La Justicia española no da la talla en Europa

La Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. Es un preocupante dibujo realizado con los trazos que ofrece el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea correspondiente a 2015, dado a conocer la pasada semana por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, Vera Jourova.

El cuadro de indicadores evalúa a las administraciones judiciales de los miembros de la UE en función de datos facilitados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa y por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Sus resultados son discutidos por la disparidad de las fuentes de información utilizadas y por la dificultad que entraña comparar modelos judiciales no siempre equiparables (lea el documento en su versión original en inglés).

Sin embargo, las conclusiones del estudio europeo no dejan de ser razonables. En el apartado de eficiencia de los sistemas judiciales, España aparece en la zona media de la UE, lastrada por aspectos como la lentitud de sus juzgados y tribunales. El informe recoge, entre otros hitos, los casi 500 días necesarios para cerrar en primera instancia un contencioso-administrativo, marca sólo superada por Croacia, Eslovaquia, Chipre, Grecia y Malta.

En cuanto a la calidad de la Justicia, la española cae a los puestos de cola penalizada por el escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. La Comisión Europea ha detectado la nula conexión telemática entre los distintos órganos judiciales del país, así como entre éstos y los usuarios.

Además, España queda fuera de algunos cuadros comparativos en este apartado porque no ha facilitado datos sobre la política de comunicación de su sistema judicial, cómo están encauzadas las relaciones de los tribunales con los medios de comunicación, el grado de acceso de los ciudadanos a las resoluciones judiciales o si éstas son difundidas por medios telemáticos. Sintomático.

Independencia cuestionada

La imagen de la Justicia española se emborrona sin remedio al abordar la percepción que tienen los ciudadanos de su independencia, ámbito en el que cae al tercer puesto por la cola, empatada con Croacia –una recién llegada a la UE– y sólo superada por Bulgaria y Eslovaquia. Estos datos son aportados por el Foro Económico Mundial (WEF en sus siglas en inglés), más conocido como Foro de Davos. Esta fundación elabora un informe anual sobre la competitividad mundial que incluye un ranking sobre la apreciación ciudadana de la independencia judicial en 144 países, y en el que España ocupa un bochornoso puesto 97.

En el informe de 2014, y en una escala de 1 a 10, los españoles puntuaron con un 3,2 el nivel de independencia del Poder Judicial. Esa nota fue de un 3,7 un año antes, y de un 4 en 2012. Por tanto, la valoración no es fruto de una coyuntura concreta, sino producto de la una tendencia negativa que se prolonga en el tiempo.

En la presentación del Cuadro de Indicadores, la comisaria Jourova dijo no poder explicarse el porqué del deterioro de la imagen de la Justicia española, aunque apuntó una hipótesis que no va desencaminada: “Puede haber varios factores, uno de ellos la falta de comunicación con el público y otro que los procedimientos son tan largos que la gente no confía en el sistema judicial como la vía para obtener justicia”.

Falta de comunicación y lentitud explican la mala imagen de la Justicia española, pero no la desconfianza de los ciudadanos sobre su independencia. Para eso hay que añadir otros factores. Uno de ellos es el convencimiento popular de que en España hay una Justicia para pobres y otra para ricos.

Esta crítica irrita sobremanera a los jueces, que tal vez tengan razón cuando la tildan de injusta. Pero en asuntos de opinión pública, las cosas no son como son, sino como parecen, y a muchos españoles les parece que los tribunales corren mucho cuando persiguen delitos cometidos por ciudadanos anónimos mientras que se eternizan cuando se trata de investigar las corruptelas que se producen en el entorno de los poderes político y económico.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en apenas dos años la duración media de un proceso penal. Es una verdad estadística que no responde a la realidad, pero se acerca a la experiencia que vive cualquier ciudadano que se tropieza con un tribunal penal. Nada que ver, en todo caso, con los diez años que ha tardado la Justicia en investigar los delitos fiscales de Carlos Fabra. Y los 41 imputados en el ‘caso Gürtel’ que tal vez se sienten en el banquillo en 2016 serán juzgados por presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2005. Son sólo dos ejemplos.

Hay otra lectura trasversal. Las ejecuciones hipotecarias se han regido por un procedimiento exprés que permitía practicar un desahucio pocos meses después de que se produjese el impago de la hipoteca. Desde 2007, entre 400.000 y 450.000 deudores han perdido su vivienda porque, víctimas de las crisis, fueron incapaces de hacer frente al crédito con el que la adquirieron. En cambio, los millones de personas que en ese periodo perdieron su empleo por el mismo motivo han visto como el plazo de respuesta judicial a sus demandas ha crecido y ya supera los dos años de demora.

Es cierto que este cuadro es producto de un conjunto de circunstancias ajenas al control del Poder Judicial: una legislación hipotecaria que por dos veces ha sido anulada por el Tribunal de Justicia de la UE, el colapso provocado por la crisis económica, errores en la reasignación de recursos por parte de los responsables autonómicos o del Ministerio de Justicia… pero ese conjunto es el que conforma la mala imagen que los ciudadanos tienen de su Justicia.

Herida abierta

El segundo factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la Justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional.

El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ya ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dos partidos por ahora mayoritarios, PP y PSOE, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir el CGPJ en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados.

Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el actual Gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del CGPJ frente a los crecientes poderes de su presidente. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la Justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia.

¿Simple queja? No, problema serio. Tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Rights International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, la 'difícil situación' de la Justicia española, a la que presentan como víctima de los poderes Ejecutivo y Legislativo por su estrategia de 'erosión' del principio de separación de poderes en España y de "debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional".

La denuncia, que insiste en que el actual modelo de CGPJ “supone un riesgo potencial para la independencia judicial", reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por unos 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de Justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial que debería ser cerrada cuanto antes.