El PP saca adelante en solitario la ley mordaza y la cadena perpetua

Actualización a las 19:30 con el resultado de las votaciones

La mayoría absoluta del PP ha ratificado este jueves por 181 votos frente a 138 y 2 abstenciones el nuevo Código Penal con la cadena perpetua o el ahí te pudras para los terroristas y violadores. También ha ratificado por 181 votos a favor contra 140 de la oposición y una abstención la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que legaliza las devoluciones en caliente de los inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, sin preguntarles siquiera quienes son, de donde vienen y quién les ha dado permiso para existir. Estamos ante las dos penúltimas leyes orgánicas de la derecha reaccionaria: el Código Penal del PP y la ley mordaza, con multas administrativas de hasta 600.000 euros contra quienes organicen protestas ante lo que llaman infraestructuras estratégicas, por ejemplo, las centrales nucleares amortizadas, obsoletas y riesgosas.

La reforma del Código Penal promovida por el PP con el exministro Alberto Ruiz Gallardón como máximo mentor introduce la cadena perpetua bajo el eufemismo de "prisión permanente revisable" para los delitos de terrorismo que provocaren una víctima mortal y para los asesinatos alevosos y violación de menores. La reforma evita concretar el plazo de revisión de la pena, aunque no será inferior a veinte años de prisión. La incertidumbre del reo convierte la cadena perpetua en una pena inhumana, contraria al artículo 24 de la Constitución. Así lo entienden todos los grupos de la oposición, que han denunciado el "populismo penal" del PP y han rechazado esta reforma, máxime cuando la legislación actual ya permite mantener 40 años entre rejas a violadores y terroristas.

Los principios generales de preservación de los derechos humanos y de rechazo a la cadena perpetua han sido burlados, sin embargo, por los dirigentes del PSOE, al admitir los planteamientos del PP bajo el denominado "pacto antiyihadismo" al calor de los atentados de París contra el semanario Charlie Hebdod y la policía francesa. En realidad el PP y el PSOE se limitaron a un  paripé propagandístico, con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez de protagonistas de un acuerdo que textualmente recogía las enmiendas del PP al Código Penal, incluida la reclusión de por vida para los autores de crímenes terrorista.

Cierto es que los socialistas no pudieron evitar que la derecha les colocara entre la espada y la pared o, dicho de otro modo, no podían dejar de firmar contra el terrorismo, y han anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra una cadena perpetua que paradójicamente ratificarán este jueves en el pleno del Congreso. Aunque su credibilidad política sea alta, el valor jurídico de su recurso será bajo y, en todo caso, la cadena perpetua servirá como elemento electoral a una derecha que sin más contribución pública al final de ETA que las manifestaciones contra el Gobierno del PSOE y la acusación al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "traicionar a los muertos" ha decidido envolverse en la vieja bandera de la dureza.

Aparte ese Código Penal, aprobado por primera vez en solitario por un partido político, la nueva ley orgánica de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, complementa la operación jurídica de de eliminar las faltas penales para convertirlas en infracciones administrativas punibles por el Gobierno y solo recurribles judicialmente previo pago de las sanciones y de las elevadas tasas de la jurisdicción contenciosa. Con esta normativa ocurre, por ejemplo, que una falta leve con resultado de muerte, como un accidente de tráfico, se sustrae a la jurisdicción penal y si el damnificado no está de acuerdo con la compensación de las aseguradoras, tendrá que pagar hasta el 50% del importe del daño que reclame para pedir justicia, es decir, un veredicto judicial.

Más allá de la descarada inclinación económica a favor del capital y en detrimento de las personas, la ley mordaza se fundamenta en el concepto de "orden público" y "tranquilidad ciudadana" para castigar administrativamente las protestas contra las injusticias y los abusos del poder económico y político. Los escraches fueron la señal de alerta. La indignación ante el hecho de que las denuncias judiciales de algunos miembros del PP y del Gobierno, incluida la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fueran desestimadas por los jueces, dando prevalencia a la libertad de reunión y expresión, inspiraron la nueva regulación represiva. Con la ley mordaza se quita a los jueces la competencia en materia de seguridad ciudadana y se otorga al Ejecutivo la facultad de juzgar y sancionar a los autores de las protestas contra las políticas del propio Ejecutivo.

En esta dinámica, el legislador, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en este caso, se ha esmerado en la protección de su brazo armado, la Policía y la Guardia Civil en primer lugar, de modo que la información y la transmisión y difusión de las intervenciones represivas de las fuerzas de seguridad serán objeto de sanción antes y por encima del derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución. La tabla de multas, con intención intimidatoria, y la conversión en "agentes de la autoridad" de los vigilantes privados y otros individuos ajenos a la preservación del llamado "orden público", han sido redactadas directamente contra los sindicatos y las organizaciones sociales y parecen emanar de la eutrapélica afirmación fraguista de que la calle es suya. Contra esa ley mordaza --máxima demostración de la debilidad de un Ejecutivo que ha perdido su legitimidad-- y contra las enmiendas senatoriales del PP para expulsar "en caliente" a los inmigrantes sin escucharles siquiera, votará hoy en bloque toda la oposición.