El ludibrio

Ludibrio, según el diccionario de la Real Academia, es "escarnio, desprecio, mofa". Y precisamente eso es lo que han perpetrado el PP y el PSOE al pactar un control limitado de los viajes de los diputados y senadores que no supone ningún control, sino una tomadura de pelo para los ciudadanos.

Es cierto que esto de los viajes gratis total de parlamentarios, vocales del Consejo del Poder Judicial e integrantes del Tribunal de Cuentas viene de lejos, pero los dieciséis periplos a Canarias cargados al presupuesto del Senado y realizados por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, cuando era senador han incendiado los ánimos de los ciudadanos hartos de tanta corrupción. Porque Monago, que llegó a derramar unas lagrimitas cuando recibió el cerrado apoyo del PP, con Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal a la cabeza, ha  ofrecido cinco versiones diferentes de esos viajes, supuestamente oficiales y de trabajo, pero que en realidad tenían como finalidad visitar a una novia, como ella misma, militante de base del PP, ha reconocido. "Ahora va a resultar que la culpable soy yo", ha declarado Olga María Henao, con cierta ironía, que ha añadido: "Él sabrá si tiene que dimitir".

Y ¿por qué tendría Monago que dimitir? Pues porque primero dijo que los viajes eran oficiales y que por eso los había pagado el Senado; luego que los había pagado él y que presentaría las facturas; luego que devolvería lo gastado, y todavía, con una certificación del Senado, que no certifica nada, ha dado un par de giros más alegando que es el presidente autonómico que menos cobra, cuando en realidad es el cuarto de las 17 autonomías que tiene mejor salario. Una mentira tras otra, que tiene todo el aire de ser una maniobra para salvar la cara frente a su familia, que aparentemente desconocía el affaire canario, y de perpetuarse en el cargo con el incomprensible apoyo de IU de Extremadura, que a pesar de todo, todavía le mantiene en su puesto. Porque lo cierto es que él viajó 16 veces a Canarias (32 vuelos) a costa de los españoles y pagó con la Visa 11 desplazamientos de la señorita Henao (22 vuelos) para encontrarse con él en diferentes localidades de la península. Lo que trató de camuflar como vuelos propios en una patética rueda de prensa en la que enseñó los supuestos comprobantes, pero sin permitir examinarlos y acusando a los periodistas de desconfianza.

El escándalo ha sido tan sonado —máxime cuando Luisa Fernanda Rudí obligó a renunciar a un diputado aragonés que había realizado viajes similares, precisamente por su relación con la misma dama— que los partidos se han visto en la tesitura de anunciar que van a poner fin a esas canonjías.

Las cosas en cuestión de viajes por la cara empezaron a cambiar cuando Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, tuvo que renunciar al cargo, tras haber realizado más de 30 viajes de placer a Marbella y otros destinos turísticos, en fines de semana de cuatro días, con cargo al presupuesto del organismo que presidía.

Tras el bochorno de la dimisión del presidente del Supremo,  el Consejo del Poder Judicial exige ahora  a sus consejeros que en la justificación del viaje hagan constar el destino  y el motivo oficial del mismo. Los privados, ni se mencionan, obviamente porque se los tienen que pagar ellos.  Además, en un ejercicio de transparencia, esos viajes y los gastos correspondientes figuran en la página web del organismo a la vista de cualquier ciudadano.

Como pueden apreciar, nada que ver con el infamante pacto al que han llegado los dos partidos mayoritarios, según el cual, los viajes de cada diputado o senador los autorizarán los grupos parlamentarios a los que pertenezcan y su coste total será publicado cada tres meses, lo que permite aventurar que será un coladero, como ha sido hasta ahora. Ya ven, un ludibrio para la ciudadanía de dos formaciones políticas que tratan de convencer a la sociedad de que hacen todo lo posible para luchar contra la corrupción.

Y del PP podía esperarse una actitud como esa dada la arrogancia inverecunda con que nos ha obsequiado desde su mayoría absoluta, impidiendo a toda costa las interpelaciones contra Rajoy por los asuntos de corrupción que afectan al partido, como la Gürtel o los papeles de Bárcenas. Pero del PSOE, cuyos jóvenes líderes Pedro Sánchez y Susana Díaz se han presentado como los más firmes baluartes contra la corrupción, sorprende que haya accedido a enfangarse en ese pacto. Pero ya ven, cada vez que hacen algo como eso, le proporcionan miles de votos a Podemos.

El caso es que en primero de Derecho ya se estudia que destinar fondos públicos a actividades privadas, es decir, un uso para el que no están previstos, constituye un delito de malversación de caudales públicos, cuya penalidad disminuye si se restituye el dinero gastado.

No parece que Monago esté preocupado por ello, claro que en una resolución cuando menos sorprendente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por 11 votos contra 4, consideró que los gastos de los viajes caribeños de Carlos Dívar no constituían malversación de caudales públicos. Aunque lo que no se entiende es ¿por qué si no había malversación el Tribunal de Cuentas le obligó a devolver el dinero gastado ilícitamente? Otro ludibrio.

Y, hablando de malversación, la Junta de Fiscales de Sala ha respaldado al fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, para que se querelle contra el presidente catalán Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau por el simulacro de referéndum del 9-N.

La cúpula de la carrera fiscal, en contra de los fiscales de Cataluña, ha apreciado la existencia de delito de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. La desobediencia, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional en su auto no hacía una advertencia expresa de la prohibición para Mas o el Gobierno de la Generalitat, parece muy difícil que prospere. No ocurre lo mismo con los otros delitos, especialmente la malversación, cuando se destinaron fondos públicos para otros usos que los previstos y previsiblemente también la prevaricación, aunque sin duda todo queda a criterio de los jueces.

No obstante, me da la impresión de que a igualdad de ludibrios con el dinero de todos, que como decía la ex ministra Carmen Calvo, "no es de nadie", buena parte de la sociedad catalana prefería utilizar los fondos en la consulta que en los viajes gratis total de gran parte de los políticos.