El PP invoca la Constitución para que un hospital no lleve el nombre de un médico republicano

El médico Alejandro Otero Fernández fue un hombre bueno y un profesor eminente. Catedrático de Medicina, especialista en ginecología y rector de la Universidad de Granada, construyó y dotó el Hospital Clínico Universitario de esta ciudad durante la II República y combatió con la extensión de los servicios de ginecología y obstetricia la mortalidad infantil y las altísimas tasas de muerte de mujeres en los partos que afectaban a la clase trabajadora y a las gentes más humildes de la provincia granadina. Pero como era del ideario socialista democrático de Pablo Iglesias Pose, el PP andaluz rechaza enfáticamente la posibilidad de que el nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud, en Granada, lleve su nombre. E invoca incluso la Constitución para impedirlo.

La propuesta de la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, de que el nuevo hospital granadino, en el que el Servicio Andaluz de Salud ha invertido 66 millones, se llame Alejandro Otero, se fundamenta en el compromiso social de aquel médico,  catedrático de Ginecología, rector de la Universidad y creador del Hospital Clínico. “Fue una persona comprometida con la sanidad pública y un gran impulsor de la asistencia sanitaria en esta tierra”, evoca la consejera Sánchez.

Otero murió en 1953 en el exilio, en México, donde prosiguió su labor y pudo organizar una red sanitaria para ayudar a los más de 10.000 refugiados republicanos españoles que arribaron al país hermano en 1939 y 1940, gracias a la ayuda y a la solidaridad del pueblo mexicano y de su presidente Lázaro Cárdenas.

Pero a la derecha andaluza --ese PP que ahora preside Juan Manuel Moreno Bonilla, un graduado en Protocolo cuando ni siquiera existía ese título oficial, y disciplinado ayudante de Javier Arenas, quien le promocionó como diputado y como secretario general de Servicios Sociales con Ana Mato de ministra-- el nombre del doctor Otero le provoca un rechazo “endemoniado”, según ha podido contrastar la periodista Amina Nasser.

“Es una cacicada y un desprecio a la voluntad de Ganada”, dice el parlamentario andaluz y portavoz de sanidad del PP, Rafael Vicente Valero Rodríguez, quien no duda en apelar a la Constitución de 1978 –la de “la convivencia y la reconciliación”, dijeron-- para reafirmar el rechazo personal y de su partido. “El único objetivo que tiene el PSOE al poner su nombre en la fachada –añade Valero-- es satisfacer sus obsesiones ideológicas de devolver a Granada a principios del siglo XX, como si de nada hubiera servido la Constitución del 78”.

Su correligionario Sebastián Pérez, presidente de la Diputación de Granada, también considera que la memoria del doctor Otero no vale para designar un hospital “porque era un socialista”. Este hombre reprocha al Gobierno andaluz que no haya consultado ni a la Facultad de Medicina ni al Colegio de Médicos ni a la sociedad granadina que, “en ningún caso admitiría el nombre de Otero”, asegura con una suficiencia que lleva a suponer que el PP ha consultado y que su estilo de mando incluye las consultas a los ciudadanos.

Ciertamente el doctor Otero era socialista y republicano, salió elegido concejal para el Ayuntamiento de Granada en las elecciones locales del 13 de abril de 1931 y obtuvo 59.058 votos en las elecciones generales del 26 de junio como diputado por Granada a las Cortes Constituyentes, de las que formó parte hasta las elecciones de 1933. Otros eminentes médicos de ideario democrático, socialista y liberal, firmes partidarios del modelo de Estado republicano, como Gregorio Marañón Posadillo, también fueron elegidos diputados. Marañón era de Jódar (Jaen), tenía un año más que Otero y fue elegido diputado por Zamora con 24.976 votos.

Ni siquiera los franquistas amoldados a la democracia a través de la Alianza Popular y la Coalición Popular de Manuel Fraga Iribarne rechazaron que el nombre de Gregorio Marañón designase el antiguo hospital provincial y hospital universitario a la vez, en Madrid, por cierto, uno de los centros sanitarios públicos mejores de Europa, cuando la entonces consejera madrileña de Sanidad, María Gómez de Mendoza, propuso honrar la memoria del eminente médico e intelectual. Era el año 1987 y Pedro Laín Entralgo, director de la Real Academia, glosó la figura de aquel médico y humanista. Se ha dicho que el fundador de la endocrinología --lo más cercano a un sexólogo que había en España--, el doctor Marañón, fue utilizado por el régimen franquista para lavar un poco su sucia cara ante el mundo. En todo caso, las derechas aceptaron dar su nombre a un hospital, algo que ahora el PP andaluz no acepta para el doctor Otero.

El hombre que en menos tiempo más impulsó la sanidad pública en la provincia de Granada aunque le hubieran nacido en Redondela (Pontevedra), mantuvo hasta el final de la Guerra Civil su compromiso con el ideario democrático y fue también consejero de la Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental. Como tantos rectores, profesores universitarios, científicos, maestros, músicos, periodistas –el granadino Fabián Vidal entre ellos--, escritores, cineastas, editores, intelectuales y trabajadores significados por su defensa de la dignidad y los derechos sociales, se vio obligado a salir al destierro (y al entierro) lejos de España para evitar la represión contra sus personas y sus familias. En todo caso, muchos de ellos fueron expropiados de sus bienes por el nazifascismo triunfante, es decir, el franquismo con corrupción.

Puesto que hablaba idiomas, el ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, le pidió que aceptara el nombramiento de director general de Armamento durante la Guerra Civil para que intentara conseguir de las “potencias democráticas”, Francia y Reino Unido, algunos suministros de armamento a la República, una vez comprobado y denunciado en la Sociedad de Naciones en Ginebra, que Hitler y Mussolini incumplían de un modo descarado el llamado “pacto de no intervención”, suscrito en agosto de 1936. Ni siquiera consiguió que Francia entregara a la República los doce aviones que le había comprado en 1935 el gobierno de la Confederación de Derechas, la Ceda de Gil Robles. Pero aquel cargo y encargo en aquellas circunstancias también le vale al PP para vetar su nombre.