El PSOE de Sánchez se revuelve contra el de Zapatero por los favores a Florentino

Si quedaba alguna duda de que el PSOE ya no es el mismo, su primer acto político de 2015 (con Pedro Sánchez de vacaciones) ha consistido en presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la “indemnización exprés” de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez por el almacén de gas Castor. El presidente de la constructora ACS (y del Real Madrid), al que ayudaron desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su amigo el ministro de Industria Miguel Sebastián a meter la cabeza en el sector energético, ya se ha embolsado la pasta del fallido almacenamiento de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona, lo que a los socialistas les parece ahora “una injusticia y una desvergüenza” en un país con tres millones de familias sometidas a la “pobreza energética”.

A la puerta del alto Tribunal, el dirigente valenciano y miembro de la Ejecutiva federal socialista, Ximo Puig, pidió a los magistrados presididos por el militante oculto del PP Francisco Pérez de los Cobos Orihuel que tengan a bien “amparar el interés general de los españoles”. “En 30 días –dijo-- se le ha pagado a una empresa 1.350 millones de euros sin intentar saber qué había pasado para que este almacén no pudiera llevarse a cabo”. Su compañero Francesc Vallès, diputado por Tarragona y miembro de la dirección del grupo parlamentario, consideró “una desvergüenza que el Gobierno del PP haya sido capaz de sacarse de la manga 1.350 millones y pagar a tocateja a una empresa, casi sin mirar la factura y con una celeridad inaudita, al mismo tiempo que solo sube un euro las pensiones y tres el salario mínimo”.

El recurso trasladado por el portavoz Antonio Hernando y otros parlamentarios además de los citados, se fundamenta en que la “indemnización exprés” se ha fijado sin transparencia, por real decreto ley, sin que exista motivación suficiente respecto de la urgencia y sin alternativa, lo que repercutirá en el recibo del gas durante los próximos 30 años. Para pedir cuentas al Gobierno han solicitado la comparecencia urgente del titular de Industria, José Manuel Soria, quien ya explicó el rescate el 16 de octubre en el pleno del Congreso, aunque omitió que Florentino fuese a cobrar tan pronto.

El almacén subterráneo de gas licuado Castor merece figurar en el cuadro de honor de los fiascos gubernamentales para el enriquecimiento de unos pocos. Situado a 21 kilómetros de las costas del norte de Castellón y el sur de Tarragona y a 2.000 metros de profundidad, en un antiguo pozo de petróleo, no solo recibió el visto bueno del Gobierno de Zapatero en 2006 (Escal UGS SL, filial de ACS, presentó el proyecto), sino que el Ejecutivo modificó la planificación gasística e impulsó las infraestructuras para que se pudiera incorporar al mercado del suministro energético. Y eso que apostaba por las renovables.

Dos años después, en 2008, el mismo Ejecutivo de Zapatero y Sebastián, el de las bombillas de bajo consumo, autorizaron por decreto la concesión administrativa del Castor. Y al año siguiente, 2009, aprobaron la declaración favorable de impacto ambiental, es decir, sin impacto. Para que no quedara duda, en 2010 el Castor fue declarado “de utilidad pública”. Eran momentos de gran influencia de Florentino, hasta el punto de introducir de la noche a la mañana la famosa enmienda con su nombre a la ley de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas para facilitar el asalto desde ACS a Iberdrola. Por cierto, que la batalla sigue y la enmienda Florentino fue derogada por el PP a los pocos meses de llegar al Gobierno.

Aunque la crisis económica ya evidenciaba en 2010 --como bien recuerda el diputado de ICV Joan Coscubiela apelando a los informes de la Comisión Nacional de la Energía-- que el almacén de gas era innecesario, el Gobierno ignoró la materia. Y luego, el PP en el poder tampoco hizo caso de los estudios del Observatorio del Ebro y del Instituto Geológico y Minero que cuestionaban la seguridad del almacén. Para escuchar las protestas de la Plataforma de defensa de la Xènia mandó a la Guardia Civil. Fue como si Zapatero, cien veces tildado de “inútil” y profusamente motejado por Mariano Rajoy, hubiera acertado en algo: el Castor, acaso por cambiar la demarcación para esquivar el veto medioambiental del gobierno catalán (el tripartito) y facilitar así el negocio a Florentino.

Pese a que no había impacto ambiental alguno, en cuanto empezaron a inyectar el gas, en junio de 2013, comenzaron los movimientos sísmicos en Vinaroz y otras localidades de la costa, aunque no había que alarmarse, ya que según el ministro Soria era “normal” que la tierra temblase con una magnitud inferior a 3 grados en la escala de Richter, así que siguieron metiendo gas hasta el 16 de septiembre. Alarmados no, pero asustados si estaban los vecinos (los turistas huían) porque la tierra temblaba cada vez más y cada día con mayor fuerza. En septiembre se registraron 400 movimientos sísmicos, a 33 por día, y la cosa iba a más, se temía el terremoto. El 25 de septiembre los temblores llegaron a 3,6 grados, dos días después se llegó a 4 y a primeros de octubre se alcanzó 4,2 grados. La “sismicidad inducida” por el almacén de gas ya no se podía negar.

Si el “gas base o colchón”, en términos del ministro Soria, provocaba aquellos terremotos de baja intensidad, a más gas, mayor intensidad. El Gobierno paralizó la inyección gaseosa. A la empresa no le exigió ninguna responsabilidad por el daño ocasionado ni por el que el gas introducido pueda provocar en el futuro, si bien, según dijo el ministro hace dos meses, “la actividad sísmica ha ido disminuyendo y no ha superado los dos grados en la escala Richter desde entonces”. Finalmente Florentino renunció a la concesión en junio pasado.

Pero Florentino y sus lobistas tenían bien amarrado el negocio, pues el decreto de concesión, de 2008, incluía una cláusula que en caso de renuncia antes del vencimiento de la concesión a 25 años contemplaba una compensación por el valor de la inversión, aun cuando hubiese tomado decisiones con negligencia o dolo. El Gobierno recurrió esa clausula del decreto del Gobierno anterior ante el Tribunal Supremo, los magistrados se preguntaron muy extrañados: “¿Qué es esto del Estado contra el Estado?”, lo consideraron kafkiano y fallaron a favor de la clausula, es decir, de la indemnización al grupo Florentino.

Entonces, en octubre pasado, el Gobierno decidió “hibernar” el almacén de gas, pagar a Florentino y que la empresa pública Enagás Transporte se ocupe de cobrar los 1,350,7 millones de euros del rescate a los consumidores en los próximos 30 años. Es la “factura Florentino”. Pero, atención, porque como advierte Joan Coscubiela, “nada excluye que lo mismo que se hiberna, se pueda deshibernar y adjudicar la instalación a otra empresa, incluso del grupo Florentino, por un precio inferior a 1.350,7 millones de euros, lo cual sería más escandaloso”.

¿Qué han hecho los ciudadanos para tener que pagar esto? ¿Qué abuso y qué injusticia y qué desvergüenza es esta que en Castellón se suma al aeropuerto de Fabra y en Madrid a las autopistas de Aguirre? Esto se preguntaban ayer los recurrentes socialistas en la verja del Constitucional, sin mentar siquiera a sus compañeros gobernantes del pasado inmediato, alguno de los cuales, como Miguel Sebastián, todavía buscan papel, sitio e influencia al lado de Pedro Sánchez.