Rajoy desprecia las medidas de los expertos contra la corrupción

El debate sobre el combate de la corrupción que tuvo lugar el jueves en el pleno del Congreso de los Diputados se saldó con la proclama del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, de que “España no es un país corrupto”. Faltaría más. A pesar de figurar en octavo lugar en opacidad y corrupción del los 107 países analizados por la organización Transparencia Internacional, y de los imnumerables casos de corrupción política, hasta el punto de constituir la segunda preocupación de los ciudadanos, según las encuestas del CIS (presidencia del Gobierno), España no es un país corrupto. Y para que quede claro, ni una sola de las recomendaciones aportadas por los expertos invitados a la Comisión Constitucional para abordar la materia han sido consideradas por el Ejecutivo para tejer lo que, según el jefe del Gobierno, será una “tupida red para detener la ambición de cualquier aspirante a delincuente”.

Vaya por delante que todos los portavoces parlamentarios se manifestaron con gran énfasis contra la corrupción y que el jefe del Gobierno compareció arrastrado por la oposición después de haber despedido a su minista de Sanidad, Ana Mato, una dirigente del "clan de Valladolid" de José María Aznar al fin y al cabo, muy respaldada por Javier Arenas, a la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, atribuye “lucro a título personal” de la trama Gurtel. El instructor Ruz termina su suplencia en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional el día de Navidad. Su prórroga como instructor de los casos Gurtel y Bárcenas dependerá de la decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien se comprometió el miércoles en el Congreso a impulsar medidas contra la corrupción.

Vaya también por delante la afirmación de Rajoy de que “los españoles quieren un acuerdo” contra la corrupción y “les ofenden las diferencias, les irrita que se convierta en un arma política, les parece estúpido que discutamos si son galgos o podencos cuando la verdad es que son perros” y el hecho de que todos los portavoces coincidieron en que hay que tomar medidas. La nota de color la dejó en los pasillos la diputada castellonense Andrea Fabra cuando dijo que el presidente "ha colocado el listón muy alto". Cierto es que Pedro Sánchez, del PSOE, y Cayo Lara, de Izquierda Plural, hicieron saber a Rajoy que carece de credibilidad, preside un partido impregnado de casos de improbidad y ha competido dopado con grandes dosis de clientelismo y corrupción. Pero a partir de esas prácticas que nunca han restado votos a la derecha nacional, ¿de qué estaban hablando?

El argumento del debate fueron dos proyectos de ley congelados cual langostinos de Pescanova desde febrero pasado.El primero refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos, prohíbe las donaciones de las empresas y las transferencias desde sus diversas y curiosas fundaciones. Algunas de ellas han sido un vehículo de operaciones inconfesables, sin descartar el blanqueo de dinero de procedencia ignota.

A primera vista esa norma parece estupenda. Nadie puede dar más de 50.000 euros a un partido y el que dé más de 25.000 debe figurar en un registro público. Ademas, los bancos no pueden codonar la deuda de los partidos. Su financiación irregular o tangencial será punible en términos administrativos y penales. Solo que cuando se pasa de la teoría a la práctica, ¿alguien se puede creer que los contables del Tribunal de Cuentas en los partidos políticos no van a ser elegidos por estos, máxime cuando el órgano se lo reparten a pachas unos señores y señoras con unos sueldos superiores al del jefe del Gobierno colocados ahí por el PP el PSOE y CiU?

Lo único real es que, ante la previsión de que la nueva ley entre en vigor el año que viene y dificulte e incluso erradique las cajas B, el Presupuesto de 2015 duplica la financiación ordinaria de los partidos políticos, que superará la cantidad de 150 millones de euros. Eso sí, para endurecer esta norma y la de control de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE), hasta el PP aportó el jueves su paquete de enmiendas a las 217 que presentó la oposición. Los altos cargos de la AGE van a tener que publicar sus rentas y patrimonio en el BOE. La medida no es novedosa. Ya la implantó Zapatero. Y por cierto, con tanto éxito que su ministra y vicepresidenta económica Elena Salgado mintió: se olvidó de declarar su palacete en la Costa Azul.

La única diferencia entre la nueva norma de altos cargos y la del anterior Gobierno de PSOE es que ahora no se cumple. Sólo los prebostes nombrados después del verano --el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, entre ellos-- han publicado sus bienes. Se supone que el objetivo es que a la salida o cese en el cargo se retraten para saber si se han enriquecido con el ejercicio del poder. Pero la AGE no es toda, sino, en términos fiscales y presupuestarios, el 50% de la Administración. Y por otra parte todo alto cargo con capacidad de meter la mano en el público erario no es un tonto con un bobo dentro sino que suele disponer de testaferros de plena confianza.

En este punto sería menester la tipificación del “enriquecimiento ilícito”. Así lo recomendó el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico Gómez-Aller, ante la Comisión Constitucional del Congreso. La instauración de esta figura penal ha sido recomendada por Naciones Unidas como una medida eficaz contra la corrupción, si bien varios penalistas entienden que puede ser inconstitucional por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. A cualquier alto cargo, sostiene el profesor Javier Gómez-Lanz, de la Universidad de Comilla-Icade, le puede tocar la lotería. Al expresidente de la Diputación de Cartellón, Carlos Fabra, por ejemplo, le tocó el gordo de Navidad cuatro años seguidos.

Aunque el jefe de Gobierno, Rajoy, anunció la reforma del enjuiciamiento penal para agilizar los casos de corrupción y dijo que habrá 100 plazas más de jueces el año entrante, la realidad es que el presupuesto del aparato judicial para 2015 es 1.475,5 millones de euros, un 12,3% menos que en 2011. Cuando, según Rosa Aguilar, portavoz socialista en materia de Justicia, los tribunales y la fiscalía ven recortados 164 millones de euros y hasta la asociación de Jueces para la Democracia se querella contra el Gobierno por presunta prevaricación objetiva o voluntad manifiesta de impedir la eficacia de la justicia, las reformas procedimentales son flautus vocis. Y en la propaganda falaz cabe incluir el último anuncio del Consejo de Ministros de 282 plazas judiciales, ligándolas a la lucha contra la corrupción, cuando se sabe que no es verdad, que son jueces que ya están en los órganos jurisdiccionales, aunque sin destino fijo.

Algunas medidas recomendadas por los juristas que desfilaron por la Comision Constitucional han sido ignoradas olímpicamente. Una es sencilla y sin coste alguno. Consiste en devolver el carácter obligatorio y vinculante a los informes de los interventores municipales. ¿Cuántas contratas, gastos, subvenciones, recalificaciones y licencias rociadas de corrupción se habrían evitado? ¿Cuál habría sido el ahorro de la probidad? Otra medida elemental consiste en dejar de vulnerar el espiritu de la Constitución con indultos del Ejecutivo a miembros de los poderes ejecutivos locales, provinciales y autonómicos.

Otra es tan sencilla como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción –recogida y propuesta por Izquierda Plural-- y otra, en fin, pasa por la supresión del aforamiento, una medida anunciada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y rechazada por sus colegas de la dirección del PP y del Gobierno con el argumento de que exigiría la reforma de la Constitución. También la supresión de la jurisdicción castrense que convierte a la cúpula militar en juez y parte reclama un ajuste constitucional que, de momento, solo el PSOE está dispuesto a plantear, con independencia de que IU y otras fuerzas de izquierda propugnen un nuevo proceso constituyente ante el descrédito y agotamiento del modelo surgido de la modélica Transición y ante la manifiesta corrupción sistémica.