De la cima a la sima

Rodrigo Rato cayó ayer definitivamente por el tobogán de la desgracia. Su detención por los agentes de Vigilancia Aduanera mientras registraban su casa y su despacho en el barrio de Salamanca de Madrid provocó una enorme sorpresa y mucha espectación. También "una gran tristeza" en algunos correligionarios del PP, donde llegó a ser considerado "un valor seguro" al que apelar ante la rigidez y falta de carisma de Mariano Rajoy. Pero el propio Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, "aventajado alumno" de Rato en materia fiscal, no dan puntadas sin hilo y saben que el arresto momentáneo de Rato les carga de credibilidad electoral en la lucha contra el fraude y la corrupción y, sobre todo, les permitirá poner sobre el tapete las cartas que guardan en la manga contra personajes de otro color político.

La trayectoria política de Rodrigo Rato Figaredo, de 66 años, fue una historia de éxitos con algunos episodios de corrupción como el chiringuito de fraude fiscal de Gescartera que presidía la hermana de su director general de tributos, Enrique Jiménez Reina. Rato reinó en las finanzas como vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar desde 1996 hasta 2004. En ese tiempo, Aznar, el vicepresidente primero Francisco Álvarez Cascos y él mismo colocaron a sus amigos y compañeros de pupitre al frente de las grandes empresas públicas rentables que inmediatamente privatizaron. Una tras otra fueron vendiendo Telefónica, Iberia, Tabacalera, Indra, Campsa y hasta las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. Tanto daba si eran monopolios, empresas estratégicas para la defensa o si competían como una mas en el libre mercado. Lo importante era hacer caja, reducir el déficit y cumplir el programa de convergencia para estar en el euro. Con ese argumento superior arroparon las famosas "stock options", los precios de saldo y los pillajes para forrarse sin que la oposición del PSOE que encabezaba el romo Joaquín Almunia ejerciera su función de control.

En aquel contexto de la segunda mitad de los años noventa Rato Figaredo era el rey del mambo. El segundo hijo de las rancias familias franquistas asturianas de toda la vida, los Rato y los Figaredo, que tenían una banca para sus negocios, el Banco Siero, con sucursal en Suiza, recibía elogios del president catalán Jordi Pujol, del presidente del Santander, Emilio Botín, y, por supuesto, de sus correligionarios de la vieja Alianza Popular y el nuevo PP. No en vano, con Aznar, Cascos, Rajoy, Javier Arenas y Federido Trillo, entre otros, habían conseguido arrumbar a los viejos gestores del partido y renovar la organización. "Aznar manda, pero el que sabe es Rato", dicen que dijo Pujol sobre él. Era, en definitiva, "un valor seguro" de la derecha. Y puesto que Aznar había anunciado que no permanecería más de dos legislaturas en La Moncloa, se perfilaba como el más firme candidato a sucederle en la presidencia del Gobierno. El propio Aznar contó en un libro de memorias que le ofreció la sucesión dos veces y Rato le contestó que no. Y que cuando Rato por fin le dijo que estaba dispuesto a ser candidato, ya era tarde.

Quiere decirse que Rajoy, un tipo de despacho, de la cocina del partido, más simple que una hortaliza, pero con una imagen de eficiencia consistente en dejar las cosas como estaban en los ministerios por los que pasó (Administraciones Públicas, Educación, Interior y vicepresidencia primera en sustitución de Cascos, que fue a Fomento a ganar dinero y que todavía hoy no ha declarado renta, bienes y patrimonio en el Parlamento Asturiano del que forma parte), le había ganado la partida. El de Pontevedra contaba además con la complacencia del patrón Manuel Fraga. Aunque Aznar no había desvelado su decisión y podía maniobrar, dos factores pesaron contra Rato. Uno era personal: se había divorciado de Gele (Ángeles Alarcó), algo que su amiga, la puritana Ana Botella no le podía perdonar. Y otro fue el distanciamiento de Aznar a raíz de su decisión de apoyar la guerra de Irak. Rato no estaba de acuerdo con la invasión. Tan es así que algunos subordinados suyos negociaban con la administración de Sadan Hussein la concesión de pozos de petróleo a Repsol en la zona de Nasiriya, sudeste de Irak, mientras Aznar ya preparaba la guerra con sus colegas Bush y Blair.

Cuando, en junio de 2004, de nuevo en la oposición, abandonó su escaño de diputado por Madrid para hacerse cargo de su extraordinario destino como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), algunos periodistas le dijeron que el PP le pediría que regresase para ponerse al frente de la organización, y él les contestó que no lo creía porque "cuando uno se va, enseguida se olvidan de él". Su dimisión antes de que finalizara el mandato y del estallido de la crisis finanaciera internacional en el segundo semestre de 2007 hizo temer a Rajoy lo peor, pero Rato enseguida le tranquilizó diciendo que no volvía a la política sino a ganar dinero. Y así fue. Rajoy perdió en 2008, pero Rato no movió un dedo por volver a la política. Tenía algunas deudas y favores que cobrar y a ello se dedicó en los consejos de Telefónica, el Santander y en la presidencia de la banca privada de inversión Lazard, a la que ya en 2011, como presidente de Bankia, encargó por 16,4 millones de euros la "asesoría financiera" para la salida a Bolsa. Ese año, Rato cobró de Lazard 6,2 millones de euros. Esa y otras cantidades cuyo importe se desconoce habrían sido depositadas en cuentas opacas a nombre de sociedades creadas en Londres y domicliadas en Giblatar y las Islas Vírgenes.

La amnistía fiscal de Montoro permitió a Rato regularizar sus cuentas en el extranjero, según declaró en octubre pasado ante el juez de la Audiencia Nacional del caso Bankia, Fernando Andreu. Los indicios de que los fondos regularizados procedían de operaciones ilegales llevaron a la Fiscalía a solicitar aclaraciones a Hacienda y obligaron a incluirle en la lista de 705 personas físicas y jurídicas que están siendo investigadas por los servicios antiblanqueo del Banco de España, el Seblac. Ante el riesgo de que el máximo responsable de la quiebra de Bankia junto con su antecesor, Miguel Blesa, eliminase pruebas y colocara su patrimonio a nombre de terceros, la Fiscalía actuó rápidamente y solicitó al juzgado de guardia de Madrid la detención y el registro de su domicilio y su despacho así como el de dos gabinetes de abogados --uno en Madrid y otro en Sotogrande (Cádiz)-- de los que era cliente.

La oposición ha exigido a Montoro que comparezca en el Parlamento y aclare los beneficios de la amnistía fiscal a Rato. Y el PSOE ha vuelto a solicitar al Gobierno que publique los nombres y datos de las 32.000 personas y sociedades beneficiadas con la amnistía. Pero el titular de Hacienda se resiste. El artículo 95 de la Ley General Tributaria prohibe desvelar esos datos, si bien la reforma que aprobará el próximo Consejo de Ministros permitirá divulgar la lista de deudores a Hacienda y las sentencias por fraude. Ayer Montoro se curaba en salud antes incluso de que Rato fuera detenido, diciendo desde la tribuna del Congreso que "la Agencia Tributaria, las Aduanas y el servicio de prevención contra el blanqueo trabajan con independencia y no les preocupa lo más mínimo ni el nombre ni los apellidos de los afectados". Y añadía este aviso a navegantes: "El respeto a la ley está por encima de compañeros y rivales, de amigos y enemigos. Y quien no lo entienda es que prefiere cerrar los ojos a la realidad".