Cataluña: la hora de las urnas

Josep M. Orta *

BARCELONA.– Un marcador luminoso situado en la plaza de Sant Jaume, entre la Generalitat y el Ayuntamiento, indica los días, horas, minutos y segundos que faltan para que se abran las urnas. El PP ha presentado una denuncia al área de Paisaje Urbano por que el cartel no cumple la normativa municipal. El primer teniente alcalde, Joaquim Forn, anunció que se estaba tramitando el expediente y que cuando se resuelva se actuará. O sea, cuando el 9-N haya pasado…

Es un reflejo de la ambigüedad que rodea todo el proceso de la consulta. Desde una triple pregunta esperpéntica cuando lo que en realidad se pregunta es “independencia, sí; independencia, no”, hasta el uso que se hace de las leyes y sus interpretaciones, pasando por el electoralismo de los partidos desbordados por una Asamblea Nacional Catalana (ACN) que cuando toca el pito moviliza a centenares de miles de personas, capacidad de convocatoria que no tiene ningún partido. Lo que hace reflexionar cuando se habla de desafección de la ciudadanía hacia la política. Seguramente sería mucho más riguroso decir hacia la clase política.

Artur Mas promete sacar las urnas a la calle y hacerlo dentro de la legalidad. El Gobierno interpreta que hace una mala lectura de esta legalidad y recurre al Constitucional que suspende preventivamente la consulta. Entonces el president recurre a la astucia y transforma la consulta en una iniciativa ciudadana organizada por una Generalitat que queda en un discreto primer plano. Las protesta a la decisión de los tribunales es inmediatamente replicada con la convocatoria de caceroladas cada día a las diez de la noche y un acto de cierre de campaña en Montjuïc que se prevé masivo. Antes se habrá reunido el Pacto Nacional (que representa a más de tres mil entidades) para respaldar que el domingo se pueda votar.

Madrid responde primero con amenazas, que a medida que se acerca la hora de la votación va modulando hasta aceptar que los ciudadanos voten siempre y cuando las instituciones queden al margen. Es de suponer que es una consigna de tratar –en lo posible- mirar hacia otro lado. Son conscientes que la iniciativa de la consulta está respaldada por más de ochocientos alcaldes que se reunieron el pasado 4 de octubre en el Palau de la Generalitat avalando la consulta, en un acto que acabó coreando de una forma masiva el eslogan de “in, inde, idependencia”. Sólo 18 municipios catalanes de los 950 existentes no han cedido sus locales para que se pueda producir la votación. Las amenazas a los funcionarios que participen como tales en la jornada electoral (especialmente a los directores de centros escolares públicos) parece inviable porque no se puede inhabilitar ni a todos los alcaldes ni a los responsables de los colegios.

Para sortear la legalidad la ACN reclamó voluntarios y en pocas horas se apuntaron más de 40.000. La Generalitat ha gestionado  la utilización de 2.718 locales de votación y 8.130 mesas con 10.800 urnas mientras los Mossos d’Esquadra han movilizado a 6.200 agentes además de tres mil policías locales.

Ahora está por ver la participación que obtiene la consulta. La campaña de movilización ha sido muy intensa pero para que pueda hablarse de éxito diferentes medios fijan la participación a que se supere el millón y medio de votantes y las amenazas, la ruptura –después rehecha- de las fuerzas que promueven la votación puede haber enfriado el ambiente.

¿Por qué se ha llegado hasta aquí?

Para entender el por qué se ha llegado a esta situación hay que remontarse a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en el 2010 tras cuatro años de recursos y movilizaciones por parte del PP. La réplica catalana fue contundente y convocados por el president Montilla salieron más de un millón de personas. Rodríguez Zapatero prometió reformar las leyes para hacer constitucionales los numerosos artículos impugnados. Como su promesa de “aprobaré el Estatut que salga del Parlament”, las palabras se las lleva el viento. Los catalanes consideraron muy grave que un tribunal se impusiera a un textos ratificado en referéndum por los catalanes. Hay que considerar que las encuestas del CIS un año antes afirmaban que el 21% de los catalanes querían un estado propio mientras que el mismo centro demoscópico elevaba este deseo al 46,6% en aquel momento. En medio, multitudinarias manifestaciones cada 11 de Setiembre que eran acogidas por el ya presidente Rajoy con un despreciativo “el país no está para algaradas”.

Artur Mas se presentó a las elecciones del en el 2010 con la promesa de lograr el pacto fiscal  para Cataluña. Cuando se lo planteó al presidente del Gobierno –en el 2012- recibió un sonoro portazo mientras que en las calles catalanas la aspiración programática de CiU se veía superada por la reclamación de romper con Madrid. Convocó elecciones aspirando a lograr la mayoría parlamentaria que le permitiera afrontar este proceso, pero a un sector importante de la población le mereció una mayor credibilidad el pedigrí independentista de ERC que las propuestas del advenedizo y no sólo no logró la mayoría absoluta sino que además perdió 12 escaños.

A partir de este momento Artur Mas buscó desesperadamente una negociación con Madrid para debatir la situación y buscar salidas. La respuesta fue el desprecio acompañado con severos incumplimientos financieros (que figuraban en los presupuestos) con la excusa de que no hay dinero, incumplimiento de lo marcado por el recortado Estatut y provocaciones como las del ministro Wert pretendiendo “españolizar a los catalanes” entre otras lindezas.

Junto a ello las inversiones en infraestructuras en Cataluña cayeron en picado y a la Generalitat le cortaron las alas cada vez que buscaba formas de financiación propias. Rara era la iniciativa del Parlament que no fuera recurrida. Ello, junto con los recortes, propiciaba que los adeptos a la causa independentista se fuera multiplicando. A todo esto hay que sumar también la guerra sucia, aparentemente impulsada por  las estructuras del Estado, y cuyo último episodio lo sufrió la denuncia de El Mundo contra el alcalde de Barcelona por supuestas cuentas en Suiza en una investigación policial que parece bastante chapuza.

Divorcio sociedad-partidos

Mientras la calle no paraba de mostrar su indignación con banderas catalanas en los balcones o gritos de independencia en cualquier acto público, los partidos buscaban beneficios electorales de la situación. ERC, disparada en las encuestas, respaldaba y acosaba a Artur Mas para que radicalizara sus posturas y se desgastara, instándole a que tome medidas más contundentes como la declaración unilateral de independencia o que convoque elecciones plebiscitarias. CiU, que siempre ha reclamado una salida negociada con Madrid, se convertía en el malo de la película entre la clase política y mediática española. Mas quiere agotar la legislatura porque es consciente del revés electoral que sufriría su partido y por ello propone una improbable candidatura única entre las fuerzas secesionistas. Pero una cosa es que cinco partidos reclamen la independencia o como mínimo la consulta (CDC, UDC, ERC, IC i la CUP) y otra muy diferente a la posibilidad de formular un programa común al margen del proyecto secesionista. Además, está por ver si lo que deciden las cúpulas de los partidos lo seguirían sus votantes.

En medio, el PSC (en plena división interna) y un PP en caída libre mientras Ciudadanos trata de aglutinar el descontento de votantes de ambas formaciones. Y para acabarlo de arreglar la irrupción con fuerza en Cataluña de Podemos, aunque este grupo se opone a la secesión de Cataluña sí que defiende el derecho de los catalanes a decidir el futuro.

El domingo parece que podrá haber votación en Cataluña pero no será hasta el lunes cuando se empiecen a ver las consecuencias de esta movilización y se abra una nueva etapa.

(*) Josep M. Orta es periodista.