UPyD denuncia el abuso salarial de los políticos y los tilda de 'élite extractiva'

Con un lenguaje crudo y directo, Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha vuelto a la carga contra los privilegios salariales de los políticos. La formación de Rosa Díez denuncia los abusos salariales de la “clase política” en una proposición de ley en la que plantea nueve escalones retributivos sin que ningún miembro de institución, empresa u organismo público alguno cobre más que el jefe del Gobierno. La proposición excluye al Rey y respeta la facultad de las Cortes Generales de fijar los sueldos de los parlamentarios.

La exposición de motivos redactada por Díez es una pedrada a la testa de los abusones y sinvergüenzas que pueblan la clase política. “No hace falta insistir –dice– en que la política y los políticos se encuentran en la actualidad en uno de los momentos de más baja valoración desde la instauración de la democracia y ello sin duda obedece a la infinidad de casos de corrupción descubiertos, a los numerosos casos de nepotismo y amiguismo y a una falta de cultura de la transparencia que transmiten la sensación de la llamada clase política como una oligarquía privilegiada, eso que ahora llaman 'élites extractivas', que anteponen su propio lucro personal al interés general”.

Para hacerse idea de la importancia cuantitativa de la ordenación salarial, el texto abarca a los 68.462 concejales, 8.116 alcaldes, 1.040 diputados provinciales, 157 consejeros de cabildos insulares, 153 procuradores, apoderados y junteros (de las Juntas Generales Territorios Históricos del País Vasco), 13 consejeros del Consejo General Valle de Arán-Lérida, 1.101 representantes a Concejos de Navarra, 59 consejeros insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y 71 miembros de las entidades locales menores de las Comunidades de Valencia, Extremadura y Andalucía.

A las anteriores cifras hemos de unir los 1.206 parlamentarios autonómicos, 350 diputados nacionales, 200 senadores y todas aquellas personas nombradas directamente por los cargos electos que conforman los gobiernos del Estado (Ministros, Secretarios de Estado, etcétera), las Comunidades Autónomas, las altas magistraturas y organismos estatales y autonómicos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, organismos reguladores y supervisores, etcétera) y de la Administración local, incluidas las más de 1.000 mancomunidades y los más de 3.000 organismos autónomos o entidades de naturaleza pública

UPyD aprovecha los datos aportados por el reciente Portal de la Transparencia para destacar una situación que considera irracional e incomprensible para los ciudadanos debido a las diferencias retributivas de los altos cargos, con independencia de su reprensentatividad y responsabilidad pública. Así, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, exdiputado del PP y excolaborador de Rodrigo Rato, casi triplica con 210.000 euros anuales la remuneración bruta del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que es de 78.185 euros. Sin entrar a considerar que el presidente dispone de 300.000 euros para gastos personales relacionados con su función y representación, es lo cierto que ocupa el puesto 264 de una lista que por otra parte ni siquiera es exhaustiva.

Así por ejemplo en ese portal informativo no figuran las remuneraciones de otros cargos políticos que superan la del jefe del Gobierno, como son la de los alcaldes de Barcelona (110.000 euros), Madrid (101.987 euros), Zaragoza (92.000 euros)... Incluso los sueldos de los regidores de ciudades que no son capitales de provincia, como Alcalá de Henares (90.500 euros), Alcobendas (97.000 euros), Las Rozas (86.894 euros), Pozuelo de Alarcón (85.419 euros), Leganés (80.697 euros) y un largo etcétera. Directores de servicios municipales y concejales presidentes de distrito hay en Madrid con unos sueldos de 91.788 euros, superiores al inquilino de la Moncloa. Parecida cantidad perciben los portavoces de la oposición. El fenómeno se repite en las Diputaciones, donde los presidentes de la de Palencia, Vizcaya o Lleida, por citar algunos, cobran más que el jefe del Gobierno.

Una mirada a las retribuciones de los designados para ocupar los poderosos órganos constitucionales permite observar “idénticas disfunciones” en el sentido de que un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) percibe 112.249,60 euros, su presidente 130.152,62 euros, todos los miembros del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas –el mandato de éstos llega a ser de nueve años-, más de 110.000 euros, y los del Consejo de Estado, en el que se incluyen la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el exjefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, más de 80.000 euros, cantidades en todo caso superiores a la del presidente del Ejecutivo. La vicepresidenta percibe 75.000 euros anuales.

Esta realidad chocante con la responsabilidad pública de los altos cargos se debe a las distintas regulaciones acumuladas a lo largo del tiempo por la clase política y requiere, según la proposición de ley articulada por UPyD, “una ordenación coherente y clara” para todos los ciudadanos en el conjunto del Estado. La proposición plantea nueve grupos retributivos. En el vértice de la pirámide sitúa la remuneración fija bruta del jefe del Gobierno, sin que pueda ser superada por miembro alguno de las administraciones ni los organismos públicos (sin citar al Rey y a los presidentes del Legislativo).

En el segundo escalón sitúa a quienes sean designados vicepresidentes de Gobierno, al presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, así como al presidente del Tribunal Constitucional. En el grupo 3 coloca a los ministros, el vicepresidente del Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General del Estado y el Gobernador del Banco de España.

La regulación descendente coloca en el antepenúltimo lugar (grupo 7) a los diputados provinciales, los consejeros de Cabildos y Consejos Insulares y concejales de ciudades de más de 500.000 habitantes, al mismo nivel retributivo que los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España. Para los diputados y senadores contempla la aplicación estricta del reglamento que les exige dedicación absoluta, si bien admite la docencia, la producción literaria, la intervención en medios de comunicación y la administración del patrimonio personal. En este punto, la propuesta coincide con los planteamientos de IU y el resto de fuerzas de Izquierda Plural y con los formulados por la nueva dirección del PSOE.