de ese día, si Díaz no ha logrado ser investida presidenta, tendrá que volver a disolver el Parlamento y convocar elecciones. Ninguna formación contempla ese escenario ahora, pero, de momento, hay pocos indicios de que la situación política andaluza vaya a salir del atolladero en el que se encuentra.

(*) Daniel Cela es periodista.