Rajoy descarta forzar el retraso de las generales hasta principios de 2016

Aunque sus expertos de Presidencia siguen buscando resquicios legales para extender como un chicle el mandato electoral de manera que las generales pudieran realizarse a primeros de 2016 y recogiesen el fruto de la presunta mejora económica del país, Mariano Rajoy descarta forzar la ley en beneficio propio. Primero, dicen los suyos, porque es un "auténtico demócrata". Y segundo, porque la medida podría provocar tal rechazo en el final del la legislatura que lo que podría llevarle sería a hacer un pan como unas tortas porque el “follón” político se le volviese en contra y favoreciese finalmente a Podemos y al PSOE.

Según fuentes tanto del Gobierno como del partido y el Grupo Parlamentario Popular, sobre el presidente pesa ya el criterio establecido por las propias Cortes Generales, a partir de la interpretación adoptada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, según la cual los comicios tienen la fecha límite del 20 de diciembre del año que viene. El Centro, que significativamente es un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, y en consecuencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tiene como misión fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional, prestando especial atención a todas aquellas cuestiones relativas al Derecho español y a las instituciones de países iberoamericanos, así como a las relaciones de estos con Europa. Y ya como consecuencia de otros informes reclamados por los anteriores presidentes, especialmente José María Aznar, que es el único que agotó completamente su mandato –tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero adelantaron la celebración de los comicios en mayor o menor medida– estableció un criterio aclaratorio sobre cuándo debe considerarse agotado el mandato en función de cuándo da comienzo.

La polémica se sitúa en lo fijado por la Constitución y en su desarrollo mediante la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Según la Ley Electoral, el presidente tiene que convocar los comicios 25 días antes de la «expiración del mandato de las respectivas Cámaras» y el decreto debe incluir la fecha electoral. Una fecha que ya debe ir fijada para 54 jornadas después porque, como las elecciones se celebraron el 20 de noviembre de 2011, la disolución se fija obligatoriamente para esa misma fecha de 2015. Y, en consecuencia, la fecha límite para las generales debe ser el 20 de diciembre del año que viene.

El artículo 68.6 de la Constitución, más genérica que la Ley Electoral, fija un margen para la cita electoral «entre los 30 días y los 60 días desde la terminación del mandato». Y eso es lo que permite que otros constitucionalistas indiquen que la legislatura nace cuando el presidente es investido. Lo que supondría que las generales podrían celebrarse hasta el 18 de enero o, incluso, según otras interpretaciones de la Constitución, hasta el 20 de febrero, estableciendo la fecha más posible en el domingo previo, el 14 de febrero.

La principal razón por la que Rajoy desearía retrasar los comicios son los Presupuestos Generales para 2016 que deberían prorrogarse si las elecciones se celebran a finales de 2015, ya que no daría tiempo a debatirlos en el Congreso y el Senado porque ambas Cámaras quedarían disueltas desde octubre. Para el Jefe del Ejecutivo, los Presupuestos se convertirían en el mejor “programa electoral” y demostrarían, si las cosas no empeoran imprevisiblemente, que la recuperación avanza y que el sacrificio realizado ha valido la pena, como acostumbra a proclamar últimamente.

Otro elemento fundamental del deseo de retrasar las generales hasta principios de 2016 es que la aprobación de esos Presupuestos, aprovechando la mayoría absoluta del PP en el Congreso, permitiría condicionar por un año la gestión de un hipotético gobierno de izquierdas si, como señalan todas las encuestas, Podemos sigue creciendo. Los conservadores apuestan por un Gobierno de coalición entre el PP y el PSOE al estilo del alemán, pero no descartan que Podemos, unido a Izquierda Unida por una coalición o por fagocitarla, pacte con el PSOE  finalmente un futuro gobierno de izquierdas.

Sin embargo, según las fuentes conservadoras citadas, ni Rajoy ni Sáenz de Santamaría quieren forzar, de momento, una interpretación de la Ley Electoral que sería recurrida al Tribunal Constitucional y podría provocar al final de la legislatura un “follón” político que podría hundir al PP en el momento más inoportuno y a la postre sólo beneficiaría, dicen algunos “populares”, a quienes quieren parar: a Podemos y al PSOE.