La imputación de Chaves y Griñán divide al PSOE ante la campaña andaluza

La decisión del Tribunal Supremo de citar como imputados a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, padre político y valedor de la actual presidenta, Susana Díaz, por el caso de los EREs se produce en plena precampaña electoral para los comicios autonómicos del 22 de marzo y acentúa las contradicciones y la división interna en el PSOE. A petición de Díaz, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha intervenido en la precampaña y sólo participará en tres mítines en la campaña andaluza. La resolución fue adoptada por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien sentó en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación en las escuchas a los abogados de la trama Gürtel de corrupción del PP y acabó con su carrera como juez.

No por esperada, la decisión judicial dejó de provocar contradicciones. El portavoz en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, manifestó que “los imputados deberán dejar el escaño si son citados a juicio oral”. Pero poco después, desde la sede federal de Ferraz se difundió una rectificación a las palabras del portavoz parlamentario: deberán dejar el escaño si el juez les imputa algún delito cuando comparezcan ante él. Y Hernando no tuvo más remedio que comparecer de nuevo ante la prensa para reconocer que había cometido "un error". Chaves es diputado y Griñán, senador. Con ellos han sido citados los exconsejeros y también parlamentarios estatales aforados Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.

Las citaciones judiciales han sido fijadas entre el 7 y el 21 de abril, es decir, después de las elecciones andaluzas anticipadas por Díaz con el argumento de la falta de entendimiento en el Gobierno de coalición con Izquierda Unida.

Resultaba tan evidente hace tres años, cuando se confeccionaron las listas del PSOE al Congreso de los Diputados, que la colocación de Chaves de número uno por Cádiz guardaba una relación directa, aunque oculta, con la instrucción judicial del caso de los EREs, como que Griñán dejó por el mismo motivo la presidencia andaluza en manos de Díaz después de sumar a IU e impedir el acceso del PP de Javier Arenas al gobierno autonómico. Ambos sabían –y sus exconsejeros imputados, también- que los informes de la Intervención General del Estado en Andalucía les atribuían la responsabilidad ejecutiva e in vigilando de la distribución de los 855 millones de euros de dinero público que la Junta entregó durante diez años a empresas en crisis para sufragar los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.

La casuística del fraude –desde la inclusión de personas ajenas a las plantillas en EREs de empresas hasta las subvenciones sin justificación ni fundamento- era tan extensa y poliédrica que resulta difícil aceptar que Chaves y Griñán, que crearon el sistema y decidían el destino del dinero público en los consejos de gobierno, ignoraran a quién, cuando y por qué se entregaban las ayudas. El propio exconsejero de empleo Viera y algunos otros subordinados han declarado, acaso en defensa propia, que cumplían las instrucciones e informaban a sus superiores. Aunque parezca extraño, en los gobiernos funciona la estructura piramidal. Cierto que desde el vértice argumentan la socorrida prioridad de atender a los primeros escalones de la pirámide de Maslow: el comer, el primun vívere y otras necesidades elementales sin enterarse de más.

Pero volviendo al plano general, la imputación judicial de Chaves y Griñán coloca al secretario general del PSOE, Sánchez, en una mala situación ante las escenas que han de venir. La primera, el debate sobre el estado de la nación, en el que sus promesas de limpieza y regeneración sonarán tan poco creíbles como las del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. Y la segunda, la exigencia de aclarar si defiende o no a los imputados, como ya hizo en su día la presidenta Díaz. Ella ha blindado incluso de la actuación judicial de Alaya a tres parlamentarios andaluces, colocándoles en la diputación permanente de la cámara autonómica para que conserven el fuero y no puedan ser citados por la juez durante la campaña. Díaz ha puesto la mano en el fuego por sus antecesores Chaves y Griñán. Sánchez lo ha evitado. La división interna queda inaugurada a las puertas de la contienda electoral y se suma a la crisis de banderías entre los socialistas de Madrid.

Por su parte, el magistrado Barreiro, que ha anticipado la cita de Chaves y Griñán con independencia del calendario electoral, es el mismo que instruyó en 2011 la causa que sentó en el banquillo al juez Garzón por la trama Gürtel y que finalmente acabó con su expulsión de la carrera judicial. Como se recordará, la imputación de Garzón se debió a unas escuchas que afectaron a conversaciones de los abogados de los cabecillas en prisión. Barreriro tenía permiso a su vez del Poder Judicial para ejercer de profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Autónoma, donde su superior y supervisor era el catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, a la sazón defensor del número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, y acusador de las escuchas en prisión. En el mismo departamento estaba también, aunque no era su supervisor, el catedrático Miguel Bajo, defensor del entonces tesoreso del PP, Luis Bárcenas Gutiérrez.