El Gobierno oculta datos que "son la repera patatera" sobre los defraudadores

El Gobierno protege a los defraudadores y mantendrá en secreto la identidad de los patriotas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, el exvicepresidente económico Rodrigo Rato Figaredo entre ellos. El pulso de la oposición para que se conozcan sus nombres volvió a chocar el martes con la mayoría absoluta del PP en todos los frentes parlamentarios. En la Junta de Portavoces, los conservadores rechazaron en solitario la propuesta de crear una comisión de investigación sobre la amnistía y desestimaron la petición de comparecencia del presidente Mariano Rajoy para informar sobre el caso Rato. Después, en el pleno, votaron en solitario contra la publicación del listado de amnistiados y contra la reprobación del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Hoy la oposición volverá a la carga. Pedro Sánchez, del PSOE, y Alberto Garzón, de IU, interpelarán a Rajoy y a Montoro, respectivamente, sobre los beneficios a Rato y el daño a los ciudadanos honrados. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se negó a hablar del exvicepresidente, pero afirmó que conoce los datos de los defraudadores y "son la repera patatera".

Vaya por delante que los ardides para evitar el estallido del caso Rato comenzaron poco después de que el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, aprovechara una comparecencia del exvicepresidente por el caso Bankia ante el juez Fernando Andreu para preguntarle por unas cuentas en el extranjero. La investigación judicial seguía el rastro de los 16,5 millones de euros que Rato, como presidente de Bankia, había pagado a la firma Lazard en concepto de "asesoría jurídica" para la salida a bolsa de la entidad. Rato cobró 6,2 millones de Lazard, de la que había sido presidente senior desde que dimitió como director gerente del FMI hasta que fue nombrado presidente de Caja Madrid y después de Bankia. Los pagos de Lazard se realizaron en Suiza en abril de 2011, coincidiendo con el primer contrato de asesoría.

Las pesquisas de Luzón alarmaron a Rato que, sin embargo, aseguró que esa cantidad la cobró por su trabajo y por el valor de sus acciones en Lazard. Poco después, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aumentó la carga de trabajo de Luzón, nombrándole coordinador de la secretaría de la Fiscalía General. Madrigal, que en su examen formal en el Parlamento, antes de ser designada, aseguró que delinquir no iba a ser rentable y que no habría "zonas de penumbra" en las que los corruptos se pudiesen agazapar, "premió" a Luzón pero no se atrevió a quitarle de enmedio. Es el fiscal más veterano de la Fiscalía Anticorrupción.

Tras la constatación por parte de la Fiscalía de que Rato se había acogido a la amnistía fiscal y podía ser uno de los 705 individuos investigados por blanqueo de capital de origen ilícito o delictivo --el director de la Agencia Tributaria elevó ayer a 715 los investigados--, el escándalo político era ya imparable, con un fuerte impacto negativo para el Gobierno y el PP. Los movimientos en el entramado societario de Rato llevaron a los inspectores fiscales del caso a solicitar y obtener del juzgado de guardia de Madrid la entrada y registro de los domicilios de Rato y de al menos dos despachos de abogados para impedir un supuesto alzamiento de bienes y otras operaciones del exvicepresidente económico.

La oposición pidió la comparecencia inmediata del ministro Montoro. Pero éste, que no dudó en comparecer y explayarse sobre el caso Pujol, envió al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien después de elogiar a los funcionarios de la Agencia y ponerse medallas por la denodada lucha contra el fraude (37.674 millones de euros desde 2012), se escudó en la gran tarea de obligar a declarar los bienes en el extranjero (Modelo 720) pero se negó a hablar de Rato y de la amnistía fiscal. Con todo, aportó datos interesantes: más de 200.000 españoles han declarado 124.500 millones en activos en el exterior; más de 200 tienen en Suiza "casi 20.000 millones de euros, 4.800 millones en cuentas y el resto en activos financieros". En Andorra se han declarado 4.000 millones de euros y en Gibraltar 260. El listado contiene datos de 200 países, dijo.

De la comparecencia de Menéndez ni siquiera salió la confirmación de que Rato haya sido investigado por blanqueo o figure entre los 715 con indicios de dinero delictivo. Los expedientes se envían al Servicio Ejecutivo sobre el blanqueo, el Seblac, que los devuelve a la Oficina Nacional de Intervención contra el Fraude (ONIF) con la información que se le solicita, se limitó a decir Menéndez. El socialista Pedro Saura le acusó de realizar "un papelón" en defensa de su jefe Montoro e insistió en que la amnistía fiscal se diseñó "para los amigos del PP, algunos dirigentes y varios delincuentes". Pero solo cuando el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le apretó las clavijas sobre el derecho a la información en una sociedad democrática, afirmó que los datos de morosos y defraudadores son "la repera, la repera patatera". También quiso dejar claro que él no era director de la Agencia cuando se decretó la amnistía. Cierto. Ese cargo lo ocupaba Beatriz Viana, que había sido jefa del gabinete del vicepresidente Rato. Viana dimitió a raíz del fiasco de los datos falsos sobre las propiedades de la infanta Cristina de Borbón para intoxicar al juez Castro, pero enseguida fue incorporada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mientras Menéndez invocaba el ADN de todo inspector tributario, la confidencialidad, y justificaba la inmediatez y el registro por sorpresa de los domicilios de Rato entre los 1.822 que se han realizado recientemente, la mayoría del PP rechazaba la posibilidad de crear una comisión investigadora que, según previene el artículo 95 de la Ley Tributaria, permitiría a la Agencia y, en consecuencia, al Gobierno, la entrega de los datos de defraudadores amnistiados. Pero está claro que el Gobierno prefiere protegerlos mientras el hacendista Montoro todavía alardea de que hayan aflorado 40.000 millones de euros al módico tipo del 3%.